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La defensa y las críticas a las indicaciones inadmisibles que encienden el debate en la Cámara

En el marco de la discusión del aumento de las pensiones básicas solidarias y del ingreso mínimo, oposición y oficialismo se enfrentaron apelando a la Carta Magna.

07 de Diciembre de 2019 | 07:58 | Por Verónica Marín, Emol
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La presentación de indicaciones consideradas inadmisibles y cuestionadas por el Gobierno se han tomado parte del debate en la Cámara desde que estalló la crisis social. Estas propuestas que incluyen mayor gasto fiscal, atribución que sólo puede ser definida por el Ejecutivo, han ido más allá de la oposición y han salido incluso desde Chile Vamos.

Una de las primeras en cruzar la frontera fue la diputada Ximena Ossandón (RN), quien en el marco del proyecto que aumenta las pensiones básicas solidarias presentó una indicación para que éstas subieran en un 50% para todos los jubilados, sin gradualidad y separación por tramos como lo propuso el Ejecutivo.

Haciéndose parte del asunto, el diputado Matías Walker (DC) advirtió que "lo que pasa es que cuando los propios diputados de Gobierno, como la diputada Ximena Ossandón, presentan una indicación que es inadmisible (...) es difícil pedirle a los diputados de oposición no presenten indicaciones inadmisibles".

"No comparto ni uno ni otro argumento porque ni es desfachatez tomar una decisión política frente a una situación que evidentemente deficitaria, ni tampoco es saltarse a prepósito la Constitución porque la Carta que hoy nos rige no es legítima"

Iván Flóres

En el marco de la misma discusión por pensiones, pero en otra etapa, y también en el debate sobre el ingreso mínimo surgieron dos argumentos al respecto, en voz de los legisladores Alejandra Sepúlveda (FRVS) y Patricio Melero (UDI), que esta semana llamaron la atención.

Al defender la admisibilidad de la indicación de la oposición (DC, FRVS, PS, FA y PC) sobre pensiones, luego de que el presidente de la Cámara, diputado Iván Flores (DC), la declarara inconstitucional, la diputada Sepúlveda apeló a que la actual Carta Magna podría ser pronto modificada.

En ese sentido, señaló ante la Sala que al asumir como parlamentarios todos juraron o prometieron respetar la Constitución, en la que se indica que los legisladores no podrán presentar proyectos que irroguen gasto fiscal -ya que es solo facultad Presidencial- pero "lo que muchos se saltan es que también dice que tenemos que defender los intereses de la nación y esa nación es el pueblo de Chile, son los adultos mayores y los queremos resguardar".

"Frente a todas las complicaciones que tiene el país yo me quedo no con esta Constitución que muchos de nosotros y en la calle está diciendo que no corresponde y queremos transformar", sostuvo.

El diputado de la UDI cuestionó a sus pares opositores argumentando que la indicación responde a una "anarquía constitucional" y los calificó de "desfachatados" por hacer propuestas que escapan de lo que la Carta Fundamental les permite.

Un antecedente al debate es que en el acuerdo por una nueva Constitución, firmados por los presidentes de la mayoría de los partidos con representación parlamentaria, sostiene en el punto número uno que las colectividades que lo suscriben garantizan su compromiso por el respeto de la institucionalidad democrática vigente. Y más adelante -en el punto siete- se recalca que la nueva Carta Fundamental regirá desde su promulgación y en ese momento se derogará la actual.

En todo caso, este marco de entendimiento no fue firmado por la tienda política de la diputada Sepúlveda ni tampoco el Partido Comunista.

"No los comparto"


Haciendo un análisis de lo ocurrido, el presidente de la Cámara, diputado Iván Flores (DC), comentó a Emol que ninguno de los dos argumentos debieron haberse dado, o al menos él no los comparte.

"No comparto ni uno ni otro argumento porque ni es desfachatez tomar una decisión política frente a una situación que evidentemente deficitaria, ni tampoco es saltarse a prepósito la Constitución porque la Carta que hoy nos rige no es legítima", recalcó.

El diputado Flores agregó que a su juicio "ambas opiniones son equivocadas y cambian el propósito del debate que hubo en la Cámara. Yo mismo declaré inadmisible la indicación, por cuanto es lo que legal y formalmente corresponde al presidente de la mesa, no puedo hacer otra cosa porque eso es lo que me obliga la ley. Otra cosa es votar la indicación en donde mi conciencia, mi convicción y mi compromiso con las necesidad de hacer cambios excepcionales en una situación excepcional como la que atraviesa el país, deba ser y eso fue lo que hice".

La emoción frente a lo racional


El analista político Marco Moreno profundizó al respecto explicando que lo dicho por la diputada Sepúlveda "busca conectar con una emoción que está instalada en la opinión pública, que es que se busca que el Gobierno haga acciones para mejorar en temas tan sensibles".

"La política hoy es fundamentalmente emoción y sentimientos, por eso es que la lógica de la razón que plantea el diputado Melero no la defiende bien porque usa un lenguaje poco apropiado. La razón le dice que desde el punto de vista constitucional no sería admisible que los parlamentarios impulsen iniciativas o proyectos que impliquen financiamiento público. Eso lo dice la Constitución, ciertamente", sostuvo el académico de la Universidad Central.

Sin embargo, Moreno recalcó que "evidentemente la Constitución está vigente hoy día y el cambio de la Constitución se va a producir eventualmente en prácticamente dos años más. Entonces mientras tanto siguen operando las actuales reglas del juego".

Constitución


Así analizando que ahora se apele directamente a la actual Carta Fundamental, el académico de la Universidad de Talca, Mauricio Morales, señaló que "ponerse al margen de la Constitución es un acto inaceptable especialmente para un congresista. ¿Con qué criterio los diputados van a llamar a la paz y a condenar los saqueos si ellos mismos están obviando las normas?".

A su juicio "es un pésimo ejemplo y un espectáculo poco digno de un poder tan relevante como el Legislativo. No es razonable argumentar que este tipo de decisiones responden al interés por abolir la actual Constitución".

"Eso es pensar la política como si fuese una actividad realizada en un escenario sin reglas y sin respeto por las autoridades. Esto superó todo límite y sólo alimenta actitudes y conductas que están al margen de la ley. Adicionalmente, da cuenta de la descomposición a la que está llegando nuestra élite de representantes. Una cosa es estar en desacuerdo con la Constitución, y otra muy distinta apelar al saqueo legislativo", enfatizó Morales.
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