Defensa de ministro de Rancagua critica informe de Maggi: "No da cuenta de lo que fue la investigación"

El abogado de Marcelo Vásquez, Isidro Solís, también pidió documentación para analizar si es que algunos de los miembros de la Suprema deberían inhabilitarse para ver el caso.

29 de Mayo de 2019 | 15:03 | Por Tamara Cerna, Emol
El Mercurio.
SANTIAGO.- "Obviamente no lo compartimos. Yo creo que ese informe no da cuenta de lo que fue la investigación y su tramitación".

Desde el Palacio de Tribunales, el abogado Isidro Solís, defensa del suspendido ministro de Rancagua Marcelo Vásquez, abordó así el informe entregado esta mañana por la ministra de la Corte Suprema, Rosa María Maggi, en el que formuló una serie de cargos contra los tres jueces indagados y sugirió iniciar su remoción.

Para Solís, sin embargo, las acusaciones son confusas. Dijo no compartir el hecho que la ministra, "al no encontrar asilo dentro de la norma chilena", terminara resolviendo "basándose única y exclusivamente en una convención interamericana de magistrados respecto a lo que son los deberes de los jueces".

También criticó el sobreseimiento dictado contra otras personas que fueron indagas por los mismos hechos: "Creemos que lo mínimo es que a la misma razón tiene que existir la misma disposición. Si esos hechos no son constitutivos de responsabilidad administrativa para terceros, tampoco pueden serlo para nuestro representado".

Nombramiento e integración de sala


Según informó esta mañana el ministro vocero de la Suprema, Lamberto Cisternas, Maggi acusó a Vásquez de haber dictado una resolución para nombrar a su hija en calidad de consejero técnico suplente en un tribunal; además de prestar consejo a un médico con quien tenía una relación de amistad y contra quien se llevaba una investigación.

Así también, el haber modificado, en calidad de presidente de la Corte, la integración de las salas "sin justificación ni motivo legal", participando él en la vista de una causa del caso Caval.

A este último hecho Solís intentó dar explicación, asegurando ser una de "las imputaciones más curiosas que encontramos en esta causa". Esto, ya que, según dijo el litigante, desde hace un par de años la Corte de Rancagua estableció la política de que las salas tienen que estar integradas, por lo menos, por dos ministros titulares y solo un abogado integrante.

"Creemos que lo mínimo es que a la misma razón tiene que existir la misma disposición. Si esos hechos no son constitutivos de responsabilidad administrativa para terceros, tampoco pueden serlo para nuestro representado"

Isidro Solís, abogado de ministro Marcelo Vásquez.
Para cumplir aquello, continuó, Vásquez integró distintas salas de manera extraordinaria en 60 oportunidades en el último año, siendo la que vio Caval una de ellas. "Nos parece, a lo menos, una actitud que no contribuye a informar debidamente cuál han sido la actitud de los ministros de Rancagua", sostuvo.

El abogado también se refirió a la designación de la hija del suspendido ministro, tildando dicha imputación como "contradictoria", ya que la misma Maggi habría señalado que aquello no constituye infracción administrativa: "Por eso sobresee a todo el resto de los funcionarios y ministros de la Corte que participaron en ese tipo de decisiones".

En esa línea, sostuvo que recién en 2018 se incluyeron las inhabilidades para dicho puesto, mientras que el caso en cuestión data de 2017.

Inhabilitación de supremos


Un tema pendiente para el litigante es la situación en que se podrían encontrar algunos ministros del máximo tribunal que, en abril de este año, fueron partidarios de iniciar un proceso de destitución. La propuesta fue desestimada por 9 votos contra 8.

"Acabamos de solicitar copia del acta de Pleno en que la Tercera Sala solicitó la remoción directa de los ministros de Rancagua a efectos de estudiarla y ver qué es lo que corresponde que haga la defensa", anunció.

"Hemos pedido copia de los fundamentos, de las opiniones, para ver si corresponde que esos ministros puedan eventualmente ser inhabilitados por emitir opinión previa. La ley les prohíbe a los jueces emitir opinión previa al conocimiento de una causa", concluyó.

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Magistrados, Soledad Piñeiro también indicó que lo que este caso ha hecho "es transparentar la situación; transparentar que se ha hecho investigación y que existe la posibilidad de la sanción más alta que puede recibir cualquier funcionario de cualquier institución, que es su eventual destitucion".

Señaló además que, "independiente de la gravedad de la petición que ha hecho la ministra", lo que destacan como "indispensable" es la necesidad de modificar algunos sistemas en el Poder Judicial, como el de nombramientos y de responsabilidades.
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