Después de la reforma procesal penal, muchos levantaron la voz para decir que el siguiente paso debía ser la reforma a la justicia civil, considerada anacrónica y discriminatoria con los sectores de menores recursos.
Y en ese flanco, varios disparan contra las Corporaciones de Asistencia Judicial, a las cuales se les acusa de estar superadas en trabajo y en manos de los egresados de derecho, quienes deben hacer sus prácticas profesionales obligatorias ahí si desean jurar como abogados.
Las autoridades de Gobierno están conscientes de estas falencias y muchos se han abierto a discutir los caminos necesarios. Alejandra Krauss, directora ejecutiva de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) metropolitana es una de ellas y está trabajando para ello.
Desde su cargo adelanta los desafíos de esta vital repartición y asegura que en el nuevo escenario planteado con las últimas reformas legales, las CAJ deben avanzar hacia la defensa de los derechos ciudadanos.
-Se acaba de reformar la ley sobre tribunales de familia, ¿crees que se siguen cifrando expectativas en ella en cuanto a eficacia y rapidez que no serán cumplidas?
“Tengo la impresión que la reforma ha tenido por objeto destrabar el colapso que se generaba en los tribunales de familia y nos traslada, ahora, de alguna manera, la carga de la defensa adecuada a las corporaciones. Sin embargo, creo que los problemas que más aquejan a los más pobres, a la gran mayoría ciudadana, no necesariamente se ve en conflictos de familia a resolver en los tribunales.
“Creo que la gran mayoría de los problemas jurídicos están en otras áreas”.
-Ustedes se verán sobrecargados. ¿Están preparados?
“Sin duda, porque estamos obligados a representar al demandado y al demandante.
“Estamos en el proceso de adecuarnos; estamos en un proceso de evaluación de las derivaciones que se nos hacen de los tribunales porque algunos técnicos dicen que la sobrecarga sólo será de un 30%. Sin embargo, por la experiencia de algunas corporaciones como la de Valparaíso, se ha confirmado que el doble patrocinio ha significado un aumento del trabajo en un 80%. Cuando tengamos esa evaluación, vamos a poder actuar, porque hay lugares donde se tienen respuestas casi inmediatas y en otras, como Maipú, Puente Alto, La Florida, tenemos colapso”.
-Se plantea la reforma al sistema de las CAJ en todos sus ámbitos, como recursos y tipo de profesionales.
“Creo que hay mitos respecto de la orgánica de las corporaciones que es importante despejar. Efectivamente tenemos que transformarnos en un servicio público con presencia nacional (hoy hay cuatro corporaciones que se dividen en zonas geográficas del país) y debemos responder a los requerimientos del tercer milenio.
“Las corporaciones nacen al alero del Colegio de Abogados y en 1981 se transforman en lo que son hoy; no ha existido una inversión mayor de recursos, ni infraestructura; por ejemplo, no estamos en red, no tenemos PC para todos los funcionarios, cuestión que impide que prestemos un servicio eficiente y oportuno.
“Pero también, desde hace tres años se inició un proceso de profesionalización con ocasión de la reforma a la ley de familia y hoy, en prácticamente el 78% de las audiencias que se realizan en los tribunales comparecen abogados y no postulantes (practicantes). Hace 10 años, efectivamente las corporaciones sustentaban su trabajo en los postulantes, pero, desde hace 3 años existe un protocolo de atención y en la Región Metropolitana tenemos una planta de 110 abogados para materias de familia con jornada completa. No es valedero afirmar lo anterior, es un mito que el servicio sea prestado fundamentalmente por postulantes, aunque la ley nos obliga a recibirlos en sus prácticas”.
-¿No es medio arcaico eso ya?
“Creo que lo arcaico es que no estamos respondiendo a una formación profesional acorde a los tiempos. Hoy, no todos los abogados van a ser litigantes, se tienen muchos otras áreas de desarrollo y hay perfiles de escuelas de Derecho que suponen formación en otras áreas. Por eso, en el mes de julio instalamos una mesa de trabajo en conjunto con la gran mayoría de las Facultades de Derecho y el Ministerio de Justicia con el objeto de hacer un estudio sobre la práctica profesional y ver qué nuevas alternativas hay respecto del mercado laboral”.
-La creación de la Defensoría Nacional Pública a ustedes los liberó de los juicios penales. ¿Esto puede retrasar una mirada sobre las CAJ?
“No lo creo, muy por el contrario. Creo que, producto de que ha sido exitosa la Defensoría Pública, existe la percepción de la urgencia de transformar a las corporaciones en un modelo similar. Ahí existe, sí, una objeción respecto del modelo de gestión de parte de las distintas CAJ, que creemos que el modelo utilizado en la Defensoría no es replicable para materias de familia ni laboral”.
-¿Persiste una mirada ingenua respecto de cuánto cojea la justicia civil?
“Creo que hay un consenso en cuanto a que en la justicia civil existe una deuda; hay procedimientos arcaicos, demoras tremendas. Tenemos la convicción de que se debe agilizar la modificación de los procedimientos, lo que supondría una descarga para las corporaciones, porque probablemente muchos procesos se podrán llevar por vía administrativa, como las cobranzas judiciales”.
-¿La existencia de las CAJ es una muestra de la discriminación de los más pobres? O, ¿los recursos no importan cuando los trámites son igual de lentos para todos?
“Tengo la impresión que, cada día, con las reformas en marcha, se ha ido equiparando esta inequidad que existía entre lo que significa la atención con un abogado de la corporación versus un abogado particular. Tengo la impresión que la experiencia acumulada por los abogados de la CAJ, especialmente en familia, no la encuentras en un abogado particular. Piensa en la cantidad de audiencias a las que va un abogado de la corporación en el mes; no hay ningún estudio jurídico que tenga eso acumulado”.
-¿Dónde está hoy la inequidad en el acceso a la justicia para las personas que no tienen recursos?
“Creo que hay áreas de conflicto jurídico, que tienen los más carenciados, que no cuentan con defensa y no están siendo contempladas por el Estado. En esto están todos los derechos del consumidor; se tiene el Sernac, donde las personas recurren y constatan la infracción, pero después qué pasa, cómo se defienden de los servicios básicos, de las grandes tiendas. Cómo se defienden frente a un acto de la autoridad que también es ilegítimo”.
-¿Ustedes no pueden actuar?
“No hemos actuado porque tenemos especialización en familia, laboral, atención a víctimas. El gran desafío de las corporaciones es otorgar asesorías en esas áreas y debiéramos, en los próximos meses, iniciar proyectos pilotos para abordar esa gran demanda”.
-¿Una defensoría ciudadana efectiva ante los tribunales?
“Sí, esas son las mayores urgencias de equidad. Esos son los desafíos del tercer milenio y estamos todavía mirando la justicia basados en lo que ocurría en el siglo pasado”.
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Una ácida observadora de la política
