En un oficio dirigido a la mesa de la Convención y a la coordinación de la Comisión de Derechos de los Pueblos Indígenas y Plurinacionalidad, el subsecretario general de la Presidencia solicitó que se informe a los convencionales de las acciones del Ejecutivo con relación a la consulta indígena, y que sean fieles a "la verdad" y "responsables" con los comentarios que se emiten. Esto ante una "preocupación por los continuos emplazamientos a la supuesta falta de colaboración por parte del Gobierno".
En el documento, Pavez cita unas declaraciones del constituyente diaguita Erick Chinga, quien sostuvo en una sesión de comisión que "este es un recado para el Gobierno saliente. Que va a quedar en la historia que fue totalmente (sic) que no participó en nada y eso tiene que quedar en acta, que el Ejecutivo no participó en sacar en adelante este proceso de participación de los pueblos indígenas".
Así, el subsecretario menciona que "es la propia Convención Constitucional la cual se arrogó la responsabilidad y capacidad de implementar y ejecutar la Consulta Indígena, descartando la participación y apoyo del Gobierno en dicha tarea".
No obstante, según el subsecretario, la cartera invitó a las autoridades de la Convención a reuniones de trabajo para planificar el presupuesto del año 2022, "sin embargo, ante dicha invitación se nos señaló por parte de los representantes de La Convención Constitucional, que las distintas secretarías -Participación Popular (PP), Pueblos Indígenas y Comunicaciones- aún no estaban conformadas y, por tanto, no contaban con estimaciones de gasto sobre el financiamiento de dichas actividades".
En ese momento, se reasignaron recursos al Cuech, pero en el texto se indica que recién conocieron el 21 de enero, por una sesión de la comisión de consulta indígena, que se requería un presupuesto de 1.410 millones, "monto que fue variando en los días sucesivos, superando incluso los 2.000 millones de pesos".
Así, recalca que la primera comunicación formal recibida por el Ministerio fue el 25 de enero de este año, a un día del lanzamiento oficial. El subsecretario remarca que en respuesta a eso, el Ministerio manifestó "su preocupación respecto a los plazos y el monto requerido", por lo que se celebró una reunión con la participación de tres ministros de Estado.
En esa se acordó un grupo de trabajo técnico y uno presupuestario, pero Pavez afirma que el presupuestario "nunca se conformó" y que el 8 de febrero, el Gobierno ofició a la mesa para saber si se necesitaban recursos adicionales.Como respuesta a eso, la mesa aseguró, también vía oficio, que no eran necesarios recursos adicionales porque se utilizaría el dinero transferido al Cuech.
En tanto, sobre el grupo técnico, Pavez afirma que lo integraron tanto el Ministerio de Educación como el de Desarrollo Social, y ambos manifestaron su apoyo, pero "dadas las coordinaciones contra el tiempo, el apoyo se desarrolló de diferentes maneras dependiendo de las regiones, en el entendido, además, que la Convención también requirió apoyo a Gobernaciones y Municipalidades del país".
Finalmente, remarca que en un oficio del 16 de febrero, la presidenta de la Convención "agradeció las gestiones de esta Secretaría de Estado y manifestó el avance respecto a las coordinaciones que estaba realizando la Convención, en relación a los Ministerios de Educación y Desarrollo Social y Familia".
Así, Pavez concluye "rogando" que en lo sucesivo se informe a los convencionales constituyentes "de las acciones que se han realizado y también de sus propias responsabilidades, según corresponda, que constan en los reglamentos y documentos aprobados por los mismos convencionales, pues este es un proceso que está bajo la mirada atenta de toda la ciudadanía. Dicho lo anterior, resulta imperioso ser fiel a la verdad y responsable con los comentarios que se emiten".
