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Evitar las "disrupciones que puedan afectar gravemente la economía": las sugerencias del Gobierno a la CC por transitorias

En 55 páginas, el Ejecutivo hace una serie de recomendaciones para la transición entre la actual y la nueva Constitución.

17 de Mayo de 2022 | 01:00 | Por Cecilia Román, Emol.
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El Gobierno entregó formalmente el documento el domingo, pero su contenido se difundió este lunes.

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Una "Comisión de Implementación", "gradualidad", y que la norma que permite la reelección del Mandatario no se aplique al Presidente Gabriel Boric es parte de lo que recomendó el Gobierno en el informe técnico que envió a la Convención Constitucional.

En 55 páginas, el Ejecutivo entrega sugerencias a la Comisión de Normas Transitorias con el fin de establecer un periodo de transición entre la actual Constitución y la nueva, en caso de que sea aprobada en septiembre próximo.

El texto está dividido en secciones por comisión, y en el apartado de Sistema Político, el texto sugiere que la regla respecto a la reelección de las autoridades establezca que se les sigan aplicando las normas vigentes al momento en que fueron electos, por lo que al Presidente se le seguiría aplicando lo que dice en la actualidad la Carta Magna, que es que durará 4 años en el cargo y no podrá ser reelegido para el periodo siguiente.

Sobre el Poder Legislativo, se propone que comience a funcionar a cabalidad en 2026, para lo que recomiendan llamar a elecciones conjuntas de la Cámara de las Regiones con el Congreso de Diputadas y Diputados.

La primera opción es que termine el ciclo político actual, con elecciones en el año 2025, y que el primer mandato de los representantes regionales sea más breve, para que la siguiente elección coincida con las municipales y regionales en 2028.

La segunda es que en 2025 se elijan a los representantes regionales que corresponden a las regiones donde se elegirían senadores en ese año, y se mantengan los mandatos de los senadores electos en 2021, hasta la elección siguiente de la Cámara de las Regiones, en 2028, cuando todos los escaños se escogerían según la nueva Constitución.

El Estado regional y los derechos sociales


En cuanto a la Comisión de Forma de Estado, la sugerencia en general del documento es que todo lo relacionado al Estado regional comience a funcionar gradualmente, y diferir la entrada en vigencia de las normas constitucionales hasta la dictación de las leyes marco que proporcionen las bases para la nueva organización política-administrativa del país y hasta la entrada en funcionamiento de las "entidades territoriales".

Sobre las autonomías territoriales indígenas, de hecho, proponen que se espere hasta que funcionen completamente los nuevos órganos del Poder Legislativo.

En el capítulo sobre la Comisión de Derechos Fundamentales, el Ejecutivo remarca el derecho a las tierras, territorios y recursos indígenas como una de las normas que debe aplicarse con gradualidad, y recomiendan "establecer una norma transitoria suspendiendo la entrada en vigencia del derecho mientras no se dicte la ley que regule el ejercicio del mismo"

Sobre el sistema de salud se explicita que es necesario contar con una solución transitoria porque su aplicación inmediata "no sólo irrogaría gasto fiscal, sino que supone un rediseño institucional relevante".

Lo mismo se explica sobre la gratuidad en la educación superior, porque "su aplicación inmediata irrogaría importante presión de gasto fiscal. Se recomienda establecer norma transitoria que mandate a la ley fijar la gradualidad de la gratuidad en instituciones de educación superior".

Gradualidad en agua y minería


En el capítulo sobre la Comisión de Medio Ambiente, el Ejecutivo identifica como dos grandes temas las normas sobre agua y minería, y el efecto en los sectores productivos que podrían tener las normas.

"Se debe tener presente que la falta de certeza respecto a si los titulares de derechos de aprovechamiento podrán continuar usando agua podría afectar seriamente a la economía, ya que podría traer incertidumbre a los sectores productivos que dependen del agua, impactando fuertemente en el empleo, la inversión y la recaudación fiscal", dice el texto.

"También afectaría a quienes usan esos derechos para consumo humano, especialmente en sectores rurales. Así, si bien se requiere un nuevo régimen que cambie el paradigma de propiedad sobre las aguas, éste no puede ser aplicado directamente por la Constitución ya que el nuevo régimen debe regular diversos aspectos técnicos y jurídicos para su correcto funcionamiento mediante una ley", se lee.

En cuanto a la minería, el Ejecutivo reitera la misma idea: se requiere una ley y no puede ser aplicado directamente por la Constitución. Así, "antes de la dictación de dicha ley es necesario mantener la vigencia de la normativa actual para permitir una transición ordenada y gradual, sin generar disrupciones que puedan afectar gravemente la economía".

En específico sobre las zonas de exclusión mineras contempladas en el borrador, el Gobierno sugiere "mantener las operaciones mineras existentes en las zonas de exclusión, ya que su cierre inmediato podría comprometer gravemente la economía y los empleos directos e indirectos que generan dichas faenas".

Además, recomiendan dejar a la ley la determinación de las condiciones de término de actividades.

Para ambos casos, tanto agua como minería, se lee que "para garantizar la pronta dictación de estas leyes, se puede establecer un mecanismo que le dé urgencia a su tramitación".

El pluralismo jurídico y la corte


En cuanto al pluralismo jurídico, el Ejecutivo recuerda que se necesita una consulta indígena para los detalles de su implementación, y que "se requiere de ley que determine mientras no se dicte la ley que fije el ámbito de aplicación de la jurisdicción indígena y los mecanismos de coordinación y de resolución de conflictos de competencia entre los sistemas jurídicos indígenas y los tribunales estatales generales", por lo que proponen diferir entrada en vigencia de normativa constitucional hasta que estén esas leyes..

Finalmente, la Corte Constitucional es identificada como otro de los puntos que requieren una transición gradual, para lo que se propone mantener el Tribunal Constitucional hasta que esté dictada la ley que regule el funcionamiento de la corte.

"Por el tipo de órgano que se trata (defensor de la supremacía de la Constitución) la dictación de esta ley debe ser de la máxima prioridad", dice el texto.

La Comisión de Implementación


En tanto, la propuesta más concreta del Gobierno es la creación del mandato al Ejecutivo de una "Comisión para la Implementación de la Nueva Constitución".

Esta se incorporaría en las normas transitorias, y su rol sería "elaborar una hoja de ruta que identifique las propuestas de legislación, adecuación normativa y políticas públicas que deberán desarrollar en los próximos años el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para la implementación de las normas constitucionales en sus aspectos legales y administrativos y los plazos para la materialización de estas".
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