SANTIAGO.- El Tratado sobre Complementación e Integración Minera que fue suscrito por los gobiernos de Chile y Argentina en 1997 entró hoy en vigor, al ser rechazado un requerimiento presentado ante el Tribunal Constitucional por la oposición derechista.
El acuerdo, que permitirá la explotación conjunta de yacimientos fronterizos, superó su último trámite parlamentario el pasado 29 de agosto en el Senado, por 34 votos a favor, 7 en contra y 5 abstenciones.
Pero trece senadores de la derecha presentaron un requerimiento constitucional impugnando la legalidad de la votación.
Estimaban que el texto debía tener rango de ley orgánica constitucional, ya que en su opinión suprimía el régimen de propiedad exclusiva del Estado sobre los yacimientos mineros en zonas fronterizas, consideradas de gran importancia para la seguridad nacional.
El Tribunal Constitucional rechazó este argumento y además recordó que la votación en el Senado y en la Cámara de Diputados arrojó un apoyo tan grande hacia el tratado que incluso superó el "quorum" exigido a las leyes constitucionales.
El acuerdo minero representa un importante avance para el desarrollo de Argentina y Chile -que en junio de 1999 solucionaron su última diferencia limítrofe de forma amistosa-, ya que abre la puerta a millonarias inversiones que supondrán la prospección y explotación de yacimientos en la frontera común de más de 4.000 kilómetros.
Según cifras del Ministerio de Relaciones Exteriores, el tratado supondrá una inversión superior a los 6.000 millones de dólares, y la creación de 24.000 nuevos puestos de trabajo.
El tratado, que ya había sido aprobado por el Parlamento argentino, facilitará la explotación de yacimientos de cobre, oro y otros minerales en la frontera común, y es el primer acuerdo de cooperación en el sector que suscriben dos países latinoamericanos.
Este acuerdo elimina las restricciones que rigen para los inversores extranjeros en la adquisición de yacimientos fronterizos y establece un régimen jurídico especial para las áreas a explotar.
Asimismo, crea un órgano mixto (comisión administradora), encargado de poner en marcha los mecanismos para garantizar su ejecución y cumplimiento, y de analizar los proyectos mineros que se presenten y facilitar los procesos de solución de controversias.
Junto con el tratado, también fue aprobado un protocolo complementario que explica el sentido y alcance de este acuerdo, en respuesta a la inquietud de la pequeña y mediana empresa minera respecto a las garantías para acceder a la compra de derechos amparados en el texto.
El tratado regula la adquisición de derechos mineros, la constitución de servidumbres fronterizas, el empleo de mano de obra, la utilización de recursos hídricos en la frontera, la ubicación de instalaciones para iniciar la explotación y establece un mecanismo de solución de controversias.
De acuerdo al primer mapa binacional de recursos minerales del área fronteriza chileno-argentina, existen 370 yacimientos posibles de ser explotados de forma conjunta.
Uno de los más importantes es el proyecto Pascua-Lama (oro), situado en La Patagonia, que opera con un protocolo específico acordado por ambos países antes de la firma del tratado.
En la misma zona han sido descubiertos otros yacimientos de oro, como Fachinal, en Chile y Cerro Vanguardia, en Argentina.
