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Santiago: Jueves 25 de abril del 2024 | Actualizado 00:23
SANTIAGO.- La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ayer un requerimiento ante el Tribunal de la Libre Competencia (TDLC) contra la multinacional Unilever por posible abuso de posición dominante y pidió una multa de UTA 20.000 (aproximadamente US$ 20,4 millones).
En el escrito remitido al TDLC, la entidad persecutora indicó que la acusación "tiene por objeto que el Tribunal declare que Unilever ha infringido el artículo 3 del Decreto Ley 211, pues abusando de su posición dominante ha ejecutado una serie de prácticas exclusorias en el mercado de los detergentes para el lavado de ropa, en el que participa con sus marcas Omo, Drive, Skip y Rinso".
La FNE indica que el detergente para el lavado de ropa constituye uno de los productos con mayor gasto por los consumidores en Chile dentro de la gama de los principales productos de consumo masivo.
En efecto, de acuerdo con información analizada en la investigación que desarrolló la FNE, Unilever tiene aproximadamente una participación de mercado promedio cerca del 70% en supermercados y del 80% en el canal tradicional.
Las conductas anticompetitivas imputadas consisten en la entrega de diversos incentivos a sus distintos distribuidores, tales como: descuentos por exclusividad, descuentos condicionales retroactivos -entre ellos premios por crecimiento y por participación en ventas-, y descuentos por participación de espacios en góndolas.
Estas conductas, según el requerimiento, se han ejecutado de manera reiterada y prolongada en el tiempo, tanto en el canal tradicional (compuesto por empresas mayoristas -como Rabie, Cencocal y La Caserita- que abastecen a la gran mayoría de los almacenes de barrios, ferias y otros a nivel nacional) como en el canal moderno, que comprende a las grandes cadenas de supermercados del país.
Según la FNE, este sistema de incentivos ha sido diseñado con el objeto de restringir el crecimiento de sus competidores actuales e impedir el ingreso de otros potenciales.
La fiscalía solicitó al tribunal una sanción de 20.000 Unidades Tributarias Anuales (UTA) así como el pago de las costas del proceso, además de que se ordene a Unilever "abstenerse de ejecutar una o más de las conductas" por las que se interpone dicho requerimiento.
