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Plebiscitos ratificatorios de reformas constitucionales: la puerta que abrió la Convención y los "riesgos" en juego

Si se aprobara la Carta Magna, la ciudadanía cobraría un rol fundamental en las modificaciones propuestas por el Congreso, a menos que ambas cámaras visen esos cambios por 2/3.

28 de Junio de 2022 | 08:02 | Por Cecilia Román, Emol.

El borrador de Carta Magna contiene un mecanismo de reforma constitucional que contempla la opinión vinculante de la ciudadanía.

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La ciudadanía tendrá un rol fundamental en las reformas constitucionales del futuro, si se aprueba en septiembre el borrador de Carta Magna. Esto porque la Convención delegó en quienes componen el padrón electoral la última palabra sobre las modificaciones que "alteren sustancialmente" ciertos capítulos del texto, como el sistema político, el diseño de los órganos legislativos o los derechos fundamentales.

Para cambios de ese tenor, este y los futuros Congresos tendrían que reunir el voto favorable de 4/7 de los parlamentarios de ambas cámaras y luego someter dicha propuesta a un plebiscito ratificatorio. La alternativa para evitarlo es sumar un apoyo más alto, de 2/3 de ambas corporaciones.

Y según critican algunos académicos, políticos, convencionales y abogados de centroderecha y centroizquierda, aquello volvería el texto "pétreo", por las dificultades que implicaría conseguir ese quórum o convocar un plebiscito. Pero en el caso de que esté el clima político para impulsar una reforma que supere los 4/7 y llegue al referéndum, tampoco estaría garantizado que esos cambios vean la luz, y esa es otra dificultad para el sistema, según advierten algunos personeros.

"Existe riesgo de trivializar debates técnicos, donde la democracia representativa es más adecuada para lograr acuerdos y soluciones viables antes que los mecanismos de consulta popular. Habrá riesgo de populismo, eso no se puede desconocer", criticó Ruggero Cozzi (RN), constituyente que participó de la comisión donde se diseñó originalmente esta fórmula.

"Por ejemplo, sospecho que en materia penitenciaria serán difíciles los cambios pues es impopular todo aquello que signifique mayor gasto en la población penal; o lo mismo en materia judicial, pues los jueces y fiscales están muy mal evaluados en encuestas. A la inversa, caudillos populistas podrán presionar en el referéndum por la opción más popular pero menos viable económica o técnicamente, ya lo vimos a propósito de los retiros de las AFP", pronosticó el constituyente.

¿Hay riesgos?


El convencional Rodrigo Álvarez (UDI) coincide con Cozzi en que los plebiscitos "tienden a estar condicionados por lo que está ocurriendo en la práctica política diaria, el medio ambiente político, económico y social, y eso puede afectar a una decisión que es técnica".

Pero además, Álvarez encuentra otro problema: uno "de números"."¿Cuántos plebiscitos? Hay experiencias internacionales que muestran que cuando preguntas cosas muy distintas en un plebiscito, la gente tiende a interpretarlo de manera equivocada. Pero si haces solo una pregunta y citas a siete u ocho plebiscitos, la gente también deja de participar", respondió.

En esa línea, la politóloga y académica de la Usach, Pamela Figueroa, aseguró que "me imagino que el sistema político no estará haciendo plebiscitos en materias donde no haya una necesidad de consultar a la ciudadanía, porque tiene un costo de tiempo, de recursos. Pero si es una reforma constitucional importante, probablemente habrá interés de participar. Si no, es partir del supuesto de que a la ciudadanía no le importa el devenir de la sociedad y no me parece correcto".

Según Eugenio Guzmán, decano de la Facultad de Gobierno de la UDD, hay otro elemento que es "un problema": la regla mediante la que se aprueban los plebiscitos, que está considerada en el borrador como "la mayoría de los votos válidamente emitidos".

"Si estamos hablando de principios constitucionales, aquello que nos convoca a todos en común, deberíamos exigir quórum significativamente altos, porque si no no resolvemos el problema del concepto de Constitución, no nos estamos constituyendo, un día podemos ir en una dirección y otro día en otra. La Constitución tiene que ser un elemento consensual", dice Guzmán.

"No hay que tenerle miedo a la democracia"


Los grupos que impulsaron este diseño en la Convención argumentaban que la ciudadanía debía involucrarse en las reformas de esta nueva Constitución atendiendo al proceso que dio origen al texto y que aquello sería una forma de "resguardarla" de los cambios que quiera hacerle el Congreso. Por ese motivo incluso se agregó en las normas transitorias hasta 2026 una cláusula que somete a estas mismas condiciones el capítulo de Medio Ambiente y Naturaleza y el de Disposiciones Transitorias, que no están "protegidos" de esa forma en el texto permanente del borrador.

Para Jaime Bassa (FA), uno de los convencionales que estuvo a favor del mecanismo, "no hay que tenerle miedo a la democracia".

"La democracia es la forma que tenemos de gobernarnos y es un sistema que se sostiene a partir de respetar y reconocer la voluntad popular como el espacio para tomar decisiones. En la medida que haya voluntad para empujar cambios, sean estos sustantivos, o no, debemos abrir los espacios de deliberación y no tenerle miedo a la deliberación política", respondió.

Además, remarcó que la regla general será de 4/7 y que, en caso de que la reforma sustantiva sea realmente necesaria, podría contar con los 2/3 en ambas cámaras y no necesitaría el plebiscito. Ese es otro riesgo que algunos ven en el sistema: que sea un incentivo para que el Congreso busque evitar el plebiscito mediante los 2/3 y nunca se consulte a la ciudadanía.

Ante las críticas de que el debate se podría trivializar, el convencional Andrés Cruz (Col. Socialista) coincide con Bassa y agrega que "la opinión de muchos miembros del Congreso no son versadas tampoco, y eso es propio de la democracia, no nos vamos a encontrar con personas versadas en todas las materias. Y por ello es importante abrir las puertas a través de un sistema democrático y que la ciudadanía se pronuncie".

Para Pamela Figueroa, el riesgo de la "trivialización" no existiría, porque las diversas instituciones políticas deberían hacerse cargo del proceso e impulsar que la ciudadanía se informe adecuadamente.

"En un contexto democrático existen organizaciones políticas y sociales que representan los distintos intereses de la sociedad y que por tanto ante un plebiscito van a exponer sus puntos de vista, en relación a las que la ciudadanía irá tomando decisiones. Ahora tenemos un Plebiscito, lo tuvimos en 2020, estamos incorporando la cultura de los plebiscitos", remarcó Figueroa.
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