SANTIAGO.- El presidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Walter Riesco, señaló hoy que el empresariado nacional se siente "defraudado" por los contenidos del proyecto de reforma laboral que ingresó el viernes 17 pasado al Congreso Nacional, argumentando que de prosperar la iniciativa se tratará de una reforma "neutra" que no facilitará la inversión.
"Estamos defraudados, porque pensamos que esta reforma laboral sería un ejemplo en América Latina, como lo hemos hecho también en otras materias, como cuando nos transformamos en un país exportador y fuimos pioneros en la región. Pero el estar defraudados consiste en que no hemos visto que se haya aprovechado la oportunidad para hacerlo", dijo el máximo dirigente gremial a periodistas.
No cabe duda, agregó, que la permanente sensación de incerteza que afecta al país en materia laboral, constituye uno de los factores que inhiben y retardan la inversión, y ello es una de las causas de la existencia de los altos índices de desempleo que agobian a tantas familias chilenas.
Riesco lamentó el que se haya perdido una excelente oportunidad para modernizar la legislación laboral, incorporando aquellos cambios que trae como consecuencia el avance tecnológico y rechazó la idea que este proyecto constituya la primera etapa de nuevos cambios en esta materia, porque a su juicio ello actuaría como un freno en el proceso de reactivación que el país necesita.
"Esperamos que los parlamentarios de todos los sectores políticos sepan corregir las debilidades que presenta el proyecto y tengamos, a la brevedad posible, una legislación laboral pro empleo para Chile", insistió.
Para el dirigente empresarial, en este proyecto existen "dos manos" por parte de la autoridad. Una que reconoce la autonomía de los actores, especialmente de los trabajadores; y otra, que piensa que los trabajadores son personas interdictas, cuya mentalidad e incultura hace imposible que se llegue a acuerdos entre todas las partes.
Por lo anterior, Riesco prevé que el proyecto de ley tendrá "una difícil" tramitación legislativa, "porque ninguna de las partes está satisfecha con esta iniciativa, pero tenemos la esperanza en que los parlamentarios comprendan que ésta es la oportunidad para avanzar en esta materia y llegar a un proyecto que beneficie al país".
Recordó que la CPC ha participado en todas y cada una de las instancias convocadas por las autoridades para conocer la opinión de los sectores involucrados, y precisó que incluso ha expuesto con claridad los puntos de vista del empresariado y a los parlamentarios interesados en conocerlos.
Sin embargo, Riesco señaló que es necesario tener presente que los interlocutores válidos en la discusión de esta normativa no sólo son el Gobierno, los trabajadores y los empresarios, sino que también las personas que carecen de empleo y los consumidores.
"En este proyecto de ley no se han considerado la situación de las personas cesantes y se introducen modificaciones que buscan otorgar un poder artificial a las organizaciones sindicales, que va más allá de las legítimas prerrogativas que éstas deben tener para representar a los trabajadores, siempre que éstos últimos así lo determinen y no por el solo ministerio de la ley", añadió.
Dijo que la CPC percibe que en el proyecto existe una pugna y una contradicción entre los títulos y el mensaje de la iniciativa, por una parte, y el contenido real de las normas propuestas, por otra. De esta manera, precisó que si bien los objetivos enunciados en el mensaje y en los títulos pueden ser compartidos ampliamente, un análisis exhaustivo de las modificaciones propuestas revelan que nos encontramos frente a una iniciativa que no generará empleos y que busca fortalecer artificialmente a las cúpulas sindicales.
Reparos de la CPC
Riesco dijo que pese a valorar aquellos aspectos del proyecto que se encaminan a una necesaria modernización en el campo de las relaciones laborales y a crear más espacios en materia de libertad sindical, existen defectos en la iniciativa como la posibilidad de pactar contratos de trabajo con jornada a tiempo parcial, lo que constituye un avance que debería originar mayores empleos.
No obstante, indicó que se establece como requisito que, para pactarla, debe pagarse una compensación de un mes de la menor remuneración que obtendrá el trabajador por cada año de servicio, la que no será imputable a la que le corresponda al término del contrato.
El dirigente mencionó que también se establece la posibilidad de pactar lo que se denomina la "mensualización" de la jornada de trabajo, con jornadas de hasta 186 horas cada mes. Sin embargo, este pacto se limita en su celebración a que sólo pueden convenirlo los sindicatos y debe ser ratificado en la asamblea de trabajador por la mayoría absoluta de aquellos a quienes afecte. "Más aún, se fija un monto máximo de 30 horas extraordinarias y su duración no puede exceder de dos años", dijo.
Riesco sostuvo que también constituye un avance el permitir que los costos de capacitación del trabajador menor de 24 horas puedan imputarse a su indemnización por años de servicio con tope de 60 días. No obstante, se señala que las horas empleadas en actividades de capacitación se considerarán parte de la jornada de trabajo.
Asimismo, indicó que las mayores atribuciones que se otorgan a la Dirección del Trabajo y a sus inspectores, profundiza la brecha ya existente entre el poder de la autoridad administrativa y el amparo de los derechos laborales por parte del Poder Judicial.
