Defensa de Fuente-Alba recurre al TC: Acusa vulneraciones por parte de ministra Rutherford

Se le criticó a la magistrada la ausencia de un abogado durante los interrogatorios y que el general (r) fuese "amonestado", según el escrito, cuando quiso guardar silencio.

27 de Marzo de 2019 | 12:29 | Por Tamara Cerna, Emol
Agencia Uno/La Segunda.
SANTIAGO.- Hasta el Tribunal Constitucional (TC) llegó la defensa del ex comandante en Jefe del Ejército, Juan Miguel Fuente-Alba, para acusar a la ministra Romy Rutherford por una serie de supuestas vulneraciones en el caso por fraude en la institución castrense.

A fines de febrero, la magistrada de la Corte Marcial procesó a la máxima autoridad entre 2010 y 2014 por la malversación de $3.500 millones, en el marco de la arista por gastos reservados. Desde ese entonces, se encuentra privado de libertad en el Batallón Militar en Peñalolén.

Ya el 25 de este mes, ingresó al TC el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucional, en la que el abogado Maximiliano Murath solicita revisar la causa debido a la interpretación que se ha dado sobre el uso de ciertos recursos de inteligencia; criticando además los tratos directos que ha tenido la ministra contra el indagado, y el hecho que no permitiera la presencia de una defensa durante los interrogatorios.

El documento


En las 33 páginas ingresadas al TC se manifiesta la necesidad de establecer la magnitud de actividades que pueden realizarse en cuanto a gastos reservados.

Se indica que en el Código Penal no existe una norma que permita esclarecer si dichos fondos fueron utilizados en lo que la ley señala para su uso: esto es labores de inteligencia y seguridad.

Así también -según el escrito- se critica a la magistrada por la ausencia de la defensa de Fuente-Alba en los interrogatorios al que fue sometido el retirado general.

"Para averiguar dichos presuntos ilícitos, el tribunal ha adoptado una serie de diligencias durante toda la tramitación de la presente causa, en las cuales se han tomado declaraciones a diversas personas, en calidad de imputados y testigos, todas ellas con carácter de secretas, todas ellas sin la presencia del abogado del procesado", sostiene el documento.

Y añade: "Queda en evidencia que (…) el juez que instruye la causa cumple una multiplicidad de roles de modo permanente, tomando declaraciones las veces que estime necesaria para la investigación de forma secreta, y excluyendo completamente la defensa letrada por cuanto se verifica sin la presencia siquiera de abogado del defensor, todo lo cual limita en este caso concreto, y de modo contrario a la Constitución, el derecho de mi representado a la tutela judicial efectiva".

$3.500Millones es la cifra por la que fue procesado Fuente-Alba.
Se asegura además que se "amonestó" a Fuente-Alba para que no hiciera uso a su derecho a guardar silencio en un careo con quien fuera ayudante de la Comandancia en jefe y luego en el departamento de protocolo mientras este estuvo en el cargo.

De acuerdo a Murath, el tribunal le manifestó "que él no tenía derecho" de hacer aquello durante la diligencia, lo cual atenta contra "el derecho a guardar silencio de cualquier persona (…) sin importar el tipo de procedimiento que se le aplique".

Ante ello, el litigante informa haber presentado escritos pidiendo que los próximos procedimientos fueran grabados, a lo cual no se accedió.

"Ha existido una transgresión a las garantías constitucionales mínimas del derecho a la tutela judicial efectiva en un debido proceso, independiente del resultado final de la causa", concluyó, citando para ello un fallo de la Corte Interamericana sobre Derechos Humanos (CDHI), donde se deja manifiesto las obligaciones de los jueces.

Futura formalización


Este no es la primera acción que enfrenta al ex mandamás militar y Rutherford. Tras su encausamiento, se interpuso un recurso de amparo acusando malos tratos durante los interrogatorios. La defensa de Fuente-Alba sostuvo que la ministra realizó extensas jornadas, de casi 11 horas, en las cuales no contó con la presencia de su abogado, ni se le ofreció alimentos o agua.

Aquello fue negado tajantemente por la aludida, quien aseguró que las acusaciones "se alejan absolutamente de la veracidad" y que "alegación de una supuesta 'detención ilegal' resulta insostenible". La justicia terminó por rechazar el recurso.

Paralelamente, el fiscal de Alta Complejidad, José Morales Opazo, lleva adelante una causa contra el militar por lavado de activos, y por la cual anunció una próxima formalización.
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