La próxima semana, la Comisión de Trabajo del Senado despachará la reforma al sistema de pensiones, que lleva más de dos años en discusión en el Congreso Nacional. Así lo anunció el presidente de la instancia, Juan Antonio Coloma (UDI), con el objetivo de cumplir con el plazo acordado entre los legisladores y el Ejecutivo para votar la iniciativa en el hemiciclo de la Corporación este mes.
El Gobierno tendrá hasta el próximo lunes a las 12:00 horas para presentar las indicaciones al proyecto. Posteriormente, el miércoles y jueves, se someterá a votación por parte de los miembros de la comisión. Sin embargo, cumplir con el plazo y proceder a la votación no garantiza que se haya llegado a un acuerdo, como ha señalado en reiteradas ocasiones la oposición.
Aunque Coloma descartó que exista una negociación permanente y afirmó que los datos ya están sobre la mesa para proceder con la votación una vez ingresadas las indicaciones, los próximos días serán clave para determinar si se alcanzará un acuerdo transversal sobre el tema.
En este contexto, la oposición ha perfilado el rol de cada uno de los legisladores integrantes de la comisión para enfrentar la recta final de las discusiones. Si bien el documento que presente La Moneda será relevante, las declaraciones e interpelaciones jugarán un papel crucial para avanzar en la tramitación.
Luciano Cruz-Coke (EVO)
En la última sesión (del miércoles), quedó en evidencia que el senador Luciano Cruz-Coke (EVO) se mantendrá en confrontación con La Moneda. Antes de ingresar a la sesión, el legislador de Evópoli fue el único en volver a criticar el tono con el que el Presidente Gabriel Boric intervino en el debate previsional, y se mostró menos optimista sobre la posibilidad de avanzar en acuerdos tras la intervención del Mandatario. Mientras tanto, otros legisladores destacaron la necesidad de hacer esfuerzos para llegar a un entendimiento y cumplir con los plazos acordados.
Más tarde, Cruz-Coke (EVO) volvió a emplazar al Ejecutivo y pidió postergar el aumento de la PGU de los actuales $214 mil a $250 mil pesos. "Todos somos conscientes de que esta discusión está atravesada por la opinión pública y también por el asunto político-eleccionario", señaló.
En esa línea, estimó que si el aumento se promulgara en marzo, se haría efectivo cerca de octubre, es decir, en pleno período electoral. "¿Hay alguna forma de evitar eso? (...) Se podría alejar o eventualmente impulsar que se pague a partir de la elección. Porque si no, yo temo que esto va a terminar politizado, y creo que es lo que hay que evitar", advirtió.
La solicitud del legislador, que reflejaba una preocupación de la oposición, fue rechazada por la ministra del Trabajo, Jeannette Jara.
Juan Antonio Coloma (UDI)
Por su parte, el presidente de la comisión, Juan Antonio Coloma (UDI), ha subrayado su compromiso de cumplir con lo acordado en agosto pasado y despachar la reforma en enero.
Su objetivo es claro, haya o no acuerdo en la materia, como líder de la instancia, aseguró que se someterá a votación. De hecho, así comenzó su intervención ayer en la comisión: "Despachar no es lo mismo que acordar".
El legislador ha reiterado insistentemente en las últimas horas su énfasis en cumplir con el plazo y despachar el proyecto. Además, destacó el gran esfuerzo realizado desde su sector para llegar a un entendimiento con el Gobierno, en respuesta a los emplazamientos del Presidente Gabriel Boric y del oficialismo, que acusan a la oposición de no ceder.
Coloma ha evitado entrar en detalles sobre los aspectos técnicos del proyecto, ya que considera que estos se resolverán durante la votación en particular la próxima semana. No obstante, destacó que "el 6% de la jubilación individual es decisivo. Generar una igualación de la jubilación entre hombres y mujeres a la misma edad y con el mismo ahorro es decisivo. Hacerse cargo de un mejor sistema de competencia es decisivo. Avanzar en fondos generacionales es decisivo".
Rodrigo Galilea (RN)
Aunque el senador de Renovación Nacional, Rodrigo Galilea, no participó en la última sesión antes de iniciar la votación en particular debido a su compromiso con una actividad de Icare, el legislador señaló que el colectivo que representa hará todos los esfuerzos posibles para llegar a un proyecto "que sea sustentable, que resuelva, al menos en parte, los desafíos que tiene nuestro sistema de pensiones en el área contributiva".
"También queremos hacer algunas mejoras en el tema de la PGU y mejoras también en el costo del sistema. Así que vamos a seguir trabajando", añadió Galilea.
Al poner sobre la mesa elementos técnicos y dar cuenta de conversaciones con el Gobierno y la oposición, Galilea manifestó que "en las conversaciones de reforma previsional lo que hemos procurado es hacerle mejoras al sistema y no entrar en dinámicas que empiecen a reinventar todo nuestro sistema".
"Creemos que la mejor manera para finalmente equivocarse en los propósitos y en la sustentabilidad de un sistema de pensiones es ponerse a inventar la rueda. Y por lo tanto, en esto creo que hemos encontrado eco también en sectores del oficialismo y de los ministros, este razonable equilibrio entre hacer mejoras pero también respetar lo que ha funcionado bien hasta el día de hoy en nuestro sistema de ahorro previsional", agregó.
Además de poner énfasis en buscar un "equilibrio", el representante de Renovación Nacional ha abordado aspectos más técnicos del proyecto en las últimas horas, sin cerrarse a un debate. Por ejemplo, fue consultado sobre la posibilidad de avanzar hacia una administradora o inversora de carácter público. En ese marco, Galilea dijo que "el tema de inversor público es un tema que ha estado arriba de la mesa muchísimos años. Yo, en particular, no me cierro a que ello pueda llegar a ocurrir. No se ha profundizado mayormente, pero si es que hay inversionista, un actor público, llamémoslo así una AFP pública, requiere toda una legislación especial adecuada a ello. Cuestión que hasta ahora no hemos profundizado".
