SANTIAGO.- La Comisión para la Cooperación Ambiental Chile-Canadá
anunció que la petición presentada por el Organismo No Gubernamental (ONG),
Fiscalía del Medio Ambiente (FIMA), en contra de la aprobación del proyecto
maderero Cascada Chile, de la X Región, cumple con los requisitos establecidos
en el artículo 14 N 1 del Acuerdo Bilateral, por lo que el proceso judicial
seguirá en trámite.
El presidente de FIMA, Fernando Dougnac, en representación de organizaciones
ambientales chilenas, expuso oficialmente el 27 de junio pasado la acción legal
en Ottawa, Canadá, ante el organismo internacional integrado por los Secretarios Nacionales de Chile y Canadá, por lo que calificó como falta de aplicación efectiva de la legislación ambiental del proyecto, que es uno de los más grandes en la historia de la explotación de especies arbóreas nativas.
"Este es un gran paso que busca defender nuestro patrimonio natural,
llevando adelante, el procedimiento establecido en el acuerdo bilateral suscrito en 1997, a objeto de que se ordene la realización de un Expediente de Hechos que establezca fehacientemente las acciones y omisiones de la autoridad que han desembocado en la aprobación de un proyecto que contraría flagrantemente nuestra legislación ambiental", afirmó Dougnac.
El asesor legal de FIMA, José Ignacio Pinochet, informó que el jueves
recibieron la notificación oficial del organismo integrado por Alvaro Sapag, en
representación del Secretariado Nacional de Chile, junto a su par canadiense
Jenna Mackay-Alie.
"Ambos Secretariados han declarado que la petición es apta para ser
conocida por el Comité Conjunto Revisor de Peticiones. Con ello ya hemos sentado un precedente. Al declarar la admisibilidad, ambos Secretariados han establecido que la petición ha sido acompañada de información y pruebas suficientes para su revisión y, también, que parece encaminada a promover la aplicación de la ley y no a hostigar a una industria", señaló Pinochet.
Trascendió además que, debido al contenido de la presentación y la completa
documentación acompañada, la autoridad chilena debió reconocer que la acción
jurídica cumple con los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo
14 N 1 del Acuerdo de Cooperación Ambiental Chile-Canadá, aunque para la
continuación del proceso sólo bastaba con el voto favorable de uno de los dos
Secretariados Nacionales.
En esta siguiente etapa, la petición de FIMA será remitida al Comité
Conjunto Revisor de Peticiones para su consideración, tal como lo solicitaron
los abogados.
La petición en su momento causó gran revuelo entre el empresariado nacional
y el Gobierno, que incluso debió pronunciarse al respecto, cuando la Directora
Ejecutiva de la Conama, Adriana Hoffmann, a quien le correspondía conformar la
Comisión bilateral, anunció en Ottawa, su inhabilitación del caso por sus
antecedentes de rechazo al proyecto, en la ONG Defensores del Bosque.
ANTECEDENTES
La petición, que tuvo la asesoría legal del abogado José Ignacio Pinochet,
fue presentada con el apoyo de diversas organizaciones comunitarias y
medioambientales que han manifestado su preocupación ante la creciente
destrucción de los recursos naturales nacionales.
Las entidades que suscriben la denuncia son la Alianza por los Bosques de
Chile, Comité Nacional Pro Defensa de la Fauna y Flora (Codeff), Sociedades
Sustentables, Red Nacional de acción Ecológica (Renace), y el Instituto de
Ecología Política (IEP). Además cuentan con el apoyo de la Asociación
Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), que integran ONGs de
defensa jurídica del ambiente en Chile, Perú, Colombia, Costa Rica, México,
Estados Unidos y Canadá; que incluye a las más importantes instituciones de este tipo den Estados Unidos y Canadá (Earthjustice y Sierra Legal Defence),
respectivamente.
A juicio de FIMA, el error de las autoridades chilena, es que la Corema de
la X Región aprobó el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) a pesar de que el mismo nunca evaluó su real impacto sobre el bosque nativo. Para esta ONG, "no se consideraron en el EIA los 69.039 kilómetros cuadrados que abarca la Región,
sino que sólo se consideraron 177 hectáreas, que son la superficie donde se
instalará la planta procesadora".
La FIMA argumentó que en el estudio presentado por la empresa, se muestra
claramente que el consumo de su principal materia prima será de 925 metros
cúbicos de madera nativa de característica pulpable al año, proveniente
exclusivamente del territorio de la X Región.
Esto significa, agregó, que requerirá cerca de 6.000.000 de troncos o
árboles, lo que, as u vez, equivale a la corta de más de 5.000 hectáreas de
bosque nativo al año. La planta usará un mínimo de 67% de la madera nativa que
reciba para elaborar 600.000.000 de pies cuadrados de paneles al año, y
dispondrá del resto para la elaboración de astillas.
La zona en cuestión ya ha sido severamente afectada por la industria
forestal y por el cultivo de árboles exóticos. Solamente el 20% del bosque
original permanece intacto, encontrándose además en ese bosque alguna de la
biodiversidad más rica que todavía existe en Chile.
La gravedad del caso, según la denuncia jurídica, es que dentro de los 20
años de vida del proyecto, cerca de 100.000 hectáreas de bosque nativo serán
destruidas y con ellas, especies que no han sido hasta el momento identificadas
por la ciencia.
Cascada-Chile fue propuesto por la Compañía Industrial Puerto Montt SA (CIPM
SA), conformada por la empresa norteamericana Boise Cascade Corp y la chilena
Maderas Cóndor SA, y tiene por objetivo la construcción y operación de una
planta astilladora y un puerto para grandes embarcaciones en la Bahía de Ilque,
al sureste de Chile en la X Región, con una inversión de US$ 180 millones.
El proyecto planea producir 500 mil toneladas de metros cúbicos de paneles
al año, utilizando casi todas las especies de bosque natural entre ellas, tepa,
laurel, arrayán y mañío, las que constituyen una riqueza enorme, sin capacidad
de renovarse.
A juicio de los expertos, la situación reviste gran interés, por cuento la
posición del gobierno es clave para la futura incorporación de Chile al Acuerdo
de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), que componen Estados Unidos,
Canadá y México.
Según el presidente de AIDA, Gustavo Alanís, <tienen por misión vigilar que sus socios cumplan cabalmente las disposiciones
internacionales existentes en esta materia, con el fin de resguardar que la
competencia comercial entre naciones se dé en términos leales. En este caso,
parece que se ha dado lo opuesto>>, concluyó.
