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Omisión de propiedad industrial debilitaría defensa de titulares de patentes y marcas registradas

Disposición se incluye en las cartas constitucionales del país desde 1833. Gremios creen que esto hará que el mercado chileno sea menos competitivo y perjudicará la innovación.

07 de Agosto de 2022 | 10:04 | Por Pamela Castellanos, Crónica Constitucional
Reuters
Desde 1833, las constituciones chilenas han incluido entre sus artículos menciones a la propiedad industrial. En la Carta Fundamental vigente está en el artículo 19 número 25, donde se garantiza "la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley". Sin embargo, la propuesta redactada por la Convención Constitucional omitió dicha garantía.

Durante el debate constituyente, la comisión de Sistemas de conocimientos analizó normas que proponían incorporar la propiedad industrial, pero fueron rechazadas. Tanto comunidades de actores como agrupaciones de emprendedores hicieron notar que la propuesta no estaba considerando ni el derecho de autor ni la propiedad industrial, y algunos convencionales incorporaron indicaciones para incluir estas disposiciones en el segundo informe que dicha comisión envió al pleno para su votación.

Sin embargo, en el pleno solo fue aprobado el derecho de autor (que está en el artículo 95 de la propuesta de Carta Fundamental) y se rechazó la indicación sobre propiedad industrial, que decía: "Se garantiza la propiedad sobre las patentes de invención, marcas o signos distintivos, modelos, procesos tecnológicos y otras producciones análogas en los plazos y condiciones que establezca la ley".

Para Fernando Venegas, presidente de la Red Gestores Tecnológicos (Red GT) —quienes intentaron sin éxito convencer a los convencionales de incorporar la propiedad industrial—, dicha situación se trató de una combinación de desconocimiento y prejuicio. "Hubo una demonización de la propiedad industrial como representativa de las grandes empresas, lo que se aleja de la realidad nacional. Intentamos hacer entender a los convencionales que la propiedad industrial, además de ser una herramienta de transferencia tecnológica, es la que entrega las herramientas para que ese derecho no sea absoluto, pero no lo logramos", sostiene.

Según datos del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), del total de patentes de invención solicitadas en Chile por actores nacionales durante 2021, el 40,2% fueron hechas por personas naturales, el 37,1% por empresas y el 22,6% por universidades (ver infografía).

"Agenda colectiva"


En opinión de Diego Rodríguez, abogado y profesor de Derecho Privado de la U. San Sebastián, la decisión de omitir la propiedad industrial "fue una clara manifestación de la agenda ideológica que esconde la Constitución, donde la actividad económica está limitada por los principios de la solidaridad, del Estado social y, por lo tanto, establece como límite en el goce o en la protección de dichos derechos una agenda más colectiva o pública". Añade que "esto genera un desincentivo a la inversión del desarrollo inventivo".

Juan Pablo Egaña, académico del diplomado de Propiedad Intelectual de la U. Católica, cuenta que "al principio pensamos que la salida de la propiedad industrial era fruto de un descuido". Pero al analizar el texto final, cree que "resulta curioso", pues, "por un lado, deja fuera la propiedad industrial y, por otro, dice que el Estado será quien constitucionalmente promoverá y desarrollará la investigación y la difusión de las tecnologías".

A su juicio, esto responde a un "cambio de paradigma" que para entender —plantea— hay que leer el libro "Copia o muerte", "que escribió Giorgio Jackson con Paula Espinoza, donde desarrollan la teoría de por qué no creen en las patentes de invención ni en la propiedad industrial como herramienta de desarrollo, y al contrario, las ven como que han sido las que han promovido abusos".

Consecuencias


El abogado Maximiliano Santa Cruz, exdirector del Instituto Nacional de Propiedad Industrial (Inapi), opina que "haber dejado fuera a la propiedad industrial es un retroceso que no tuvo ninguna justificación desde el punto de vista legal, ético ni económico. Esto deja a los titulares de propiedad industrial, patentes y marcas sin la posibilidad de ejercer la acción de tutela constitucional".

Agrega que si bien algunos pueden interpretar que la propiedad industrial estaría comprendida en el derecho de propiedad general (artículo 78), que consagra la "propiedad en todas sus especies y sobre toda clase de bienes", la propiedad intelectual tiene sus especificidades propias. "Por ello siempre se han tratado separadamente, incluso en nuestro Código Civil. Además, el que se considere incluida dentro de la propiedad común significa que se protege solo en su dimensión patrimonial, económica y no en su dimensión moral, de derecho humano, en conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales", recalca.

En la misma línea, Egaña señala que "inmediatamente de aprobada la Constitución habrá un deterioro de la propiedad industrial, quedando eliminada la posibilidad de ejercer la acción de tutela para protegerse de amenazas o conculcaciones contra el derecho de propiedad industrial".

Y Venegas refuerza el punto: "Ahora perderemos la tradición de ser reconocidos como un país respetuoso con los derechos de propiedad intelectual, donde tenemos acciones legales que permiten garantizar dicha propiedad, como lo es el recurso de protección".

Igualmente, Santa Cruz afirma que no dejarán de existir marcas ni patentes en Chile: "Contamos con compromisos internacionales contraídos con anterioridad sobre marcas comerciales, patentes de invención y otras modalidades de propiedad industrial".

Por su parte, Andrea Lobos, abogada y presidenta de Licensing Executives Society (LES) en Chile, asevera que "la no incorporación en la Constitución de la propiedad industrial me parece incoherente con lo que nosotros queremos construir: un país basado en la ciencia y el desarrollo. Y para eso, obviamente, hay que reconocer derechos de propiedad industrial. Esta exclusión nos genera un sentimiento de injusticia, incertidumbre y desesperanza, de no sentirnos valorados en términos del aporte que se hace hoy en día en ciencia y tecnología", añade.

Mientras, Varinka Farren, directora ejecutiva del hub Andes Pacific Technology Access (APTA), postula que "los emprendedores, innovadores, investigadores que protegen sus creaciones a través de una patente para avanzar hacia la diversificación de la matriz productiva en Chile se verán afectados por una menor competitividad, producto de que la propiedad industrial quedó fuera de la propuesta. Somos un país en vías de desarrollo tecnológico y se debe proteger a los emprendedores en su camino hacia el levantamiento de capital y la internacionalización de sus tecnologías".

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