SANTIAGO.- En la última semana se conoció que dos universidades privadas realizaron importantes restructuraciones. Una fue la Universidad Los Leones, que este año no abrió vacantes para matricular a alumnos nuevos en todas sus carreras de pregrado, ya que informaron que están realizando una "reformulación general de su proyecto académico".
El otro caso es la Universidad Central, que redujo sus facultades de nueve a cinco –según explicaron– para mantener la viabilidad del proyecto "en el largo plazo" y optimizar "la calidad de la docencia, gestión, investigación y uso de los recursos". También aludieron a la nueva ley de Educación Superior, que "incorpora exigentes estándares académicos para las universidades", y al nuevo Sistema de Financiamiento Solidario, "que requerirá esfuerzos adicionales" de los planteles.
Estas reestructuraciones ocurren justo cuando se avecinan importantes transformaciones en educación superior, producto de la entrada en vigencia de la nueva ley que implica, entre otras cosas, que –a partir de 2020– se elevarán las exigencias para acreditarse y pasará a ser obligatorio para las instituciones; y se instalará la Superintendencia de Educación Superior –en mayo próximo–, que tendrá mayores facultades para fiscalizar a los planteles, incluyendo el estado de sus finanzas. Esto se suma a las nuevas reglas que trajo la gratuidad.
Ante este escenario, expertos y autoridades del área prevén que en los próximos años más instituciones podrían iniciar procesos de revisión, restructuración e incluso, aquéllas que no sean capaces de adaptarse a estos nuevos estándares, podrían fusionarse o incluso desaparecer.
"Las mayores exigencias que la ley 21.091 impone, entre ellas la obligatoriedad de la acreditación, exigirá que las instituciones no acreditadas deban hacer esfuerzos (...) lo cual puede implicar reestructuraciones y mayores costos que no todas ellas van a poder solventar", señala el jefe de Educación Superior (Divesup) del Ministerio de Educación, Juan Eduardo Vargas. Agrega que "no podemos aventurar cuál será el escenario; sin embargo, dadas las mayores exigencias y costos involucrados, no se puede descartar nuevas reestructuraciones o cierre de admisiones de otras".
Una visión similar tiene el presidente de la
Comisión Nacional de Acreditación (CNA),
Alfonso Muga, quien indica que "la nueva ley de Educación Superior introduce cambios en aseguramiento de la calidad, el principal es la obligatoriedad de la acreditación institucional (...) Como consecuencia de ese requerimiento, en el futuro próximo se espera que sucedan
adecuaciones, reestructuraciones, incluso cierres y fusiones en este ámbito".
Fenómeno se vería por los próximos 6 a 8 años
El académico de la Facultad de Educación UC y experto en Educación Superior, Andrés Bernasconi, reafirma ese escenario. Cree que el nuevo sistema de acreditación, que apunta que será "de vida o muerte"; y la nueva Superintendencia, que fiscalizará de un modo mucho más "estricto" y constante a los planteles, impactará "en las estructuras de las universidades".
"Las nuevas exigencias de calidad requieren un nivel de financiamiento que muchas instituciones pequeñas o precarias no van a lograr alcanzar. Y lo más probable es que instituciones que no sean viables, sobre todo por razones financieras, van a preferir ser absorbidas por otra institución más sólida y otras van a optar por pedir voluntariamente el cierre (...) Muchas instituciones van a desaparecer", señala el también director del Centro Justicia Educacional (CJE).
Dice que este fenómeno se verá, sobre todo, hacia 2020 ó 2021 y por los próximos 6 a 8 años, afectando tanto a universidades como Institutos Profesionales (IP) y Centros de Formación Técnica (CFT), a los que también se les exigirá estar acreditados para poder seguir funcionando.
De todas formas, advierte que también podría haber instituciones que atribuyan los cambios que realicen a la nueva regulación, sin que sea así. "En los años que vienen vamos a ver mucho que las instituciones, para justificar una medida que puede ser impopular internamente, van a atribuirla a los cambios de la ley, sin que sea el caso. Y como no hay mucha gente que domina el contenido de la ley, los directivos de las universidades van a atribuirle a la reforma efectos que no tiene. Eso lo vamos a ver en reestructuraciones, en ajustes de planta académica", señala.
Próximos años serán "de alta incertidumbre"
Por todo lo anterior, Bernasconi prevé que los próximos años serán "de alta incertidumbre" en el sistema de educación superior, lo que, a su juicio, requerirá que las autoridades estén pendientes de lo que ocurre en las instituciones y "mantengan un diálogo bien fluido" con éstas "respecto de cuáles son sus proyectos y qué están empezando a hacer". Afirma que "la falta de información sólo agravará la incertidumbre y ansiedad en estudiantes y académicos".
Sobre este tema, el jefe de Educación Superior del ministerio comenta que ya han oficiado a algunas universidades "para que den a conocer los planes de acción tendientes a alcanzar la sustentabilidad de esas instituciones, los que necesariamente pasan por la obtención de la correspondiente acreditación institucional". También espera que las propias instituciones "informen debidamente a las comunidades académicas sobre los cambios que se realicen".
El presidente de la CNA admite que les preocupa "especialmente la situación de las instituciones no acreditadas, que se verán enfrentadas en forma inminente a un proceso de carácter obligatorio bajo nuevos criterios y estándares". Ante eso, espera que éstas "inicien pronto un entendimiento mayor sobre los mecanismos de aseguramiento de la calidad y la forma en que estos se expresan".
En el Mineduc señalan que están trabajando para que las instituciones "cuenten con un piso mínimo de calidad" y que este año pondrán fondos a disposición de IP y CFT no acreditados para que puedan lograr certificarse.
