Aumenta polémica por nuevo Directorio de Zofri

Crece el tono de discusión en torno a la polémica generada por las acciones legales en contra del Estado por patrocinar la llamada Ley Arica II, que según algunos, traería nefastas concecuencias para Zofri. Los dardos apuntan principalmente al SAE, entidad estatal propietaria de más de 50% de la compañía.

31 de Agosto de 2000 | 10:08 | El Mercurio Electrónico
SANTIAGO.- (Especial para El Mercurio Electrónico, por Carlos Rojas L. corresponsal de Finanzasfacil.com Zona Norte) Como ya ha trascendido, el Directorio de Zofri fue removido el martes 29 en una agitada sesión extraordinaria convocada por el Sistema Administrador de Empresas (SAE), pero de la cual no se han comentado los términos y consecuencias que traerá para todo el régimen de inversiones en empresas donde el Estado y los privados comparten la propiedad.

Y esto deja perplejo a cualquier observador que esté debidamente informado del acontecer local y regional en Iquique, donde las presiones para desacreditar e impugnar la comentada Ley Arica II consiguieron la renuncia del Directorio que - en legitima defensa de los intereses de los accionistas y cumpliendo llanamente el mandato de sus obligaciones- había interpuesto en los tribunales la comentada demanda contra el Estado.

Este triste episodio, nos deja algunas lecciones que van mucho más allá de las "escaramusas" ya conocidas.

Por una parte, la movida dentro de la junta administradora por parte del SAE, demuestra que mantener el poder concentrado en manos de una entidad estatal que se mueve principalmente por premisas políticas, deja siempre abierta la puerta a llevar a fojas cero cualquier estrategia de gestión llevada por los Directores de dichas compañías, pues la mantención de Corfo con más del 50% de las acciones en ellas le asegura el rechazo de cualquier acción en que se pueda ver comprometido o amenazado el fisco.

Por otra parte, en este caso puntual de Zofri S.A., el SAE intento cubrir su irrupción con una cortina de humo de pseudo regionalismo, gestionando intensos "lobbyes" con autoridades gremiales y comunales de Iquique, a las cuales se les "vendió" la idea de que el propósito de dicha intervención pretendía defender los intereses de la ciudad y la misma Zona Franca, todo lo cual dejó más la sensación de "promesas" que de hechos concretos, pues se limitó a plantear sus intensiones, pero sin un plan de acción concreto y sólido.

En esa línea de acción, la nominación de Directores radicados en Iquique pretende darle un "sello regional" a la nueva administración, no obstante es sabido que la nominación de estas personas no garantiza el rigor técnico con que se debe manejar un negocio tan complejo como es Zofri, especialmente en el escenario de bajo rendimiento demostrado en los últimos 18 meses.

Llama la atención que ahora el SAE se muestre tan preocupado de la representación regional, no obstante paralelamente nominó a personas que están muy lejos de conocer y comprender la realidad local y las necesidades estratégicas de la empresa.

Precisamente la baja valoración accionaria de Zofri S.A. traerá consecuencias negativas en los resultados, cuya repartición por ley contribuye a las arcas fiscales de las 3 municipalidades de la zona, las que se verán negativamente afectadas en consecuencia.
En esta línea de análisis fue que el Directorio destituido planteó la necesidad de evaluar el impacto económico de la Ley Arica II y tras recibir el informe de la empresa encargada del estudio respectivo, concluyó que su deber orgánico y moral le obligaba a defender sus intereses patrimoniales afectados, tras lo cual interpuso la demanda la Estado.

Por lo anterior, resulta a lo menos sospechoso y muy difícil de sustentar el que SAE argumente que su interés no es más que la defensa de los intereses regionales, en tanto la menor contribución de la empresa (ciertamente afectado por los efectos futuros de dicha ley) al presupuesto municipal local, tendrá efectos negativos concretos y reales sobre ellas, con las consecuencias previsibles.

De más está desgastarse en una discusión semántica respecto a si las bases y supuestos con que se elaboró el estudio de impacto encargado por el Directorio saliente son reales o se ajustan en mayor o menor grado a los hechos, pues precisamente son los Tribunales quienes -con la asesoría de personal calificado- deberían determinar dicha cuestión, pues ese es su deber legal.

El SAE, al intervenir en la forma que lo hizo, no sólo despierta suspicacias y desconfianzas respecto de su actuar futuro en otras empresas mixtas o privatizables; sino que genera críticas al arrogarse un rol incluso subsidiario de la misma justicia, pues su acción ha inhibido tal rol antes de ejercerse.

Nadie con sentido patriótico y humanitario podría estar en desacuerdo respecto a la necesidad de crear y administrar recursos legales a favor de una zona de tan alto valor estratégico e histórico para el país. Pero otra cosa muy diferente es desconocer los derechos asignados con mucha anterioridad a una entidad como Zofri S.A. para explotar similares privilegios, perjudicando de paso la "credibilidad" de tal mandato.

Este es un llamado de alerta al empresariado y los inversionistas que tienen en su portfolio el ojo puesto en estas empresas, pues la señal es fuerte y clara: ¿Cuan confiable puede ser este "matrimonio a la chilena", si uno de los cónyuges e no respeta los mínimos votos de lealtad y transparencia en la relación?

Preparado por Carlos Rojas L.
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