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exministro de Energía, Diego Pardow, enfrenta una acusación constitucional por su supuesta responsabilidad política en el error de cálculo que significó mayores cobros en las cuentas de la energía eléctrica.
La semana pasada, el Gobierno confirmó el financiamiento de la defensa del ex ministro, por lo que la Contraloría General de la República solicitó al Ejecutivo justificar este apoyo jurídico.
En paralelo, avanza la comisión revisora del libelo acusatorio, que ya citó al biministro de Economía y Energía, Álvaro García, y han escuchado voces de expertos en la materia.
Esta mañana, el abogado de Pardow, Francisco Cox, reconoció -en conversación con Tele13 Radio- que el actual "contexto político hace que la acusación constitucional sea más difícil".
En ese sentido, sostuvo que "viendo las sesiones de la comisión, cada persona que ha pasado por esa comisión ha explicado que es un tema sumamente técnico y que además no le cabe responsabilidad al ministro y que cualquier responsabilidad que le haya cabido ya se ejerció con su renuncia (...) porque sería responsabilidad política".
En esa línea, subrayó que existe un problema con el sistema: "les parece que los consumidores debieran estar más protegidos, que debiera haber mayor transparencia, pese a que es totalmente transparente, los datos son públicos", sin embargo, el contexto político hace más intrincado el escenario.
"Lo que se ve es que el contexto político (periodo electoral) no contribuye, obviamente, a un análisis reposado y jurídico sobre la sustancia de la acusación constitucional", precisó Cox.
A su juicio, lo que se observa en dicho contexto es "aparecer con ganas de apoyar a los consumidores versus las compañías o el Gobierno que supuestamente no habría hecho la pega, cuando sí se hizo".
"AC va en contra de los principios"
En su análisis del libelo acusatorio, Cox comentó que "lo que está pidiendo la acusación constitucional va contra justamente, de los principios que invoca la acusación constitucional".
"Lo que se le está pidiendo al ministro es que él corriera nuevamente todo el modelo con números propios. ¿Puede realmente un ministro, con su gabinete, hacer esa revisión? Me parece que es absurdo y desproporcionado pedirle eso".
Francisco Cox, abogado
En ese sentido, explicó que la acusación constitucional "invoca la eficiencia y la eficacia del poder administrativo para resolver estos problemas. Pues bien, hay un órgano técnico, que es la CNE, la Comisión Nacional de Energía, que son los que saben de este tema, y donde se produce el primer error: se traslada de una metodología del 2017 a lo que es la que no se nota mayormente antes porque están congelados los precios, las tarifas, el aumento de precios, y es el órgano técnico es el que elabora este precio tarifario".
Pero a juicio de Cox, "lo que se le está pidiendo al exministro es que intervenga en ese proceso técnico (...) y a mí me parece que justamente pedirle a la autoridad política que se meta en algo tan técnico es bastante riesgoso".
En esa línea, apuntó a "incentivos perversos" en contexto de periodo electoral "para congraciarte con la ciudadanía". Por eso mismo, "hay un principio de deferencia y se desconcentra esa función y el órgano en la toma de decisiones técnicas es bastante autónomo. Y la supervisión tiene que ser más bien de coordinación".
"Entonces, lo que se le está pidiendo al ministro es que él corriera nuevamente todo el modelo con números propios. ¿Puede realmente un ministro, con su gabinete, hacer esa revisión? Me parece que es absurdo y desproporcionado pedirle eso", subrayó.
