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Contraloría rechaza recurso de gobernadora de Coquimbo y mantiene la sanción de suspensión por tres meses

La defensa de Krist Naranjo argumentó que la investigación adolece de falta de objetividad y que la labor del instructor se ha enfocado en perseguir a la autoridad regional, haciendo caso omiso de pruebas que podrían exculparla.

30 de Octubre de 2023 | 19:34 | Redactado por F. Fernández
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El Mercurio
La Contraloría Regional de Coquimbo rechazó el recurso de reposición interpuesto por la gobernadora regional de Coquimbo, Krist Naranjo. Con esto, la entidad ratificó la suspensión por tres meses de su cargo y la reducción del 50% de su remuneración mensual por el mismo periodo de tiempo, sanción impuesta el pasado 22 de agosto por el mal uso del vehículo fiscal.

La gobernadora fue acusada ordenar a los conductores de los vehículos fiscales que la trasladaran a actividades de carácter particular en supermercados, clínicas y centros comerciales, durante 2021 y 2022.

Además, se le acusó de permitir que su hijo utilizara dicho vehículo para ser trasladado a distintos lugares.

Según el documento dado a conocer por Contraloría, la defensa de Naranjo señaló que estas acusaciones carecen de fundamento, sosteniendo que la gobernadora "no instruyó el uso del vehículo fiscal con fines personales y que cualquier error en este sentido no implicaría una violación grave del principio de probidad administrativa".

En cuanto al segundo cargo, relacionado con los viajes realizados mientras ella era trasladada a sus labores diarias en compañía de su hijo, la defensa argumentó que no se observa antijuricidad en esta conducta y que, en caso de existir una falta administrativa, no sería de gravedad tal como la describe el investigador.

La defensa también alegó que la investigación adolece de falta de objetividad y que la labor del instructor se ha enfocado en perseguir a la autoridad regional, haciendo caso omiso de pruebas que podrían exculparla.

Asimismo, se argumentó que la sanciones impuestas carecen de razonabilidad y proporción, ya que muchos de los hechos imputados no se encuadran razonablemente como infracciones graves al principio de probidad administrativa.

Ante esta resolución de la Contraloría, la gobernadora regional ha interpuesto un recurso de apelación que será remitido a la Corte Suprema para su revisión. Esta nueva instancia decidirá si la sanción impuesta es procedente o si se requiere un nuevo análisis del caso.


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