Operación Puerto: UCI pide condena "ejemplar" que muestre compromiso contra dopaje

El abogado Pablo Jiménez de Parga, quien representa al organismo, habló de "el juicio contra el mayor entramado de dopaje en el deporte celebrado no solo en España, sino posiblemente en todo el mundo".

20 de Marzo de 2013 | 07:55 | EFE

MADRID.- El abogado Pablo Jiménez de Parga que ejerce la acusación en nombre de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en el juicio de la Operación Puerto ha pedido hoy una condena "ejemplar" para los cinco acusados que muestre el "compromiso" de las instituciones españolas contra el dopaje.

En su informe final, el letrado ha subrayado la relevancia pública del que ha llamado "el juicio contra el mayor entramado de dopaje en el deporte celebrado no solo en España, sino posiblemente en todo el mundo", y ha pedido a la magistrada Julia Patricia Santamaría que tenga en cuenta esta circunstancia a la hora de dictar sentencia.

"Ha llegado el momento de que todo el mundo sepa cual es la respuesta que da España a este tipo de conductas. Así se analizará la sentencia fuera de nuestro país, y no entenderlo así es cerrar los ojos a la realidad", ha señalado Jiménez de Parga.

Para el representante de la UCI, en los hechos enjuiciados concurren todos los elementos que hacen posible el dopaje, como el médico "que transgrede los principios más elementales de su profesión, guiado por el afán de lucro personal" y los responsables de los equipos que, con tal de conseguir éxitos deportivos y económicos, "pasan por encima de cualquier consideración ética (...) y de cualquier preocupación por la salud de los deportistas".

Concurre también, ha dicho, "la falsa excusa o autojustificación de que 'no somos los únicos, también lo hacen los otros'", que los deportistas se dan a sí mismos.

"Si algo ha quedado claro es que sí es cierto que aquí no están todos los que son, sí son todos los que están. Todos los que están sentados en el banquillo son culpables", ha asegurado el abogado, que ha recordado que si bien el dopaje no estaba tipificado como delito cuando ocurrieron los hechos, la actuación de los procesados sí estaba contemplada como punible en el Código Penal.

Así, ha agregado que la vista oral ha permitido acreditar una "pluralidad" de indicios que prueban que se cometió un delito contra la salud pública.

Entre ellos ha citado las bolsas de sangre y de plasma intervenidas; los medicamentos hallados en los registros, "muchos prohibidos en España"; las programaciones de deportistas encontradas, "llenas de diferentes símbolos y anotaciones manuscritas"; y las declaraciones de los exciclistas Jorg Jaksche, Tyler Hamilton y Jesús Manzano.

También se ha referido a los análisis de las bolsas realizados en el laboratorio antidopaje de Barcelona, que concluyeron que en al menos ocho de ellas había restos de EPO exógena -no producida por el propio organismo-; y a las intervenciones telefónicas, "que dejaron a la luz pública todas las referencias en argot dirigidas a ocultar la realidad de las sustancias utilizadas".

"Nos encontramos ante un programa sistemático de dopaje que no solo incluía las transfusiones, sino también la administración de sustancias prohibidas", ha concluido el abogado de la UCI, para quien traspasada la 'línea roja' de las autotransfusiones -que las autoridades deportivas prohíben- "carece de toda lógica" pensar que Eufemiano Fuentes no administraba también otros productos.

El letrado ha manifestado que si es cierto que tanto Fuentes como su socio el hematólogo José Luis Merino eran médicos en ejercicio, "ninguna de las autotransfusiones respondían a una justificación terapéutica", lo que constituye una "reprochable actuación profesional" que hace al facultativo canario merecedor de la inhabilitación profesional.

Jiménez de Parga también ha pedido que la sentencia contemple la agravante de precio, al estimar acreditado que Fuentes cobró por sus prácticas y que el dinero era "la causa motriz del delito".

Por último, ha defendido los procedimientos utilizados por la UCI en los controles antidopaje, que las defensas han intentado comparar durante el juicio con las prácticas de Fuentes, diciendo los más de 13.000 controles que la organización hace al año se someten a unas estrictas normas de procedimiento y cuentan con el consentimiento informado de los ciclistas.

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