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La extraña situación del ex delegado del Ñuble: Ejerció el cargo sin que Contraloría tomara razón

Si bien para asumir el puesto es necesario que exista un decreto de nombramiento, este fue ingresado recién el 12 de abril de este año, cuatro meses después de su asignación.

10 de Julio de 2024 | 06:05 | Por T. Fischer, Emol
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Múltiples dudas surgieron tras la renuncia del delegado presidencial de la Región del Ñuble, Anwar Farrán, el lunes pasado, quien había asumido hace aproximadamente siete meses, el 1 de diciembre de 2023.

Su desvinculación encendió -nuevamente- las alertas de los parlamentarios UDI, el senador Gustavo Sanhueza y la diputada Marta Bravo, quienes cuestionaron la legalidad de su designación.

La incertidumbre comenzó cuando Farrán recién asumió. Mediante tres oficios de 2023, los parlamentarios solicitaron a la Contraloría que se pronunciara sobre la legalidad del nombramiento, dudando acerca de si el delegado cumplía o no con todos los requisitos establecidos, particularmente el que exige haber residido durante dos años en la zona.

La respuesta de Contraloría llegó en marzo y sorprendió a los parlamentarios: No existía resolución alguna que acreditara a Farrán como delegado de la región.

En específico, mediante el oficio N°463016, desde Contraloría informaron que "el acto administrativo en cuestión (decreto de nombramiento) aún no ha sido ingresado a esta institución fiscalizadora, para su pertinente control preventivo de legalidad".

Las dudas se acrecentaron el 31 de mayo, luego que el ente fiscalizador rechazara una solicitud de autorización que realizó el mismo delegado.

Según precisó la Contraloría en el oficio al que accedió Emol "no resulta posible acceder a lo requerido, por cuanto no consta en los registros que obran en poder de esta Entidad Fiscalizadora, algún decreto o resolución de nombramiento, tomado razón o bien en trámite, que vincule al señor Farrán Veloso como funcionario de esa repartición pública".

Desde la Subsecretaría del Interior aseguraron a Emol haber enviado un decreto a Contraloría por el nombramiento de Anwar Farrán como delegado presidencial de Ñuble el 12 de abril de 2024, un mes y medio antes del segundo oficio del ente fiscalizador.

Los legisladores UDI sostuvieron que "los dos pronunciamiento de Contraloría dan cuenta que nunca existió algún decreto o resolución que confirmara al señor Farrán como delegado por Ñuble".

"El nombramiento de una autoridad requiere pasar por un examen de legalidad, porque existen requisitos que la persona debe cumplir. Sin embargo, en esta ocasión, o el ex delegado no cumplía con dichas exigencias, o el Ministerio del Interior nunca tramitó el decreto, ambos casos serían extremadamente graves", comentaron.

Caso anterior


A lo anterior se suma que para el nombramiento de quien estuvo en el cargo previo a la llegada de Farrán, Gabriel Pradenas (octubre de 2022), el Ministerio del Interior habría presentado el decreto en enero de este año, cuando ya no se encontraba en el cargo.

Producto de aquello, el ministerio encabezado por Carolina Tohá fue advertido por la Contraloría, ya que dicha tardanza implicaba una "infracción al artículo 3°" de las Bases Generales de la Administración del Estado y una "contravención" al artículo 7° de la ley que rige los procedimientos, solicitando que "en lo sucesivo, esa cartera deberá remitir los actos administrativos dentro de un tiempo prudente".

Negligencia


Así las cosas, los parlamentarios del gremialismo calificaron como "fundamental" la respuesta que emita el organismo, considerando los documentos y resoluciones que pudo haber firmado Farrán durante los siete meses que ejerció como delegado presidencial por Ñuble.

Bravo y Sanhueza apuntaron directamente al Ministerio del Interior al asegurar que "estarían avalando un grave acto de ilegalidad en nuestra región, pese a que desde un inicio les advertimos todas las irregularidades que rodeaba esta designación".

Finalmente indicaron que, de comprobarse que el ex delegado se desempeñó durante siete meses sin estar ratificado, "firmando una serie de documentos y adoptando un conjunto de decisiones, las autoridades a cargo del Ministerio del Interior tendrán que asumir todas las responsabilidades, tanto políticas como jurídicas", ya que "estaríamos frente a una negligencia inexcusable, donde cualquiera podría poner en entredicho la legalidad de los actos en los que participó el ex delegado", concluyendo que lo anterior es "la muestra de la absoluta desidia con la que las autoridades tratan a nuestra región".
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