Ana María Celis: “(El protocolo) no está hecho para una caza de brujas”

 Sólo 48 después de darse a conocer el nuevo protocolo que seguirá la Iglesia Católica para investigar denuncias de abusos sexuales por parte de sacerdotes y religiosos, dos personas presentaron antecedentes que apuntan a conductas indebidas por miembros del clero.

El hecho sorprendió a los prelados, y de hecho monseñor Alejandro Goic reconoció días después que había sido un error dar a conocer las dos denuncias –aunque no se informó ni quien es el acusado ni quienes los denunciantes- indicando que los nuevos procedimientos buscan dar confidencialidad a las personas para que puedan acercarse a denunciar.

La abogada Ana María Celis, profesora de derecho canónico y directora del Centro de Libertad Religiosa de la UC, y ahora miembro del Consejo Nacional para la Prevención de Abusos contra Menores y Acompañamiento a las Víctimas cree que “es un signo de confianza” frente a cómo se ha obrado.

El protocolo anunciado, si bien es considerado un avance, hay quienes critican que no suba los estándares respecto a la denuncia de estos delitos, porque entre otros señala que quien tiene el derecho y por ende la responsabilidad de entregar los antecedentes a la justicia penal es la víctima y no los miembros de la Iglesia que se impongan de los hechos.

-¿Qué diferencia sustancial hay entre este protocolo y el que se había emitido en 2003?
“Fundamentalmente los conceptos de noticia y abuso cambian y quienes pueden tramitar las denuncias. Con esto se pensó descomprimir un poco la demora de las causas que se veía como algo negativo dentro de la tramitación. Además, va acompañado de lo que efectivamente es más relevante, que es la creación del Consejo que va a proponer políticas de acompañamiento a las víctimas y prevención”.

Explica que a nivel de noticias se acogerá toda información y en cuanto a quienes tramitarán ya no serán sólo los sacerdotes expertos en derecho canónico, que son pocos, sino que también puede ser un laico.

“Esto no está hecho para ser caza de brujas”, aclara porque si no se logra verificar las denuncias hechas, las investigaciones previas que ahora se hagan serán archivadas. “No creemos que haya una proliferación de denuncias anónimas o irresponsables”, agrega.

-¿Pero ustedes mismos plantean en el protocolo hacerse cargo de rumores?
“El protocolo dice que se pueden tomar como indicios para iniciar una investigación rumores continuos corroborados con otros antecedentes que lo ameritan. En esto nos quisimos hacer cargo de tanta gente que ahora dice que lo que pasaba (en el caso Karadima) se sabía. Bueno, ahora decimos ‘inspeccionemos’, y no sabemos cuál será el resultado de la investigación, pero por lo menos se dejó constancia”.

-¿Algunos critican que el protocolo establece sanciones a las denuncias falsas?
“Eso lo establece el Código de Derecho Canónico desde siempre y es un deber nuestro decir que es un delito canónico que se denuncie falsamente a alguien”

-¿No es un amedrentamiento?
“No, por el contrario, tiene que ver con la corresponsabilidad que se requiere para la investigación de estos casos, para que se inicien responsablemente. Las sanciones dependen de quienes hagan la denuncia falsa”.

-El protocolo señala que si el sacerdote admite la responsabilidad no se inicia una investigación. ¿No debiera ser esa la razón para precisamente realizarla porque se sabe que estas conductas son reiteradas y podrían haber otros casos?
“No somos una sociedad preocupada de tener los súper tribunales, somos una comunidad de fieles unidos por la misma fe y si la confesión del delito por parte del sacerdote puede ahorrar la otra parte, mejor.
“Lo que normalmente sucede es que cuando un clérigo confiesa, confiesa todos los delitos. Ahora, todo esto se envía a la Santa Sede y ella pueda determinar que se investigue si hubo otros”.

-Llama la atención que ustedes planteen que el responsable de hacer las denuncias ante la justicia penal es la víctima. ¿Por qué?
“Por respeto a la conciencia de las personas. Yo entiendo que cause sorpresa cuando en otros lugares del mundo son los delitos los que tienen obligación de ser denunciados como Estados Unidos, pero en nuestra legislación son ciertas personas las obligadas a denunciar y en el caso de la Iglesia, podría ocurrir cuando se trata de centros hospitalarios o entidades educativas.
“Si una persona ha concurrido a la Iglesia, sabiendo que también puede concurrir al Estado, no nos podemos imponer respecto de la voluntad de quien ya ha sido agredido y abusado; para nosotros sería un nuevo abuso el denunciar a la justicia penal si su voluntad no es esa. Se debe respetar que una persona se puede demorar años en denunciar y atreverse a ser expuesto como ocurre hoy”.

-Se les critica que se ciñeron al Código Penal en esto en vez de elevar el estándar respecto a los llamados a denunciar.
“El primer llamado de la Iglesia es respetar a las personas vulnerables y el acompañarlas puede ser el momento para que ellas encuentren la fortaleza para recurrir al Estado”.

-¿Ser conocedores de un delito no los convierte en encubridores?
“Para ser encubridores, primero, tiene que haber claridad de que existe un delito ante el Estado de esa naturaleza y eso tiene que ver con los medios de pruebas y nosotros acreditamos de una forma distinta a la del Estado. Lo segundo, que el encubrimiento dice relación con facilitar la fuga del responsable y eso lo cubrimos porque desde que se inicia la investigación le decimos al acusado que tiene que estar disponible para la justicia penal si lo requiere”.

-¿Qué va a pasar con la entrega de los antecedentes si son requeridos por la fiscalía? ¿La investigación eclesiástica está sujeta al secreto de confesión?
“El secreto de la confesión rige sólo en el ámbito del sacramento y no se puede equiparar al secreto profesional de los abogados. El que se resguarde la confidencialidad para las personas que recurren a nosotros es parecido al secreto profesional, pero a diferencia de éste no sirve ser relevado del mismo. Nosotros nos regimos por el ordenamiento canónico y creo que de a poco va ir quedando claro que hay una diferencia entre el ámbito temporal y el espiritual y que el Estado tiene capacidad de producir, a lo mejor mucho mejor que nosotros, sus propias pruebas.
“Lo que nosotros garantizamos es proteger la intimidad de las personas. Se cifran demasiadas expectativas en lo que son los procedimientos canónicos que a lo mejor en el ámbito estatal no serían utiles”.

-Se elaborará un listado de sacerdotes y religiosos que son apartados de sus funciones por estos hechos o afines. ¿Por qué no hacerla pública?
 “No está tan claro que se vaya elaborar, el Consejo recibió la instrucción de evaluar el tema. Y a diferencia de Estados Unidos donde todas las instituciones que trabajan con niños están obligadas a publicar el listado de los sancionados por abusos sexuales, en Chile no ocurre. Eso es algo que tenemos que ver y, eventualmente, no será de quien está investigado ni procesado, sino que sancionado”.

-¿Las denuncias hechas no se van a publicitar de manera de posibilitar que otros sumen antecedentes?
“Depende, tiene que ver con la conciencia de la víctima y el protocolo no se refiere a esto y habrá que ver caso a caso. Habrá que evaluar en qué fase del procedimiento se llega a saber del hecho, no es necesario que se sepa desde el momento en que se hizo la denuncia”.