SANTIAGO.- La diputada Laura Soto (PPD), junto a miembros del Comité de Inversiones del gobierno regional de Valparaíso, se reunió hoy con el contralor general de la República, Arturo Aylwin, para exigirle que inicie a la brevedad una investigación que aclare el daño patrimonial que sufrirá el Fisco, al obligarse a CORFO a pagar una deuda de $ 20.000 millones asumida por la Empresa Sanitaria de Valparaíso (Esval).
La parlamentaria dijo que "debe efectuarse una exhaustiva investigación que
aclare la existencia de tráfico de influencia en la firma de un extraño convenio entre la sanitaria y CORFO, que obliga a esta ultima a pagar una millonaria deuda de Esval, pese a que esta se encuentra en manos de capitales
extranjeros".
La diputada explicó que el hecho se remonta a 1996, cuando el entonces intendente de la V Región, Hardy Kniettel, demandó a Esval para probar que el
gobierno regional financió con fondos reembolsables, obras que significaron un
importante aumento en su capacidad de suministro de agua potable y de servicio
de alcantarillado, con el consiguiente beneficio patrimonial para la empresa.
