Un grupo de víctimas de delincuencia presentó una iniciativa popular de norma constitucional a la Convención.
Hasta el frontis de la sede del ex Congreso Nacional, donde funciona la Convención Constitucional, llegaron familiares y víctimas de delincuencia para presentar una iniciativa popular de norma que garantice el derecho a la seguridad ciudadana.
Entre los adherentes a la propuesta está Raúl Moya, padre de Tamara Moya, la niña de cinco años que fue asesinada en febrero en un intento de encerrona; Dahianna Pereira, viuda del cabo Eugenio Naín, y Carlos Siri, dueño de la Fuente Alemana que sufrió vandalismo durante el estallido social, entre otros.
Los mocionantes impulsan una campaña llamada
"Primero las víctimas", que busca reunir las 15.000 firmas necesarias hasta la primera semana de febrero para que la iniciativa de norma logre ser tramitada por la comisión temática correspondiente.
En ese marco, Raúl Moya aseguró que veía con "preocupación" que el órgano constituyente no hubiera abordado la problemática de la seguridad en alguno de sus espacios.
"Incluso la Convención ha hablado acerca de cambiar normas que beneficiarían a los delincuentes o personas privadas de libertad. Pero no han hecho eso con quienes hemos sido víctimas. No han hablado de temas de cómo podrían hacer un aporte para que constitucionalmente queden garantizados los derechos de las personas que llevamos una vida común y corriente, que cada día vivimos con el temor de sufrir algún atentado con nuestra vida e integridad física", dijo Moya.
El detalle de la norma
La propuesta establece el derecho a la seguridad ciudadana y que "todas las personas tienen derecho a vivir libres de las amenazas que genera la violencia y de todos aquellos actos que revistan el carácter de delito conforme a la ley".
Además, estipula que "las personas podrán ejercer la acción de amparo frente a cualquier privación, perturbación o amenaza de su derecho a la seguridad ciudadana".
En ese sentido, el texto consagra el deber del Estado de garantizar la seguridad ciudadana a través de los órganos encargados de ello regulados por ley, "frente a situaciones que constituyan privación, perturbación o amenaza para la integridad física y psíquica de las personas, sus bienes, el disfrute de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes".
También contempla la responsabilidad estatal de resarcir los daños y perjuicios que experimenten los afectados, que sean consecuencia de la vulneración a su derecho a la seguridad ciudadana.
Por último, plantea que se deberá promover la participación ciudadana en la formulación y ejecución de políticas públicas destinadas a la prevención y seguridad de las personas.
"Ojalá esta petición llegue a la Convención, lo necesitamos, porque esto no puede seguir pasando. Mi marido se levantaba todos los días a las 5 am a trabajar, lo veíamos a las 22:00. Para que un día a la mañana me haya despedido de él y me digan que estaba muerto. Lo que pido es que nos ayuden, que nos acompañen en esto, porque solos no podemos", pidió Andrea Lobos, viuda de Pablo Valdés, un repartidor que fue baleado en marzo de este año.
