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Normas transitorias del anteproyecto contemplan promulgar al menos 20 nuevas leyes en uno a 5 años

En el documento elaborado por la Fundación Jaime Guzmán, a petición del comisionado Máximo Pavez (UDI), se da cuenta de iniciativas que van desde la integración del Congreso Nacional, hasta la nueva gobernanza del Poder Judicial.

12 de Junio de 2023 | 16:06 | Por María Cristina Romero, Emol
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El Mercurio/ Archivo.
En total son 20 las nuevas leyes que están contempladas en las normas transitorias, en caso de que se apruebe el anteproyecto de nueva Constitución elaborado por la Comisión Experta. Texto sobre tendrán que trabajar los 50 consejeros constitucionales, cuyas funciones comenzaron la semana pasada.

El detalle de las iniciativas de ley es parte de una minuta de tres páginas elaborada por la Fundación Jaime Guzmán bajo el título de "Cronograma establecido por las normas transitorias", y la cual fue encargada por el comisionado Máximo Pavez (UDI) a la institución.

En el documento al que tuvo acceso Emol se señala que "las normas transitorias contemplan expresamente 20 nuevas leyes a las que el Congreso se enfrentará dentro de un plazo preestablecido, de aprobarse el anteproyecto. De ellos, 13 son proyectos de ley que deberán ser presentados, muchos de ellos por el Presidente; y 7 son proyectos que el Congreso debe haber aprobado".

En el texto de la Fundación además se menciona que esto es "sin contar las decenas de otras leyes que deberán ser adecuadas. pero para lo que no se establece plazo expreso en el texto".

De esta forma, se señala que dentro del plazo de 1 año desde la aprobación de la nueva Carta Fundamental, se deberían presentar -según el anteproyecto-, cuatro proyectos de ley. Primero, para adecuar la ley del Congreso Nacional para la creación de la Oficina Parlamentaria de Finanzas Públicas y también para fijar la integración del Congreso Nacional (su sistema electoral).

Asimismo, se señala que sólo por el Presidente de la República, se debería avanzar en identificar los servicios funcionalmente autónomos o independientes y en aquella que regula la responsabilidad administrativa para la creación del Tribunal de Cuentas.

En el mismo plazo, el Congreso deberá aprobar dos proyectos de ley: Para adecuar la Ley 19.640 del Ministerio Público, para incluir la Fiscalía de Alta Complejidad, la Fiscalía de Asuntos Internos y el Consejo Consultivo del Ministerio Público y para crear el Servicio de Acceso a la Justicia y Defensoría de las Víctimas.

Dentro de un plazo de 18 meses, en tanto, el Presidente deberá presentar un proyecto de ley para adecuar la Ley 18.425 sobre estados de excepción.

En el mismo tiempo, el Parlamento deberá aprobar 4 proyectos de ley, relacionadas a la nueva gobernanza del Poder Judicial. Como serán para regular el órgano encargado de la administración interna del mismo (Corporación Administrativa del Poder Judicial); el dedicado a la función disciplinaria (Fiscalía Judicial); el órgano sobre la formación de los integrantes del Poder Judicial (Academia Judicial) y respecto a la integración de los tribunales superiores por ministros suplentes.

En el plazo de dos años, en tanto, se tendrán que presentar cuatro proyectos de ley para configurar el nuevo régimen de empleo público. Y sólo por el Presidente: para regular las acciones de protección y amparo; para regular el estatuto especial de gobierno y administración del archipiélago de Juan Fernández y para regular el estatuto especial de gobierno y administración de la isla Rapa Nui.

El Congreso también tendrá que aprobar una iniciativa para regular el órgano encargado de los nombramientos dentro de los integrantes Poder Judicial (Comisión de Nombramientos Judiciales).

Finalmente, dentro del plazo de 5 años, el Presidente deberá presentar cuatro proyectos de ley: Para establecer los mecanismos de cumplimiento de las sentencias dictadas por tribunales internacionales cuya jurisdicción Chile reconoce; regular las reclamaciones hechas ante los colegios profesionales, sobre las conductas éticas de sus miembros; establecer los mecanismos y casos de la revocación de la nacionalización por gracia y regular el funcionamiento de los tribunales comunales.
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