En un fallo unánime, la
Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la prisión preventiva del exalcalde de Vitacura Raúl Torrealba, quien fue formalizado el 15 de junio pasado por asociación ilícita, fraude al fisco, delitos tributarios y lavado de dinero.
El monto comprometido en la investigación de la fiscalía —que incluye la formulación de cargos contra otros cinco exfuncionarios— asciende a cerca de $766 millones, provenientes de subvenciones municipales e ingresos por concesiones de espacios publicitarios y una piscina, a las corporaciones Vitaemprende, Vitadeportes o del Consejo Local de Deportes.
"Lo cierto es que se encuentra acreditado que, a la fecha de comisión de los ilícitos, el imputado tenía la calidad de funcionario público, desempeñando el cargo de alcalde la Ilustre Municipalidad de Vitacura, de manera que se ha afectado la recta administración de la función pública, en desmedro de la comunidad a que dicha entidad presta servicios y, además, al patrimonio fiscal", establece la resolución de la Corte capitalina.
A juicio del tribunal de alzada "la necesidad de cautela se satisface en este caso únicamente con la prisión preventiva del encausado, atendida la pluralidad de los hechos que se le atribuyen, la gravedad de las penas asignadas a los mismos, algunos de ellos con pena de crimen, el carácter de aquellos y su forma de comisión, todo lo que conduce a concluir que la libertad del encausado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad".
A lo que se suma, de acuerdo al fallo, que "la 'gravedad' como criterio rector del artículo 140 letra c) del Código Procesal Penal, no solo está determinada por la entidad de la pena, sino también por la forma de comisión de los ilícitos atribuidos al imputado y, especialmente en este caso, por los bienes jurídicos protegidos que se han visto quebrantados por la conducta ilícita que se imputa a un quien se desempeñó por más de dos décadas como la máxima autoridad edilicia de la comuna de Vitacura".
De esta manera, el exalcalde Torrealba, por ahora, deberá permanecer en el Anexo Capitán Yáber.
La decisión fue adoptada por las ministras Paola Hasbún y Elsa Barrientos, además del abogado integrante Óscar Torres.
