Parlamentarios y prisión preventiva para sospechoso de ataques: "Chile no puede seguir preso del miedo a atentados terroristas"

Senadores y diputados de la comisión de Seguridad Pública del Senado y de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara apoyaron la medida cautelar interpuesta por el 12° Juzgado de Garantía de Santiago a Camilo Gajardo.

10 de Agosto de 2019 | 21:07 | Por Pía Larrondo, Emol
Aton
SANTIAGO.- La noche del viernes, el 12° Juzgado de Garantía de Santiago ordenó prisión preventiva para Camilo Gajardo Escalona (28), indagado como el principal sospechoso de seis atentados con artefactos explosivos. Tras esto, desde ambos sectores políticos respaldaron la decisión tomada por el tribunal.

El senador Víctor Pérez (UDI), integrante de la comisión de Seguridad Pública, indicó a Emol que "es una buena señal que el tribunal haya dictado prisión preventiva porque señala que hay elementos suficientes para considerar que esta persona es un peligro para la sociedad".

Para el parlamentario, Gajardo "tiene una participación en un hecho gravísimo" para la sociedad por lo que la medida cautelar para el presunto responsable es "correcta".

Asimismo, el presidente de la comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, Miguel Ángel Calisto (DC), consignó que la decisión tomada por el juzgado es "importante" para "asegurar el éxito de la investigación y las indagatorias".

"Los hechos investigados son extremadamente graves y han causado alarma pública. Si a ello le sumamos que, según el Ministerio Público, hay información y pruebas contundentes de la participación del imputado, resulta de toda lógica establecer la prisión preventiva, y esperamos que los tribunales tengan el mismo criterio y la misma conclusión", añadió Calisto.

Por su parte, el diputado UDI e integrante de la comisión, Jorge Alessandri, respaldó la decisión tomada por el juez. "Creo que si la ha decidido así es porque tiene las razones suficientes y teme que esta persona pueda o ocultarse, arrancarse o confabular con otras personas que lo hayan ayudado para ocultar información, y eso puede afectar la investigación", expuso a Emol.

Y agregó, "si finalmente esta persona (Gajardo) es condenada, el tiempo en prisión preventiva lo descuentan de la pena, así que esto cumple con el Estado de Derecho, con los Derechos Humanos, con nuestras leyes y, a mi juicio, con la prudencia que debe tener un fiscal y un juez de garantía en casos de delitos terroristas".

Para la también integrante de la comisión, la diputada PPD, Andrea Parra, dejando al margen los cuestionamientos de la Defensoría respecto al proceso de detención del imputado, "la fiscalía pudo acreditar de manera suficiente las pruebas que permitieron el proceso de prisión preventiva".

"Uno entiende que la Defensoría haya tenido sus 'peros', pero nada más que hacer", agregó.

"Esperamos que no se caiga en la impunidad"

Por otro lado, respecto a las penas a las que se podría enfrentar Gajardo tras el proceso judicial, el senador PPD Felipe Harboe, e integrante comisión de Seguridad Pública, espera que el "sistema penal logre probar en juicio su participación y condena".

"Chile no puede seguir preso del miedo a atentados terroristas", añadió el parlamentario.

"Chile no puede seguir preso del miedo a atentados terroristas"

Felipe Harboe, senador PPD
Mientras que Calisto resaltó el papel que podría llegar a tomar la Ley Antiterrorista en el caso. "Estamos frente a un tipo de delito cometido de aquellos que tienen pena aflictiva", sostuvo.

"La bomba dejó heridos, por lo tanto, son varios los delitos, y se debe invocar a la Ley Antiterrorista, por el componente ideológico, la planificación y la acción del delito. Esperamos que existan las pruebas suficientes y no se caiga en la impunidad, tomando en cuenta que desde la entrada en vigencia de la ley hemos conocido excesivamente bajas condenas por esta, lo que claramente es una debilidad estructural de la normativa", explicitó.

Asimismo lo recalcó Parra a Emol, "lo que uno espera de esto es que la investigación, dada la gravedad de los hechos, termine en condenas efectivas. Particularmente porque, además de lo complejo de los hecho, hemos tenido un sistema de inteligencia que ha sido bastante ineficiente respecto de la prevención de estos delitos".

Cabe recordar que el tribunal determinó que el imputado es un "peligro para la sociedad" y estableció un plazo de 150 días para las indagatorias.
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