Han pasado cerca de 40 días desde que el texto de nueva Constitución fue entregado al Presidente Gabriel Boric. Y si bien fue el 4 de julio la fecha acordada por la Convención para dar término al proceso constituyente, a través del acto de cesión de la propuesta, desde incluso antes los actores del Gobierno han sido acusados ante
Contraloría por haber incurrido en un supuesto
"intervencionismo electoral" de cara al Plebiscito de salida.
Bajo ese contexto, el trabajo del máximo órgano fiscalizador del país no ha sido sencillo en el último tiempo, pues las denuncias recibidas en contra de entidades y cargos públicos, por presuntamente incidir en una campaña en favor del Apruebo, de cara al Plebiscito de salida, no han sido pocas. Es más, las acusaciones van desde el Gobierno mismo hasta municipios y hospitales públicos.
El último caso conocido fue protagonizado por el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson. En concreto, la Contraloría General de la República estimó este viernes que el secretario de Estado "no se ajustó a la necesaria prescindencia" al anunciar que tendría un rol ante las reformas que estaban trabajando el oficialismo para un acuerdo, en caso de que gane el Apruebo.
Acorde con oficio emitido por el ente fiscalizador, el tema surgió a raíz de un requerimiento presentado por los diputados de la DC, Joanna Pérez y Eric Aedo, quienes efectuaron "una denuncia por una eventual vulneración a los principios de juridicidad y probidad en relación con las declaraciones públicas del Ministro Secretario General de la Presidencia, Kenneth Giorgio Jackson Drago".
Si bien el fallo de Contraloría no considera ningún tipo de sanción en contra del secretario de Estado, desde la oposición han solicitado su renuncia, cuestión que fue respondida por el mismo Giorgio Jackson. "La verdad es que tenemos tanto trabajo que hacer, tantos desafíos por delante, que no se me ha pasado por la cabeza renunciar", señaló en conversación con T13.
Asimismo, el Presidente de la República, Gabriel Boric también ha sido denunciado ante el órgano fiscalizador por intervencionismo. Según consignó La Tercera, el jueves pasado, el abogado Marcelo Brunet, militante de RN, presentó un requerimiento en contra de Mandatario por presuntamente contravenir las indicaciones de prescindencia electoral elaboradas por el ente.
De acuerdo al escrito ingresado por el jurista, el jefe de Estado "ha desplegado una actividad que lo pone al margen de la ley, atenta contra los procesos electorales transparentes y ha violado las instrucciones impartidas por este órgano contralor en materia de prescindencia de las autoridades en los procesos electorales".
Investigación en contra de La Moneda
El pasado 26 de julio, la Contraloría General de la República notificó a La Moneda sobre el inicio de una investigación especial, luego de recibir una denuncia por un posible intervencionismo electoral por parte del Gobierno, en la campaña por el Apruebo de cara al Plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre.
En concreto, el recurso que lleva a cabo el ente fiscalizador nació a raíz de una denuncia realizada por cuatro diputados del Partido Republicano. En esa línea, la investigación -que sigue en curso- tiene como fin determinar las responsabilidades de carácter administrativo por la utilización de la cuenta institucional del Ministerio de Obras Públicas para viralizar contenidos alusivos al Plebiscito.
Pues, según el requerimiento, la cartera habría incurrido en publicaciones para difundir las donaciones a los comandos que van por el Apruebo, algo que va en contra del instructivo de prescindencia electoral. Adicionalmente, la investigación analizará la ejecución de la campaña denominada "Concepto creativo y producción audiovisual en el marco", el cual está financiada con presupuesto del Ministerio Secretaría General de Gobierno (Vocería).
Sin embargo, a la fecha, la Contraloría no se ha pronunciado por las denuncias en contra del Ejecutivo. Es más, este 4 de agosto, desde la bancada de diputados de la UDI realizaron un emplazamiento al ente fiscalizador para dictamine, antes del 4 de septiembre, si el Gobierno incurrió en un intervencionismo electoral.
"Nos parece particular y especialmente grave que faltando pocos más de sólo tres semanas para la elección, la Contraloría General de la República aún no haya explicitado una sanción respecto a las investigaciones que lleva por intervencionismo electoral, no puede ser que la Contraloría se escude en algunos plazos", sostuvo el diputado Juan Antonio Coloma.
Municipios
A mediados de julio, la Contraloría emitió un dictamen en el que ordenó un sumario administrativo en los municipios de Maipú, Cerrillos, Cerro Navia y Quinta Normal, afirmando que en ellos se detectó la organización de actividades informativas sobre el Plebiscito de salida, apuntando al Apruebo. Además, en el documento se establece que "sus respectivos programas no se condicen con las funciones propiamente municipales".
Tras conocerse el requerimiento de la Contraloría por el actuar de las administraciones de las comunas de Maipú, Cerrillos, Cerro Navia y Quinta Normal, la Municipalidad de Valparaíso informó que tanto el Festival Popular, como otras iniciativas culturales, serán postergadas para los meses de octubre y noviembre, en razón de las definiciones del ente fiscalizador sobre el rol de los municipios en el proceso constituyente.
Posteriormente, el 4 de agosto, el máximo organismo fiscalizador instruyó abrir sumarios a otros tres municipios de la Región Metropolitana para investigar presuntas faltas administrativas ligadas al referéndum constitucional del próximo 4 de septiembre. Se trató de Ñuñoa, Pudahuel y Lampa.
En estos casos, el ente contralor consideró que, teniendo en cuenta que los municipios "se encuentran impedidos de utilizar sus bienes o recursos en fines distintos a los que la ley les permite, deberán instruir un procedimiento disciplinario a fin de indagar los hechos mencionados y determinar las responsabilidades administrativas comprometidas".
Sin embargo, el caso que mayor polémica generó entre los municipios, fue el que tuvo como protagonista a la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien fue acusada de emitir publicaciones a favor del Apruebo, a través de su cuenta de Twitter, en horario laboral.
La denuncia fue presentada por el diputado republicano, Johannes Kaiser, ante Contraloría. Frente a ello, el ente fiscalizador revisó las publicaciones de la jefa comunal en su cuenta personal, y así comprobó que al menos tres mensajes, compartidos entre el 1 y el 11 de julio, fueron emitidos en horario laboral, por lo que declaró improcedente el actuar de la autoridad.
Desde la Contraloría aseguraron que "si bien se advirtió que las publicaciones de la especie se efectuaron a través de la cuenta privada de la autoridad comunal y no en la cuenta del municipio, sin que consten elementos que permitan aseverar que en ese acto se utilizaran recursos municipales -equipos computacionales o conexión a internet-, la referida divulgación habría sido llevada a cabo durante la jornada laboral de la aludida alcaldesa".
Asimismo, el ente fiscalizador se refirió a un evento de la comuna denominado como "La Pintana Aprueba", que según la militante de la Democracia Cristiana, se trató de una instancia independiente al municipio. No obstante, el órgano contralor sostuvo que la alcaldesa Pizarro "no se limita a manifestar su inclinación personal como ciudadana por una de las opciones plebiscitadas, sino que se pretende dar a entender que es la comuna de la cual ella es alcaldesa la que apoya tal opción".
Otros casos
Una de las primeras acusaciones de intervencionismo tuvo como protagonista a la ministra de Salud, María Begoña Yarza. En detalle, el 6 de mayo los diputados del Partido Republicano presentaron una denuncia en su contra, ante Contraloría, por supuestamente haberse mostrado a favor de la propuesta de nueva Constitución en un asamblea de trabajadores.
Los parlamentarios pedían iniciar una investigación, ya que la secretaria de Estado, en medio de una actividad laboral del 29 de marzo, habría manifestado que "nos queda un tremendo camino, el primer paso es la Constituyente y después a ponernos fuertes porque lo que se viene es duro, pero estoy convencida de que lo vamos a lograr".
Frente a aquello, la Contraloría emitió un dictamen donde desestimó que Yarza haya incurrido en un intervencionismo electoral. "Al respecto, cumple señalar que, atendida la data en que las referidas declaraciones fueron expresadas, la situación por la que se consulta es de índole similar a las abordadas en un reciente pronunciamiento de esta Entidad de Control, el cual resulta aplicable en la especie, por lo que se remite copia del dictamen Nº E215296, de 2022, para su conocimiento y fines que correspondan", dice el escrito.
En ese sentido, el ente contralor hizo referencia a un dictamen que realizó por otra denuncia previa de intervencionismo, en contra el ministro de la Segpres, Giorgio Jackson:"No se opone a los principios de juridicidad, probidad y apoliticidad, el que el Estado a través de los organismos relacionados con funciones de comunicación efectúe una campaña sobre la importancia de concurrir a participar en el Plebiscito y que informe acerca de las características de dicho proceso y las posiciones plebiscitadas, a fin de que la ciudadanía esté debidamente informada sobre la materia".
Finalmente, el pasado 28 de julio, a través de su cuenta de Twitter, la Contraloría General de la República informó que instruyó un sumario administrativo al Hospital Regional de Antofagasta, tras la instalación en sus dependencias de un lienzo en favor del Apruebo.
"Se instruye sumario administrativo al Hospital Regional de Antofagasta, por uso indebido del edificio institucional favoreciendo una de las opciones plebiscitarias", escribió el organismo. Si bien desde el recinto médico señalaron que el despliegue del cartel "corresponde a acciones de dirigentes gremiales", afirmaron que tras la decisión del ente fiscalizador la pancarta fue retirada.
