El nuevo atentado en la macrozona sur que dejó como resultado a un trabajador mapuche fallecido tras recibir un impacto de bala en su cabeza, reabrió uno de los debates más álgidos respecto a cómo enfrentar la seguridad en la zona, específicamente por el estado de excepción "acotado" que implementó el Gobierno tras no poder avanzar con la idea de un "estado intermedio".
Hace una semana y tras la entrada en vigencia de la medida, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, explicó a 24 Horas los alcances de la misma: "
no estamos habilitando a las Fuerzas Armadas para entrar a caminos locales, a comunidades o a territorios de comunidades, ni de chilenos ni chilenas ni de los pueblos originarios, en este caso el pueblo mapuche. Por lo tanto todo lo que se trata en materia de orden y seguridad en territorios fuera de los caminos, en comunidades, tiene que actuar la policía".
El Gobierno ha justificado el matiz a la herramienta constitucional -que sólo considera rutas princiapales o "estratégicas" del Biobío y La Araucanía-, con la necesidad de acompañar las estrategias con un proceso de diálogo y "una mirada más a fondo del conflicto". Sin embargo, no son pocas las voces que afirman que la necesidad de orden es "urgente", ante el alto poder de fuego de los grupos radicalizados que operan en la zona y que terminan costando vidas.
"Aquí lo que falta es que el estado de excepción funcione, porque estos grupos que están operando están con una capacidad de fuego altísima y lo que esperamos por parte de nuestras autoridades centrales y de seguridad es que se tomen las medidas para poder enfrentar esto. El estado de excepción acotado aparentemente no es la solución, se necesita un estado de excepción más amplio", afirmó esta mañana a Radio Universo el gobernador regional, Luciano Rivas.
La oposición parlamentaria también salió a recordar que ya habían advertido que la medida era insuficiente, e incluso hubo emplazamientos al Gobierno a hacer uso de las facultades disponibles para enfrentar el crimen organizado, pues critican que la fórmula, tal como se aplicó, "no sirve para absolutamente nada".
Fiscalía constata "traslado" de los ataques
La ausencia de presencia militar en los caminos interiores es, justamente, lo que hoy preocupa y despierta críticas, porque ese fue el escenario donde ayer en la mañana se produjo la emboscada contra 30 trabajadores forestales, y porque además, se presume que al no existir resguardo en esas zonas, los grupos radicalizados puedan operar con mayor preponderancia en estos caminos desprotegidos.
"El estado de excepción (actual) provoca desplazamiento de determinados hechos de violencia hacia los sectores que están menos resguardados. Ese es uno de los fenómenos que hemos constatado, y el fenómeno que ocurrió hoy (ayer) es similar".
Roberto Garrido, fiscal de La Araucanía
El
fiscal de La Araucanía, Roberto Garrido, confirmó ayer que el sector rural donde ayer se produjo el ataque no contaba con resguardo policial: lo más cercano que había estaba a 5 kilómetros, hasta donde el conductor del minibus logró llegar para solicitar auxilio a Carabineros.
El análisis que hasta ahora tiene el Ministerio Público regional es que "el estado de excepción (actual) provoca desplazamiento de determinados hechos de violencia hacia los sectores que están menos resguardados. Ese es uno de los fenómenos que hemos constatado, y el fenómeno que ocurrió hoy (ayer) es similar", destacó el persecutor a 24 Horas.
Este es el punto que hace notar el diputado por La Araucanía, Juan Carlos Beltrán (RN), quien dice estar consciente que con los funcionarios del Ejército que hay disponibles no se logrará cubrir el 100% de los caminos rurales, "pero sí un alto porcentaje que hoy no está siendo resguardado y no tiene su respectivo patrullaje. No debe ser un resguardo a medias, hoy sólo se está resguardando la ruta 5 Sur, y no los otros caminos".
"Si bien el Gobierno, el Ejército o las policías tienen sus estrategias, evidentemente aquellas personas que son delincuentes buscan sus propias estrategias y van a buscar los lugares sin vigilancia", remarca el parlamentario que esta mañana se reunió con otros diputados en Temuco, precisamente para abordar la crisis de seguridad en la zona, donde planean llegar a un acuerdo para pedir la presencia de la ministra de Desarrollo Social, Jeanette Vega y el General director de Carabineros, Ricardo Yáñez.
Gobierno rechaza "aprovechamiento político" y defiende medida
Cuando Segundo Catrileo aún se encontraba agonizando en el Hospital Regional de Temuco, el
delegado presidencial de La Araucanía, Raúl Allard, salió a condenar los hechos y anunció una querella criminal en contra de quienes resulten responsables.
Sin embargo, al ser consultado por la posibilidad de evitar que ocurriera un hecho como este con resguardo en zonas rurales, la autoridad recordó que "el decreto constitucional que establece el estado de excepción constitucional de emergencia establece indicaciones y orientaciones respecto de la protección de las principales rutas y carreteras, pero también otorga al Jefe de la Defensa Nacional, todas las atribuciones respecto a materias de orden público en la región", sostuvo.
Más tarde, cuando aumentaban las críticas por la medida, sostuvo que "no se puede utilizar políticamente estos trágicos hechos, nosotros estamos aplicando estado de excepción que otorga facultades al jefe de la defensa nacional para toda la zona y eso es lo que se está realizando actualmente".
En la misma línea, el ministro de la Segprés, Giorgio Jackson, salió a abordar las presiones para ampliar el estado de excepción, donde también remarcó que "estas situaciones no admiten ser aprovechadas políticamente" y agregó: "es algo que tenemos que abordar como país, que sucedió también cuando hubo estado de excepción antes de que nosotros asumiéramos".
De todas formas, planteó que cualquier novedad respecto al estado de excepción que se está viviendo, "va a ser comunicado debidamente por el Ministerio del Interior y de Defensa", zanjó.
