Fueron incontables las ocasiones en que el Gobierno rechazó la idea de instaurar un estado de emergencia la macrozona sur, pero el pasado lunes, y tras el fracaso en la búsqueda de apoyos para impulsar una reforma para un "estado intermedio", la ministra del Interior, Izkia Siches, terminó anunciando la medida para enfrentar los hechos de violencia.
Dos días antes, la Convención Constitucional sostenía su última votación de normas constitucionales, dando por finalizado el proceso de nutrir el borrador de la Nueva Carta Magna que terminó con 499 artículos.
Eso sí, ninguno de ellos hace referencia específica al estado de emergencia, tal como la que hoy tiene vigencia. Lo que existe, son tres mecanismos de estado de excepción para situaciones específicas: de asamblea, en caso de conflicto armado internacional; el de sitio, en caso de conflicto armado interno; y el de catástrofe, en caso de calamidad pública.
Ante ello, varios convencionales de derecha han señalado que esto significa el debilitamiento de los estados de excepción constitucional donde se ha recibido colaboración de las FF.AA. no sólo en el sur, sino que también en el norte del país, por la crisis migratoria, mientras que desde el bloque oficialista afirman que esta no es una herramienta para garantizar la seguridad y orden público.
Consultado por el tema, el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson, respaldó este jueves la nueva redacción, destacando que "hay una especie de réplica de tres de los cuatro estados que actualmente están vigentes", y reafirmó la convicción del Ejecutivo de que estas medidas deben ser de carácter excepcional, "por eso estamos tratando de hacer todo lo que esté a nuestro alcance en materia de políticas públicas para revertir una situación que no es deseable en términos permanentes".
De todas maneras, Jackson desdramatizó el debate, recalcando que existen alternativas legales para abrir otra vía en caso de que se requiera utilizar esta herramienta de esta naturaleza.
"No es necesariamente un inconveniente el que exista una disposición explícita en materia constitucional para poder ocupar otras herramientas; que, sin duda, no va a ser la misma. Pero dentro de los transitorios o dentro de Poder Legislativo se tendría discutir una cuestión de esta naturaleza, pero en ningún caso dramatizaríamos la necesidad de un debate al respecto", remarcó el ministro.
"Una contradicción" y "lectura distorsionada" de la crisis
Para Juan Luis Ossa, historiador e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP), la ausencia del estado de emergencia en medio de un contexto donde se hizo necesario aplicarlo, es una contradicción y criticó una suerte de desconexión de los convencionales frente a la violencia que enfrenta el país.
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Me parece sumamente contradictorio que un Gobierno de estas características haya implementado un estado de excepción, pero que sus aliados de la Convención la hayan desechado como una opción constitucional", sostuvo en entrevista con
EmolTV.
A su juicio, la clara negativa de los convencionales a dejar plasmada la herramienta en el borrador, "es realmente no entender lo que está sucediendo en buena parte del país con respecto a la violencia desde octubre de 2019 en adelante. Es como que vivieran en una cámara de eco, donde se escucharan sólo ellos, no viendo lo que está pasando afuera, que hay una violencia desatada", zanjó.
En la misma línea, el escritor y analista político, Sergio Muñoz Riveros, criticó la "tardanza" con el que el Gobierno está actuando en la zona, y agregó que "si estuviera vigente el borrador hoy, no habría estado de emergencia".
"La lectura ideológicamente distorsionada del Gobierno ha impedido hacerse cargo del problema real (...) es positivo que se haya declarado que estado de emergencia, pero es bastante acotado", criticó.
Por su parte, el convencional RN, Ruggero Cozzi, también cree que la situación constituye una "nueva contradicción interna" del Gobierno, puesto que "después de mucho tiempo de ser oposición al estado de emergencia, ahora que son Gobierno, se dan cuenta que la realidad se impone y que esta es una herramienta no sólo legítima y necesaria de utilizar en la zona para hacer frente a los grupos armados que operan allá".
"Lo peor de todo, es que la misma coalición de Gobierno en la Convención Constitucional decide eliminar esta herramienta de seguridad pública tan importante para el Estado. A mi juicio, eso es un error y es un elemento más que debilita al Estado en su lucha contra la delincuencia, violencia y otras cosas", sentenció.
Convencional Hoppe: "No lo vislumbramos como una necesidad"
Desde Movimientos Sociales Constituyentes, la convencional Vanessa Hoppe, afirmó que "los estados de excepción son excepcionales, porque implican la vulneración de derechos fundamentales. En ese sentido, no son mecanismos que se puedan utilizar para combatir el problema para la seguridad pública. ¿Se imaginaría usted implementar un estado de emergencia en el barrio Meiggs por los problemas que tenemos de narcotráfico?, a nadie se le ocurriría eso".
"Los estados de excepción son excepcionales, porque implican la vulneración de derechos fundamentales. En ese sentido, no son mecanismos que se puedan utilizar para combatir el problema para la seguridad pública".
Vanessa Hoppe, convencional MSC
En ese sentido, recordó que fue el Gobierno de Sebastián Piñera echó mano a una herramienta que no se había utilizado desde el año '87 hasta el estallido social, mecanismo que definió como "antidemocrático, hecho en un contexto de dictadura militar, y por lo mismo, está pensado con formas en las época que se vivía. Aplicarlo es regresivo (...) no lo vislumbramos como una necesidad".
Con todo, la convencional recordó que sí se consignó en el texto el estado de catástrofe en caso de calamidad pública, herramienta que operaría como una respuesta a esta "ausencia" de la herramienta vigente y tendría la garantía de que se gesta en un contexto democrático.
"Este apunta a que en caso de una evidente catástrofe existan los mecanismos efectivos para que se dé lugar a esta situación excepcional, donde probablemente haya que limitar ciertos derechos fundamentales en pro de la sociedad, pero está pensando en un contexto de una democracia", zanjó.
