Congreso aprueba "Consultorio Seguro": hasta 15 años de cárcel arriesgará quien agreda a funcionarios públicos de la salud

Más de 1.100 ataques se registran en los diferentes establecimientos del país, según el Minsal. Se espera que la iniciativa entre en vigencia dentro de las próximas semanas.

19 de Noviembre de 2019 | 17:22 | Redactado por Tomás Molina J., Emol
El Mercurio
Esta tarde el Congreso aprobó el proyecto de ley "Consultorio Seguro", el cual aumenta las sanciones a quienes agredan a funcionarios públicos que ejerzan dentro de un recinto de salud o establecimientos educacionales. Ahora la iniciativa deberá ser promulgada para entrar en vigencia, lo que se espera que sea dentro de las próximas semanas.

"Estamos muy contentos, porque en un breve plazo hemos logrado un acuerdo y eso viene de la mano -tal como se logró la semana pasada- de un acuerdo nacional por la paz y la democracia", sostuvo el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga.

1.100agresiones a funcionarios de la salud se han registrado este 2019.
Seguido de ello, señaló que esta iniciativa "beneficia al 80% de los pacientes que se atienden en la salud pública. Hay que recordar que cuando se agrede a un funcionario de salud se produce un daño no solo a los trabajadores, sino que provocan problemas en la continuidad de la atención".

Según los datos de la cartera, durante este año se han registrado "más de 1.100 agresiones a funcionarios de salud, es decir, cinco diarias en los diferentes establecimientos del país".

"No solo se trata de endurecer las penas a las personas que agreden a los funcionarios de salud, sino también que esto complementa el trabajo que estamos realizando de manera preventiva, como la instalación de cámaras de seguridad, botones de pánico y las conversaciones que hemos sostenido con la Asociación Chilena de Seguridad, la Confusam, el Colegio Médico y Carabineros", recalcó Zúñiga.

Sanciones


La nueva ley, presentada por el diputado Mario Venegas (DC), impondrá a los jefes de los establecimientos públicos, tanto de salud como educacionales, la obligación de denunciar los delitos cometidos al interior de las instituciones. Asimismo, los faculta a adoptar medidas extraordinarias en resguardo de la seguridad, y garantizando el acceso a defensa jurídica de los trabajadores que sean víctimas de agresiones.

La pena para los infractores puede llegar a presidio mayor en su grado medio, o sea, desde 10 años y un día a 15 años. Lo anterior, si es que producto de las lesiones la víctima queda con daño severo que lleve a la pérdida de autonomía.

El texto también señala que el autor podría ser castigado con hasta cinco años de cárcel si es que el agredido, tras el ataque, presenta enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta día. O el infractor podría ser multado o con pena de prestación de servicio en beneficio de la comunidad si es que causa lesiones leves.
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