Formalizan a funcionario público que habría inventado atentado contra familia Luchsinger por venganza a su ex pareja

La Fiscalía de La Araucanía evalúa una suspensión condicional de procedimiento en vista de que el sujeto no tiene antecedentes de ningún tipo.

14 de Mayo de 2019 | 14:40 | Por Tamara Cerna, Emol

Imagen referencial.

El Mercurio.
SANTIAGO.- Ante el Juzgado de Garantía de Temuco se formalizó esta tarde la investigación en contra de un funcionario de la Defensoría Penal Pública (DPP) por realizar llamados a Carabineros, haciéndose pasar por un comunero mapuche, alertando atentados que iban a afectar a integrantes de la familia Luschinger y a fiscales de la zona.

Según explicó el persecutor de La Araucanía Cristian Voullieme, lo anterior con la principal intención de "afectar de alguna forma a su ex pareja y a la familia de la misma", ya que tenían un problema respecto el cuidado dado al hijo en común entre ambos.

"Se formalizó por los delitos de obstrucción a la investigación y denuncia calumniosa. Se fijó un plazo de tres meses para la investigación, prohibición de acercarse a las víctimas, que en este caso son los denunciados", informó esta tarde el persecutor.

El caso en cuestión remonta al 16 y 31 de marzo, días en que se recepcionaron dos llamadas telefónicas en la Central de Comunicaciones de Carabineros de Temuco por parte de un hombre que señalaba que determinados individuos estarían organizando un atentado. "Van a matar a uno de los Luchsinger y van a hacer un atentado a un fiscal en Temuco", aseguró a los policías.

El sujeto dio además el detalle y patente del auto en que se trasladarían los supuestos atacantes, siendo esta conducida por un tal "Gerardo" quien tendría un rifle largo con mira telescópica. Así también, indicó que "Gerardo" sería acompañado de su pareja "Adela", y de la "colorina chica", además de otros detalles, como el sector en el que se reunirían para coordinar el plan.

Los antecedentes permitieron individualizar a Gerardo Llanquinao, propietario de la camioneta descrita, a su pareja Adela Parra, y su hermana, de pelo rojo, a Valeria Llanquinao. Esta última, ex pareja del denunciante.

"(La intención de la denuncia era) afectar de alguna forma a su ex pareja y a la familia de la misma toda vez que habrían problema de familia y cuidado de un menor de edad".

Fiscal Cristian Voullieme.
Según señalaron desde el ente persecutor, en los llamados el sujeto fingía ser un agricultor mapuche y utilizó dos números telefónicos de distintas compañías: uno de ellos registrado a nombre de Ariel Alexis Trangol Galindo, quien en su oportunidad fue acusado -y posteriormente absuelto- por incendio en el caso Iglesias, siendo representado por la DPP.

A su vez, añadieron, las llamadas fueron realizadas en el camino a Vilcún "para darle seriedad al relato en concordancia con el sector rural al cual hacía referencia el denunciante" como lugar de la planificación y domicilio de los denunciados.

Durante la investigación, en conjunto con Carabineros y la PDI, se realizaron numerosas diligencias para determinar la existencia de los hechos, incluyendo autorizaciones judiciales para obtener los tráficos de llamados de los números utilizados y para la interceptación de las llamadas de los denunciados; como también para entrar y registrar sus domicilios en busca de armas de fuego.

Producto del trabajo, se estableció policialmente que los hechos materia de la denuncia fueron inventados íntegramente por funcionario público Mauricio Alarcón Vidal, y que las llamadas telefónicas fueron realizadas desde un teléfono de su propiedad al cual insertaba distintos chip de compañías de telefonía diversas.

Suspensión


En vista del caso, el fiscal Voullieme informó además que explorarán una posible suspensión condicional del procedimiento.

"El imputado no tiene antecedentes de ningún tipo, por lo que podría ser beneficiario de de este tipo de salida alternativa. Vamos a coordinar una reunión además con las víctimas para afinar las posibles condiciones que les puedan acomodar también", concluyó.

Por su parte, la causa abierta originalmente contra las personas denunciadas terminó con un sobreseimiento definitivo. Es decir, el cierre de la indagatoria.
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