BUENOS AIRES.- El gobierno argentino dijo el miércoles que debe lidiar con presiones de las empresas europeas que se perjudicarán con la devaluación del peso, y piden protección para sus intereses, mientras da los toques finales al marco jurídico del nuevo sistema monetario.
En los últimos días, el nuevo gobierno peronista fue blanco de una lluvia de "aspiraciones" de funcionarios de la Unión Europea para que el plan económico que trae bajo el brazo sea "sensato" y tenga el visto bueno de la comunidad internacional, preocupada por el futuro de sus compañías en Argentina.
El martes, el presidente de la Comisión Europea, el italiano Romano Prodi, dijo que confía en la "sensatez" de los funcionarios argentinos, mientras el presidente del gobierno español, José María Aznar, pidió un plan de recuperación económica "creíble" y "aceptable para la comunidad internacional".
En tanto, Washington exigió un paquete de medidas "sostenibles", mientras una misión de técnicos del Fondo Monetario Internacional (FMI) estuvo esta semana en Buenos Aires supervisando la actual situación en el país, luego de que su feroz crisis económica, política y social obligara a renunciar a dos presidentes en 12 días.
Con sólo una semana en el poder, el gobierno peronista del presidente Eduardo Duhalde anunció una andanada de medidas proteccionistas que buscan resucitar a una economía moribunda desde 1998 y cuyo eje es una devaluación controlada del peso de casi 30 por ciento para mejorar la competitividad y dar el primer paso hacia la libre flotación de la moneda.
El paquete significa el entierro del sistema de convertibilidad que durante una década ató al peso con el dólar a la par y dio a los argentinos una estabilidad monetaria pocas veces vista en la historia del país, aunque su rigidez asfixió a la economía.
Los cambios monetarios debutarían el jueves, cuando podría levantarse un feriado cambiario que comenzó el 21 de diciembre. Pero, para que pueda comenzar a funcionar el sistema, el gobierno debe anunciar en las próximas horas una serie de detalles normativos.
Entre los anuncios estarán qué operaciones deberán realizarse tomándose en cuenta el tipo de cambio oficial, que estará fijado en 1,40 peso por dólar, y cuáles se basarán en el peso paralelo, cuyo valor lo determinará el mercado.
Además deben oficializarse la flexibilización de unas restricciones para el retiro de fondos en efectivo de los bancos que fue impuesta a principios de diciembre para frenar una corrida que puso en riesgo al sistema financiero.
Las restricciones profundizaron la crisis de liquidez en el país y ahora el gobierno anunciará un aumento en el tope de fondos que se puede retirar mensualmente, además de un cronograma para ir liberando la totalidad de los depósitos gradualmente.
"Pesificar"
Para que la devaluación no termine de destruir los alicaídos bolsillos de los consumidores locales y dispare un brote inflacionario y a su vez la conflictividad social, Duhalde ordenó pesificar por completo la economía, dolarizada hasta la médula.
Entre los grandes perdedores de las medidas están las compañías de servicios públicos, que tienen sus tarifas nominadas en la moneda estadounidense y están la mayoría en manos de grupos internacionales. Otro factor que las golpeó fue la prohibición de indexar sus facturas.
La medida causó pánico en los grandes jugadores del sector, especialmente en las compañías españolas como Telefónica y la eléctrica Endesa, cuyas acciones cayeron en los últimos días en la bolsa de Madrid.
Interrogado por una radio sobre si las empresas de servicios públicos exigen una subida en las tarifas, el ministro argentino de la Producción, José de Mendiguren, dijo que "en unos casos es eso o continuarlas todavía en dólares (o) continuar con sistema de ajuste por inflación en dólares".
Otras compañías internacionales de servicios públicos con negocios en Argentina son la francesa Suez-Lyonnaise des Eaux, Vivendi y Electricité de France; además de la británica BG Group y las españolas Aguas de Barcelona y Gas Natural SDG.
Además, De Mendiguren también reveló presiones de las petroleras, que serían golpeadas con una decisión del gobierno de cobrarles un derecho especial sobre sus exportaciones de hidrocarburos.
"Hay otros (sectores) que pretenderán otras cosas, como no tener retenciones a sus exportaciones. Cada uno defiende sus intereses", explicó.
La española Repsol-YPF es la petrolera extranjera con mayor exposición en el país, lo que se reflejó en una caída sostenida de sus acciones en Madrid.
Con los derechos sobre las ventas petroleras, Duhalde quiere garantizar a su vez un bono para resarcir a los bancos, otros de los perdedores del plan económico argentino, que dispone la conversión a pesos de buena parte de los préstamos al consumo en dólares.
Dentro de este grupo también hay empresas españolas con subsidiarias en el país, como el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y el Santander Central Hispano.