SANTIAGO.- El Ministerio de Justicia dio a conocer este viernes su respuesta al último informe de Amnistía Internacional (AI) sobre el estado de los derechos humanos en Chile, en el cual el organismo realizó un crítico balance junto con impulsar una campaña ciudadana denominada "Piñera nos debe", para exigir el respeto a los DD.HH.
Luego de analizar el documento, desde la cartera señalaron que "nos ha sorprendido su forma de presentación, carente de objetividad y con un marcado sesgo ideológico. Ello, porque como Gobierno, esperamos un tono franco, pero constructivo, tal como han sido los informes anuales tradicionalmente publicados por Amnistía".
"Desde esta perspectiva, este documento sorprende también por su propósito, señalado por Amnistía en su página web,
como una campaña en contra del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, bajo las expresiones "Piñera nos debe" y "Pásale la cuenta", añaden desde la secretaría de Estado.
En ese contexto, enfatizaron que "lo anterior es inaceptable, y no se condice con la lógica del diálogo constructivo al cual el sistema internacional de los DD.HH. ha convocado, por lo que emplazaron al organismo a “llevar adelante un diálogo respetuoso y propositivo".
Asimismo, en cuanto a las críticas incluidas en el documento, desde el Gobierno señalaron que "la opción adoptada en este texto es aún más difícil de comprender, tratándose de un gobierno que ha manifestado su irrestricto compromiso con la defensa, promoción y protección de los derechos humanos".
"En ese sentido, el informe omite deliberadamente los esfuerzos institucionales realizados por el Gobierno de Chile para investigar, sancionar y reparar las violaciones de derechos humanos, indicados por el mismo documento", recalcaron.
La respuesta a los reproches
En la declaración dada a conocer por el ministerio encabezado por Hernán Larraín, respondieron a algunos de los aspectos criticados por Amnistía Internacional, asegurando que su informe "incurre en una confusión conceptual entre estándares de derechos humanos y el mérito de las políticas públicas".
En ese punto, rechazaron que el documento señale que "la decisión del gobierno de no avanzar en el proceso constituyente iniciado, significa en lo inmediato un aumento en la deuda en materia de derechos". A juicio de La Moneda, "esta afirmación confunde el mérito de una política pública, con la eventual infracción de un estándar de DD.HH., lo que es metodológicamente equivocado", dicen.
"Resulta poco riguroso que el tono del informeponga en duda la realidad de nuestros avances como país en materia de DD.HH."
Gobierno de Chile
Asimismo, lamentaron que el informe realice afirmaciones
"genéricas" y "carentes de evidencia", como "acusar al Gobierno de Chile de incrementar, y no disminuir, deudas que el Estado tendría en materia de derechos humanos. Muchos de esos planteamientos no se encuentran sustentados en el informe a partir de evidencia".
Como ejemplo, citan el pasaje del informe en el que Amnistía expresa su preocupación ante posibles "expulsiones colectivas" tras su política migratoria, lo cual a juicio del Gobierno se sustenta en una presentación efectuada por la representante de la Alta Comisionada de Derechos Humanos de la ONU que luego fue rectificada.
"La representante de la Alta Comisionada reconoció ante el Ministerio del Interior que las afirmaciones efectuadas en dicha audiencia no contaban con antecedentes suficientes para concluir que en Chile había expulsiones colectivas, admitiendo además que se habían cometido errores de protocolo en su intervención", subrayaron.
De acuerdo al Ejecutivo, "sin entrar en el análisis de otras afirmaciones genéricas que no aparecen suficientemente justificadas en el informe, resulta claro que la metodología y la exposición de muchas de esas conclusiones es deficitaria y requiere de un mayor rigor científico".
Finalmente, lamentaron que Amnistía no haya incluido los avances del Gobierno en materia de DD.HH. "El informe resulta ser mezquino al momento de reconocer los avances en materia de derechos humanos alcanzados por el gobierno que, en muchos casos, concreta o da continuidad a iniciativas impulsadas por gobiernos anteriores”.
"Asumimos que esta opción fue adoptada debido al propósito del informe. Pese a ello, resulta poco riguroso que el tono del informe ponga en duda la realidad de nuestros avances como país en materia de derechos humanos, desestimándolos y desconociéndolos en su mérito", concluyeron.
