Pantallazo El Mercurio de Valparíso.
El ex mano derecha de la alcaldesa de Viña del Mar, Janna Sakalhha, demandó a su otrora jefa, Macarena Ripamonti por un supuesto despido injustificado, exigiendo una suma de dinero de unos 31 millones de pesos como compensación.
A ese respecto, concejales de distintos sectores políticos cuestionaron la decisión del también militante de Revolución Democrática, y, de hecho, ex presidente de la colectividad. Esto debido a ser un cargo político, según lo informó El Mercurio de Valparaíso.
Carlos Williams (RN) asegura que “Sakalha se desempeñó como funcionario en el municipio viñamarino ejerciendo un cargo de absoluta confianza de la alcaldesa y, por eso
, la primera autoridad está en condiciones de pedir su renuncia o cesar su contrato de trabajo en el momento en que el funcionario pierda su confianza".
El concejal, sin embargo, mencionó que "si el extrabajador estima que el despido no se ajustó a derecho, tiene derecho a exigir que se cancelen los dineros que estima justo percibir o se le restituya su puesto de trabajo".
En ese punto discrepa Pablo González (PC) quien, si bien reconoce el derecho laboral de Sakalha, asegura que este "se está aprovechando de la debilidad del sistema municipal y de su contrato a honorario, ya que políticamente el entró al municipio con una convicción y un programa alcaldicio". Por eso, a su juicio, "la alcaldesa tiene el legítimo derecho de remover y reubicar a sus equipos".
El concejal cree que el principal motor de Sakalha es "principalmente un interés económico, demostrando que su convicción política quedó en un segundo plano (…) está pasando a llevar el trabajo colectivo del resto de sus compañeros de partido porque acá él se aprovecha de su calidad de honorario para demandar derechos laborales que, si bien son legítimos, hay que recordar que él cumplía una función política desde el momento en que entró a la Municipalidad".
"Cuando uno tiene un cargo político (…) tu entras a trabajar sabiendo que en cualquier momento te puedes ir, esas son las condiciones", agrega.
Así mismo opina por su parte, Alejandro Aguilera (CS). "Los cargos que son políticos tienen que entender que cuando la confianza en las funciones se pierde, es legítimo dar un paso al costado, y quien encabeza un proyecto también tiene ese legítimo derecho de poder tomar esa decisión (…) hay cargos que perduran o se suprimen en función de esa confianza".
De esa manera, el edil comenta que "hay que mejorar la ley, en el sentido de que cuando hablamos de cargos de exclusiva confianza, lo principal es eso y nos los argumentos que se puedan dar a través de leyes laborales".
Y agrega que como Concejo Municipal evaluarán "en la justa medida respecto de los antecedentes que se entreguen y si es que eventualmente hay que llegar a una transacción judicial".
