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Alegatos por indultos: TC solicita más información para resolver requerimientos de inconstitucionalidad de la oposición

Por más de tres horas se extendió este jueves la instancia ante el Tribunal Constitucional, donde expuso la abogada Constanza Hube en representación de la oposición, y el abogado Raúl Letelier por el Mandatario.

16 de Marzo de 2023 | 16:00 | Redactado por Daniela Toro, Emol.
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Ministros del Tribunal Constitucional.

Aton
A eso de las 9.30 horas de este jueves, se desarrolló en la sede del Tribunal Constitucional (TC) los alegatos por los requerimientos de inconstitucionalidad que impulsó un grupo de senadores de oposición, en contra de parte de indultos otorgados por el Presidente Gabriel Boric el pasado 30 de diciembre de 2022.

Luego de la exposición de ambas partes que se extendió por más de tres horas, el Pleno del TC resolvió "decretar medidas para mejor resolver, de forma previa a la adopción del acuerdo, en los siete requerimientos de inconstitucionalidad deducidos por un grupo de honorables senadores y senadoras de la República, en relación a decretos supremos que concedieron indultos particulares". Dicha resolución, confirmaron desde el TC, "será dictada y notificada en el transcurso del día de hoy".

En concreto, la medida adoptada por el tribunal se refiere a la solicitud de ciertas diligencias o antecedentes que se estimen necesarios para que aporten más información y así poder adoptar una decisión.

Requerimientos de la oposición


En su exposición, el relator José Francisco Leyton, recordó que el pasado 26 de enero fue declarada la admisibilidad del recurso, con los que se busca revocar los indultos del ex frentista Jorge Mateluna y de otros seis de los 12 beneficiados, quienes tenían condenas en el marco del estallido social.

El argumento de fondo de los parlamentarios requirentes, apunta a que "la motivación de los actos administrativos es un requisito cuya fuente directa tiene a la Constitución exigiendo una fundamentación adecuada en el ejercicio de las potestades discrecionales". En base a esto, y según los requirentes, en estos siete casos se constata "ausencia de ponderación y racionabilidad por parte del Presidente de la República".

En segundo lugar, expresan que el otorgamiento de estos decretos impugnados "constituye una desviación de poder de parte del Presidente de la República"; en tercer lugar, que "se transgrede la igualdad ante la ley y la garantía de no discriminación arbitraria"; y cuarto, que se vulnera "lo previsto en el artículo 7° de la Constitución, en lo relativo a la exigencia de que sea, el Presidente de la República quien suscriba el decreto".

El expositor también detalló que las alegaciones que se advierten por parte del Ejecutivo, apuntan a que dichos decretos supremos estarían "debidamente motivados, conforme a las características especiales que dota este elemento en el caso de potestades discrecionales, como es precisamente la de conceder indultos particulares; segundo, que se está frente a un acto de Gobierno, en que la calificación del caso queda bajo la estimación subjetiva de la autoridad siendo suficiente la exteriorización de los argumentos que llevaron a adoptar la decisión".

En tercer lugar, se desprendió como alegación que "fueron comprendidos en todos los casos los fines propios de la institución del indulto, por lo que no se configura el vicio de desviación de poder y que estos decretos supremos que otorgan indultos sí persiguen fines determinados verificados en la consecución de la paz social; en cuarto lugar, que la concesión de indultos no supone una intromisión en el ejercicio de las facultades del Poder Judicial, pues se trata de una atribución que fue ejercida una vez que fue corroborada la existencia de una sentencia condenatoria y ejecutoriada; y finalmente, indica que no se vulnera la igualdad ante la ley".

Alegatos


En representación de lo senadores que impulsan el requerimiento, la abogada y militante UDI, Constanza Hube, planteó en su intervención una serie de preguntas que permitirían aportar a resolver la constitucionalidad -o no- de los decretos impugnados.

"¿Por qué se interponen estos requerimientos? La respuesta es simple. Una cosa tiene que ver con usar una determinada facultad, pero algo muy distinto es abusar de esa facultad (...) porque en Chile, ninguna magistratura, ninguna persona, puede atribuirse con pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derecho que los expresamente se establecen en la Constitución en la ley", sostuvo.

"En definitiva, el Presidente tiene la facultad de indultar, puede indultar a quien quiere, no le tiene que pedir permiso a nadie, es por esto, que sólo se le pide que cuando deje en libertad a un condenado por delitos tan graves como el caso del señor Mateluna, o con evidente perfil criminógeno, como el señor Castillo o el señor Rojas, explique por qué lo está haciendo, porque eso no consta en los decretos impugnados".

Constanza Hube, abogada y militante UDI
En tanto, dijo que los requerimientos no cuestionan las facultades generales del Presidente de la República para poder otorgar indultos, ni tampoco "la legalidad o mérito de los decretos supremos". Por el contraste, explicó que en rigor lo que se busca impugnar, son "estos siete decretos supremos específicos en virtud de transgresiones de disposiciones constitucionales que están claramente identificadas".

En tercer lugar, planteó la disyuntiva sobre si "nos encontramos frente a un ejercicio discrecional o un ejercicio arbitrario" de la facultad presidencial, y para ello, lo clave es revisar si los siete decretos supremos "están o no fundamentados", y subrayó que el ejercicio de la facultad discrecional del Presidente, "cuenta con límites constitucionales establecidos"; de lo contrario, sin fundamentos, sería "un mero capricho".

"¿Están fundamentados estos requerimientos impugnados?, preguntó Hube. Y siguió: "no se advierten antecedentes de hecho, de derecho, ni conexión entre ambos que permitan sostener que nos encontramos frente a actos administrativos fundados".

"Revelador es en este sentido el caso del señor Mateluna, porque el decreto impugnado no sólo no está fundamentado, no solamente se pretende por parte del Gobierno fundamentarlo con posterioridad a la dictación de los decretos, sino que, además, la verdadera motivación con el señor Mateluna viene entregada por el Presidente a través de declaraciones de prensa", agregó la abogada.

En ese sentido, Hube citó al Mandatario, cuando éste señaló el pasado 2 de enero, que "tengo la más profunda convicción de que en el juicio a Jorge Mateluna hubo irregularidades (...) tengo la plena convicción de la inocencia de Jorge, y por eso hemos llevado adelante este indulto". Según la abogada, lo que se desprende de los dichos del Mandatario es que la razón por la que se indultó a Mateluna tuvo que ver "con la convicción de que es inocente; esa es la motivación. Es la convicción más íntima por parte del Presidente".

En esa línea, dijo que los dichos son relevantes "porque no sólo se está criticando el actuar de la justicia, sino porque también se pretende corregir a la justicia; la verdad es que esto último es bastante grave, porque está quebrando un principio básico de la democracia".

Hube también subrayó que la situación es grave porque tiene que ver con el "quebrantamiento de la condición constitucional de la separación de poderes". Y por último, argumentó que la vulneración con el derecho ante la igualdad de la ley se justifica porque "el indulto no constituye un derecho, sino que es una prerrogativa que tiene el Presidente, y a través de los decretos impugnados se le concede una gracia especial a ciertos condenados; en la práctica, se les libera. Pero el resto de la población penal no tiene acceso a estos indultos, en tanto que para tener ciertos beneficios penitenciarios, deben cumplir con las reglas establecidas o cumplir su pena rigurosamente".

Por último, Hube tildó como grave que el Gobierno invocara la "razón de Estado" para justificar los decretos, la que "no está explícita en los decretos impugnados". "En definitiva, el Presidente tiene la facultad de indultar, puede indultar a quien quiere, no le tiene que pedir permiso a nadie, es por esto, que sólo se le pide que cuando deje en libertad a un condenado por delitos tan graves como el caso del señor Mateluna, o con evidente perfil criminógeno, como el señor Castillo o el señor Rojas, explique por qué lo está haciendo, porque eso no consta en los decretos impugnados", cerró Hube.

Consejo de Defensa del Estado


El abogado del Consejo de Defensa del Estado, Raúl Letelier, fue el encargado de representar al Presidente Gabriel Boric y del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

En su intervención, el abogado explicó que "los requerimientos interpuestos se refieren a dos tipos de indultos; el primer grupo es que beneficia a distintos condenados, en lo que se ha llamado 'estallido social', y el otro, que constituye un caso, beneficia al señor Jorge Mateluna, por un delito distinto y contexto diverso", y afirmó que la alegación de los requirientes es "mezquina" en el análisis de los "argumentos expresos" que justificarían los indultos.

En el caso de los indultos del estallido social, el abogado afirmó que el fundamento expreso apunta a "la necesidad de superar una crisis política e institucional en la cual se generaron hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos, que exigen la adopción de acciones extraordinarias, que permitan restablecer la paz social. Y que el nivel de conflictividad del país configuró un contexto excepcional, enmarcado en masivas manifestaciones públicas, y en ese contexto, con el objeto de propender a la cohesión social, el reencuentro nacional y mirar hacia el futuro con mayor dignidad y paz, es que se conceden estos indultos".

Asimismo, acusó a la contraparte por creer que "sólo las razones humanitarias pueden fundar un indulto, y eso es incorrecto (...) parece que el único argumento que sirve son razones de salud del condenado, pero este argumento restrictivo es improcedente".

En esa línea, el abogado enumeró una serie de razones por las que se pueden aplicar los indultos y la "práctica histórica" en esta materia, como: "formas de resolver un problema en la legislación, como una forma de crítica a la proporcionalidad de las acciones, como una forma de resolver un problema legislativo injusto (...); a veces, como política pública carcelaria; como forma de reinserción social; como una expresión de misericordia, y este es el caso clásico de razones humanitarias o de salud; como expresión de perdón político, luego de crisis políticas".

En el caso del indulto a Mateluna, el abogado del CDE sostuvo que la parte opuesta acusa de arbitrariedad, "pero nunca se detiene a analizar el texto del decreto". Por eso, señala que en éste "se alude a un informe favorable del tribunal de conducta del CEP Colina 1, en orden a conceder este beneficio, considerando que el condenado presenta informes psicosociales positivos y no hay ningún inconveniente de que pueda reinsertarse en la sociedad".

El documento del decreto de indulto, dijo Letelier, también hace alusión expresa "al informe social, también positivo, de fecha 5 de septiembre de 2022, que indica el bajo compromiso delictual del condenado; la existencia de una red de apoyo estable como referente de contención socioemocional; recursos personales y económicos ante una eventual puesta en libertad. Este informe es emitido por un asistente social experto en materias forentes y sustenta, de alguna manera, su informe en un documento previo a la realización de estos informes, que es el manual de indultos de Gendarmería".

Asimismo, apuntó a que también se hace referencia a un informe psicológico favorable de Mateluna; control de conducta positivo; se hace referencia a los informes educacional y de actividad laboral. Estos fundamentos, subrayó el abogado "no son extraños a la historia de los indultos. Esta no es una cuestión que recién ahora se haya colocado en los indultos. Con esto, se da cuenta que detrás de ambos decretos -estallido social y Mateluna- están suficientemente fundados, y detrás de ellos hay un proceso lógico y fundado que los justifique".

En cuanto al argumento de la contraparte por un eventual intento de ejercer una "amnistía general encubierta", Letelier sostuvo al respecto que todas las razones en los indultos particulares "siempre pueden ser consideradas como universalizables".

Consultas de los ministros


Luego de las intervenciones de ambos abogados, el ministro Letelier consultó a Hube las razones por las que seis de los 13 indultos entregados no fueron impugnados, mientras que a abogado del CDE se le consultó si hay otras solicitudes de indultos por parte de condenados en el contexto del estallido social.

Hube sostuvo que efectivamente se había analizado la "arbitrariedad de los 13 decretos supremos, finalmente se tomó la decisión de impugnar estos siete, en base a que la arbitrariedad era más evidente. Se trata de casos calificados, de personas que ya habían sido indultadas previamente y, como es de público conocimiento, habían tenido condenas previas".

Por su parte, el abogado del CDE confirmó que "hay una petición (de indulto) en actual tramitación que no ha sido resuelta, sólo una", aunque no entregó detalles al respecto.

El jurista también fue consultado por las razones por las que en el caso del indulto a Mateluna no se considera la justificación de "paz social" para otorgar el beneficio. En esa línea, Letelier subrayó que se trata de "dos grupos distintos" -estallido y Mateluna-, y en el caso en particular del ex frentista, "las razones aluden a reinserción social, buena conducta, perdón a sus acciones, de informes psicológicos correctos, valoración prospectiva positiva acerca de un compromiso delictual futuro, razones sobre actividad laboral y profesional que realiza".

En tanto, la presidenta del TC, Nancy Yáñez, consultó a Hube por las razones por las que planteó en su requerimiento que los informes que se citan en los decretos "son vagos". Frente a ello, la abogada representante de los parlamentarios respondió que "el tema general pasa porque en el expediente, en lo que se señala en los decretos, se basa en atecedentes generales, como tema educacional, de salud, informe social, pero no da cuenta cómo esos antecedentes se ajustan a lo que sería una razón de Estado o de interés general. No se hace una conexión lógica".

Asimismo, subrayó que en este caso no está presente la figura de indulto general, sino que "indultos particulares", por lo que "si usted analiza, los considerando cuarto y quinto de todos los decretos de indulto dicen exactamente lo mismo, no cambia ni una coma. ¿En qué sentido estamos hablando de indulto particular si los considerando son cortados y pegados en una situación y en la otra?", cerró Hube.

En respuesta, el abogado Letelier sostuvo que, precisamente el hecho de que los considerandos estén en todos los decretos de indulto, "son precisamente los que los fundan; eso es bastante sencillo de comprender. Parte importante de consideración de todos los decretos es qué opina el tribunal de conducta de los recintos carcelarios, la proyección de la conducta de los condenados a futuro, etc. El que esté repetido, es que estas son las razones que se esgrimen en los indultos".
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