BUENOS AIRES.- El presidente Fernando de la Rúa formuló el jueves un llamado a todos los sectores para evitar la desaparición de la empresa Aerolíneas Argentinas y responsabilizó por la crisis al gobierno anterior que la privatizó y al grupo español que la administra actualmente.
En tanto, el líder de la Confederación General del Trabajo (CGT) "rebelde", Hugo Moyano, reclamó un boicot contra todos los capitales españoles radicados en el país, entre ellos los de combustibles, telefónicos y bancarios.
"No tengamos cuentas corrientes en bancos españoles y no usemos las líneas telefónicas, tampoco carguemos combustible en Repsol ni viajemos en Iberia", dijo Moyano en un acto en la Plaza de Mayo, frente a la Casa de Gobierno.
"Debemos hacer todo el esfuerzo para preservar nuestra línea de bandera, que fue mal privatizada. Nos estamos haciendo cargo de los problemas de una privatización desastrosa y una mala administración", declaró el presidente a los periodistas.
La empresa es controlada mayoritariamente la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de España (SEPI), sobre la cual también cargó el presidente por cuanto es la responsable de la administración.
De la Rúa dijo que "todos los sectores debemos poner el esfuerzo para encontrar una solución. Con esto me refiero a la SEPI española, el gobierno argentino que colabora...los empresarios acreedores...".
El presidente insistió en que "el estado nacional no tiene fondos" para hacerse cargo de la empresa, ex línea de bandera al borde de la quiebra a causa de un conflicto entre su personal y sus actuales dueños españoles.
El ministro de Economía, Domingo Cavallo, anunció en la noche del jueves que el gobierno depositará el viernes 16 millones de dólares para que los trabajadores cobren los salarios adeudados de abril.
Cavallo, al igual que el presidente, dijo que la privatización "fue una de las peores" realizadas pero dijo que ahora es necesario mirar para adelante.
El funcionario dijo que la SEPI está dispuesta a inyectar capitales pero a condición de que se alcance un acuerdo con todos los gremios para una reestructuración de la empresa y la haga rentable.
Cavallo criticó al gremio de los técnicos que se niega a aceptar el acuerdo por cuanto, según los dirigentes, se producirán despidos y baja de sueldos.
El 75% de las acciones de Aerolíneas están en manos de la SEPI.
La ministra de Trabajo Patricia Bullrich se aprestaba a reunirse con todos los sectores buscando destrabar el conflicto.
Sin embargo, aumentaban los reclamos para que De la Rúa intervenga y plantee al presidente del gobierno español, José María Aznar, la necesidad de resolver la situación de la empresa en una negociación política, de estado a estado.
Pero Cavallo dijo que el gobierno no está en condiciones de asumir el control de la empresa y sostuvo que las negociaciones deben ser entre la empresa mayoritaria y los trabajadores y no a nivel de gobernantes.
Aerolíneas fue privatizada hace 11 años por el ex presidente Carlos Menem. Fue comprada por Iberia, libre de deudas y actualmente, luego de una administración española calificada de "calamitosa", tiene un déficit de 1.000 millones de dólares.
La resistencia de los siete sindicatos del personal aeronáutico ante el "Plan Director" preparado por la Sepi provocó una huelga de 11 días el mes pasado. Ese plan comprende la cesantía de 1.500, de los 7.000 trabajadores de Aerolíneas, reducciones de salarios y otros cambios en las condiciones laborales.
El gobierno intervino en el conflicto a través de la ministra de Trabajo, y logró la firma de un acuerdo, que garantizaba la estabilidad del personal durante dos años.
Pero el sindicato de técnicos aeronáuticos lo rechazó, ante lo cual la Sepi advirtió que Aerolíneas podría terminar en quiebra. La sociedad española, además, suspendió el pago de sueldos. Los agentes de Aerolíneas todavía no cobraron sus haberes de abril.
Dirigentes de los otros seis sindicatos que aceptaron el acuerdo presionaban al gremio disidente a modificar su actitud.
