Hasta las 15 horas de ayer, si alguien preguntaba a un analista político o a cualquier dirigente de partido de la oposición, todos coincidían en que una de las principales cartas para quedarse con uno de los cinco escaños para el Senado en la Región Metropolitana era la candidata de Comunes, Karina Oliva.
De acuerdo a distintas encuestas de opinión, la ex abanderada a la gobernación de la zona, que obtuvo a punto de quedarse con el cargo tras ser derrotada por estrecho margen por Claudio Orrego, corría con ventaja tras el notable resultado obtenido en esos comicios, en los cuales alcanzó 704 mil votos.
Con solo la mitad de esos sufragios, Oliva
tenía uno de los cupos que se disputarán este domingo en el bolsillo. Es más, se calculaba que podía ayudar a aumentar la votación de Apruebo Dignidad y empujar así la elección de alguno de sus compañeros de lista, como Guillermo Teillier (PC) o incluso a Sebastián Depolo (RD).
Sin embargo, tras la publicación de Ciper en la que se detalló que en la rendición de cuentas que realizó al Servicio Electoral por los gastos hechos durante la campaña a la gobernación pagó 137 millones de pesos a solo siete colaboradores, todos miembros de su colectividad, todo se derrumbó en cosa de horas.
Apenas se dieron a conocer los datos, comenzó una serie de cuestionamientos tanto internos como externos. La presión obligó a su entorno a elaborar rápidamente una estrategia para salir al paso de los reproches, que apuntaban a cómo una candidata que renegaba de la "vieja política" terminó cayendo en sus mismas prácticas.
Su primera reacción llegó recién tres horas después de que la información hiciera estallar las redes sociales. A través de Twitter, publicó una declaración en la que defendió que todo lo obrado estaba en el marco de la ley, acusando una "utilización política" del artículo periodístico.
"Les comparto declaración por nota publicada hoy que ha generado confusión y molestia.
Estamos siempre disponibles para aclarar lo que sea necesario", sostuvo a través de esa plataforma, adjuntando un texto que dejó aún más dudas y aumentó la presión sobre la candidatura presidencial de su sector, Gabriel Boric.
De hecho, minutos después de eso, el propio abanderado reaccionó señalando que la denuncia "es grave y debe ser aclarada en todas las instancias que corresponda. Nuestro proyecto de cambios se funda precisamente en no repetir las prácticas que desprestigiaron y vaciaron de sentido la política y jamás en defensas corporativas".
Ante la molestia que provocó el tema al interior del Frente Amplio y de su propio partido, Oliva decidió elevar el grado de su esquema de contención de crisis, por lo que le pidió al presidente de Comunes, Jorge Ramírez, quien aparece en la nota como uno de los beneficiarios de los millonarios pagos, a que renunciara a su cargo como gesto.
"Durante estas horas Karina me ha pedido evaluar mi continuidad como presidente de Comunes y luego de conversar con miembros de la dirección he decido presentar mi renuncia, la que he comunicado formalmente también al jefe de campaña de Gabriel (Boric)", dijo el dirigente.
Estrategia fallida
Sin embargo, la señal de Ramírez no apagó el incendio. Es más, en su propio partido comenzó una verdadera rebelión de militantes, que comenzaron a exigir mayores responsabilidades políticas, no solo de la directiva, sino que de la propia Oliva, a quien acusaron de ir en contra de todo lo que representa la colectividad.
Así las cosas, la candidata a la Cámara Alta decidió enfrentar las críticas y activar una agresiva agenda de medios durante la mañana de este lunes, programando varias entrevistas en medios radiales y televisivos para explicar la situación. Sin embargo, el impacto de sus intervenciones terminó siendo contraproducente.
En varios de esos espacios, la abanderada
se mostró complicada a la hora de explicar los millonarios sueldos. Defendió la legalidad de los pagos e incluso en algún pasaje llegó a criticar a candidatos incumbentes que a diferencia suya estaban haciendo campaña y recibían un sueldo, repasando de esa forma al propio Boric.
Todo ello derivó en un verdadero efecto dominó para sus aspiraciones. Pasadas las 10 de la mañana, el frente estudiantil de Comunes le quitó el apoyo a su candidatura, lo cual fue seguido por otras instancias de la colectividad: "Los hechos denunciados no representan la construcción que hemos llevado como militancia", dijeron.
Una hora después, la directiva de la tienda, ya sin Ramírez en la testera, decidió dejar en "libertad de acción" a sus militantes de cara a la senatorial, lo cual fue seguido por sus socios de Convergencia Social, que fueron un paso más allá: "Hacemos un llamado a nuestra militancia y adherentes a no apoyar la candidatura de Karina Oliva", dijeron.
En tanto, desde Revolución Democrática, aseguraron que "las declaraciones entregadas por Karina Oliva y Jorge Ramírez a los medios de comunicación esta mañana no aportan al esclarecimiento de esta acusación. Por el contrario, atentan de manera sustantiva contra los estándares éticos y de probidad que hemos impulsado".
"Desde RD creemos en los proyectos colectivos, transformadores, y que buscan reconstruir las confianzas en la política. No estamos disponibles para avalar malas prácticas, cuestionables desde el punto de vista ético y legal, que no buscan el beneficio común", aseguraron, sumándose al repudio.
El golpe de gracia lo dio Boric, quien también restó su apoyo a Oliva. "A mí me parece que lo que han hecho el resto de los partidos de Apruebo Dignidad de llamar a votar por las otras candidaturas, es lo correcto. Hoy día una persona que está cuestionada de esta manera no cuenta con mi apoyo", recalcó.
Finalmente, hace una hora, su propio partido informó sobre una resolución extraordinaria donde indican que, tras una denuncia de las diputadas Claudia Mix y Camila Rojas ante el Tribunal Supremo de la colectividad, se suspendió la militancia Oliva y Rodríguez, más la de los otros seis involucrados en el caso.
