La Contraloría General dio a conocer este jueves un informe sobre una auditoría que realizó al programa "Hospital Digital" implementado por el Ministerio de Salud e impulsado durante el actual Gobierno, en el cual detectó una serie de irregularidades, como compras no justificadas y mal uso de recursos públicos, entre otras.
La revisión realizada por el ente fiscalizador al plan, que fue lanzado en mayo de 2019 por el ex ministro Emilio Santelices y cuyo objetivo es propiciar la atención de médicos a distancia, reveló que la Subsecretaría de Redes Asistenciales no aportó antecedentes de estudios previos sobre los recursos adquiridos para otorgar ese servicio.
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La entidad auditada no aportó antecedentes sobre la realización de algún estudio previo de los recursos tecnológicos disponibles, que permitiese contar con una base de comparación sobre lo que era necesario adquirir para la implementación del Programa Hospital Digital", señalaron en el informe.
En ese contexto, destacaron que la cartera "adquirió 22.055 licencias del software MPI Biometría para la plataforma convergente, a través de la orden de compra ID N° 4127-333-CM17, de 14 de marzo de 2017, por un monto ascendente a $ 3.238.517.828, IVA incluido, a la empresa Importaciones y Exportaciones Tecnodata S.A".
"De ellas, al mes de octubre de 2019, se ocupaban menos de 50, cantidad máxima necesaria para la etapa piloto, razón por la cual no se justifica el volumen de dicha adquisición ni su oportunidad, situación que da cuenta de la falta de un análisis previo para la ejecución de tal adquisición", indicaron.
Cabe destacar que, ante dicha situación, la subsecretaría "inició un sumario administrativo mediante la resolución exenta N° 578, de 2019, de ese origen. Sobre lo anterior, esa repartición deberá remitir dentro de un plazo de 15 días hábiles, contado desde la recepción del presente informe, el expediente de dicho proceso sumarial, con el objeto de que esta Contraloría General continúe con su tramitación".
El organismo también se tomó conocimiento de la orden de compra ID N° 4127-284-CM19, de 5 de marzo de 2019, a través de la cual se solicitó el servicio de definición de plataforma Big Data de largo plazo y estrategia de gobernanza de datos, a la empresa Metric Arts SpA, por un monto de UF 669,24, equivalentes a $ 18.445.472.
Sin embargo, a diciembre de 2019, "el proyecto Big Data se encontraba suspendido -sin que la entidad aportara antecedentes que lo justificara- por lo cual los desembolsos asociados a ese proyecto no se habían concretado en la solución esperada por esa subsecretaría, lo que también da cuenta que la repartición no efectuó estudios previos que justificaran la real necesidad de llevarla a cabo", explicaron.
"La Subsecretaría deberá remitir a esta Entidad de Fiscalización los antecedentes que den respuesta a la falta de implementación del referido proyecto Big Data, en un plazo de 60 días hábiles contado desde la fecha de recepción de este informe final", añadieron.
A juicio de la Contraloría, "ambas situaciones vulneran los principios de control, eficiencia, eficacia e idónea administración de los medios públicos y el debido cumplimiento de la función pública que rigen a los órganos de la Administración del Estado, como también el control jerárquico permanente que debe ejercer toda autoridad o jefatura".
Licitaciones a marcas específicas
El documento también señala que se verificaron dos grandes compras por un total de 3,5 millones de dólares a las empresas Anida Consultores S.A., Teknos Chile S.A. y Synet SpA. Sin embargo, las tres eran representantes HP, CISCO y Microsoft. "El solicitar marcas específicas implicó direccionar sus requerimientos", acusaron.
En ese sentido, detallaron que ello "contraviene lo dispuesto en el artículo 9°, inciso segundo, de la ley N° 18.575, el cual establece que el procedimiento concursal se regirá por los principios de libre concurrencia de los oferentes al llamado administrativo y de igualdad ante las bases que rigen el contrato y lo dispuesto en el dictamen N° 72.044, de 2016, de este origen".
Además, advirtieron "la fragmentación de la compra efectuada a la empresa GETS S.A., por un valor de UF 1.716,00 y UF 1.727,36, pues en un plazo de 40 días emitió cuatro órdenes de compra a través de convenio marco, ID N» 4127-732-CM19, 4127-734-CM19, 4127-973-CM19 y 4127-1026-CM19, cuyos montos oscilaron entre 978 y 986 UTM, lo cual da cuenta de una división de dichas adquisiciones
evitando con ello el proceso de Grandes Compras, dispuesto en el artículo 14 bis del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda -reglamento de la ley N° 19.886".
"Adicionalmente, se transgrede el inciso final del artículo 7° de la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y el artículo 13 del citado decreto N° 250, de 2004, que disponen que la Administración no podrá fragmentar sus contrataciones con el propósito de variar el procedimiento de contratación. Tales situaciones serán incorporadas en el sumario que continuará con su ejecución esta Entidad de Control", recalcaron.
Finalmente, desde el organismo aseguraron que "este informe final será puesto en conocimiento del Ministerio Público para los efectos que en derecho correspondan, atendido lo hechos observados".
