Balance del CDE a un año del estallido: 18 querellas por atentados a los DD.HH y 58 por delitos contra bienes públicos

Además, el organismo ha intervenido en 382 acciones constitucionales para impugnar el ejercicio de las atribuciones y facultades de las autoridades u organismos públicos adoptadas para resguardar a la población, con un 98% de "fallos favorables al interés público".

17 de Octubre de 2020 | 15:12 | Redactada por Consuelo Ferrer, Emol
El Mercurio (archivo)
El Consejo de Defensa del Estado realizó un completo balance de sus intervenciones judiciales en el primer aniversario del estallido social ocurrido el pasado 18 de octubre, específicamente en aquellos hechos de carácter penal denunciados en el contexto de las movilizaciones sociales. También informó de destinadas a "ejercer la defensa de las potestades públicas" a través de casi 400 acciones constitucionales interpuestas ante distintas Cortes del país.

En el transcurso del último año, el CDE ha interpuesto 18 querellas criminales en contra de efectivos policiales y militares que, de acuerdo al avance de las investigaciones penales a cargo del Ministerio Público, aparecen como "responsables de graves vulneraciones a los Derechos Humanos denunciadas en el contexto de las movilizaciones". Entre las querellas presentadas se cuentan las interpuestas en contra de los responsables de los apremios contra Fabiola Campillai y Gustavo Gatica, y sus respectivos daños oculares, y los casos de Alex Núñez e Ignacio Grillé, entre otros.

Esto se realizó de acuerdo a las competencias legales que habilitan al organismo a perseguir aquellos delitos cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus funciones. Las querellas fueron interpuestas sobre la base de un sistema de categorización de las denuncias que considera la gravedad de los delitos. "Dicho criterio ha sido el elemento rector de sus acciones en este ámbito, dato que el CDE debe sostener fundadamente a lo largo de todo el proceso judicial la existencia de esos eventuales delito e intervenir en aquellos casos cuya gravedad daña profundamente el interés superior del Estado relativo a la defensa y promoción de los Derechos Humanos", asegura el presidente del CDE, Juan Peribonio.

También se presentaron 58 querellas por delitos cometidos en contra de bienes públicos como monumentos nacionales e infraestructura pública, como la perteneciente al Poder Judicial, recintos militares y comisaría. De ellas, 36 buscan identificar y condenar a quienes han atentado en contra de cuarteles y comisarías y 12 a quienes han dañado monumentos nacionales. En total, 17 se dirigen contra personas individualizadas. Este tipo de acciones busca combatir "el efecto negativo que este tipo de acciones produce en la comunidad" donde se ubican los bienes, que puede ser "una sensación de indefensión e impunidad para los responsables".

Por último, el CDE ha intervenido en 382 acciones constitucionales mediante las cuales ha intentado impugnar el ejercicio de las atribuciones y facultades de las autoridades u organismos públicos adoptadas para resguardar a la población. De ellas, 365 se encuentran finalizadas con "fallos favorables al interés público", lo que se traduce en un 98% de efectividad. Se cuentan 165 acciones rechazadas, 104 declaradas inadmisibles, 89 terminadas sin sentencia y solo 7 recursos acogidos, junto a otros 17 que aún se encuentran en tramitación.

De acuerdo con la materia impugnada, 96 se refieren al uso de armamento no letal u otros similares, 111 a declaraciones de estado de emergencia y toques de queda, 31 deducidos por comercios, negocios o autoridades que solicitaron el resguardo de grupos sociales o de personas no individualizadas que habrían sufrido —o estado expuestas a sufrir— limitaciones en el ejercicio de sus actividades comerciales o daños en sus instalaciones. Otros 135 buscaron impugnar las decisiones de la autoridad adoptadas en el contexto de la filtración de un facsímil de la PSU y otros 9 a recursos de amparo económico, de los cuales 4 ya fueron rechazados.
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