SANTIAGO.- Este mes el Consejo Directivo para la Transparencia (CPLT) ordenó, una vez más, que el Ejército entregue información sobre miembros que están involucrados en presuntos delitos, datos que habían sido denegados tras ser requeridos vía Ley de Transparencia.
En específico, el organismo solicita los antecedentes de tres ex funcionarios del Ejército vinculados en eventuales delitos, entre ellos el ex jefe de la Sección de Pasajes y Fletes del Ejército, Fredis Jara Jara, a quien se le acusa de fraude al fisco. La información no fue entregada aludiendo a que afectaría la privacidad y honra de los ex uniformados.
El presidente del CPLT, Marcelo Drago, afirmó que "es necesario que las instituciones públicas, de cualquier índole, comprendan que por la función de servidores públicos que tiene cualquier funcionario, se encuentra sujeto a un nivel de escrutinio y control social más alto, y esto incluye sus antecedentes profesionales".
En el caso del ex jefe de la Sección de Pasajes y Fletes, fue el propio Fredis Jara quien se negó a la entrega de los antecedentes argumentando que: "la publicación de su hoja de vida afecta la esfera de su vida privada".
Por otro lado, los otros dos uniformados, involucrados en el daño de un memorial de detenidos desaparecidos en 2015, indicaron que "la divulgación afectaría su honra".
Sobre esto, Drago manifestó que "estamos ante información valiosa, que puede incluso ayudar a esclarecer eventuales delitos, por lo que es aún más importante que las instituciones colaboren sin llevar decisiones como ésta a Tribunales. Pese a que hemos ganado casos similares en la Corte de Apelaciones de Santiago, no es el camino que deben seguir las Fuerzas Armadas".
"La crisis de confianza que enfrentan debiera llevarlas a actuar de otra forma, sino se hace muy complejo el cambio que la ciudadanía está esperando", agregó.
