"Legitimidad de la fuerza pública. Reflexiones a partir de la crisis de octubre y pandemia", es el título de un nuevo estudio del Instituto de Estudios de la Sociedad (IES) que será presentado mañana miércoles, en el cual se establece la necesidad de hacer reformas para dar un mayor sustento a la acción policial en el control del orden.
En el documento, el investigador Rodrigo Pérez de Arce analizó el contraste que se observó entre la acogida que tuvieron las dos declaraciones de estado de excepción constitucional firmadas por el presidente Sebastián Piñera, en octubre de 2019 y marzo de 2020, lo cual reflejó a su juicio las falencias del sistema en esta materia.
En cuanto al primer caso, el autor recordó que pese a decretar toque de queda tras los atentados en contra de la red de Metro, "los disturbios no solo no se detuvieron, sino que se agudizaron. El despliegue de las FF.AA., temido en el pasado y comúnmente celebrado ante emergencias naturales,
no logró apaciguar el fervor en las calles".
"El toque de queda, eficaz en otras circunstancias, cayó en terreno baldío, dejando a los efectivos de las fuerzas de orden en una delicada situación", añadió, marcando la diferencia con lo visto al inicio de la pandemia del covid-19, donde la recepción a la misma medida "fue completamente distinta".
"Si bien el personal militar no se desplegó con la intensidad de octubre, pareciera que en esta segunda oportunidad la restricción obtuvo una diferente respuesta por parte la ciudadanía. Más allá de su efectividad, este nuevo estado de excepción fue mejor recibido y gozó de mayor legitimidad", advirtió Pérez de Arce.
En ese contexto, señaló que ambas situaciones sugieren "que no basta con ejercer una facultad reconocida por la ley para que las instrucciones de la autoridad pública sean obedecidas (…) el mandato legal por sí solo, incluso provisto de la amenaza de ejercer la violencia en contra de quienes lo desobedezcan, no es suficiente para sostener un orden público pacífico".
"Por este motivo resulta indispensable agregar una dimensión sociológica a la aproximación legal, a fin de comprender qué características hacen que un mandato de este tipo sea acatado. Esta dimensión se refiere, de modo general, a las actitudes que presentan las personas en relación con los mandatos de la autoridad, y cómo adecúan o no su conducta a ellos. Podemos denominar al último concepto precisamente legitimidad", indicó.
Conclusiones
En definitiva, Pérez de Arce planteó que el análisis "revela la crucial importancia de la legitimidad y su construcción para mantener el orden público. Esto, especialmente cuando el gobierno dispone de medidas que requieren un uso mayor de la fuerza y que implican restricciones más intensas de los derechos y sobre la vida cotidiana".
"Ya que este tipo de herramientas son excepcionales, no solo requieren estar establecidas en un cuerpo legal, sino que la autoridad debe ser capaz de justificarlas para ejecutarlas y mantenerlas en el tiempo; una tarea que, junto con referirse a la utilidad de las medidas decretadas, implica mostrar que ellas son necesarias para asegurar ese orden social”, manifestó.
En ese contexto, apuntó que "la dimensión propiamente política del uso de la fuerza es, entonces, indesmentible, y
merece mucha mayor relevancia de la que ha tenido hasta ahora en nuestro debate público".
"Pensar la función policial en estos términos es urgente incluso en momentos críticos como el que vivimos. En particular, las difíciles circunstancias en las que Chile enfrenta la pandemia pueden actuar como catalizadoras del malestar y la violencia que se manifestaron en octubre del año pasado", propuso.
En esa línea, advirtió que "no es imposible pensar que el período pospandemia puede ser un caldo de cultivo para nuevos estallidos, dadas las profundas carencias sociales, sanitarias y económicas que se agravarán con la enfermedad. Corresponde al gobierno y al sistema político abordar el desafío con premura, pues más temprano que tarde la policía uniformada deberá enfrentar contingencias que pongan a prueba nuevamente el uso legítimo de la fuerza”.
"Todo esto supone la centralidad de la política en la construcción de legitimidad para el uso de la fuerza policial (…) ahí es donde nuestro país tiene una enorme deuda en el último tiempo. Urge saldarla, pues ya fuimos testigos de lo que ocurre cuando no existe dicha legitimidad", concluyó.
