Justicia europea condena a España por "discriminar" a empresas que dejan el país

Tribunal señala que el cobro del "impuesto de salida" que aplica el país ibérico a las empresas que cambian de domicilio fiscal "vulnera" la libertad de establecimiento en la región.

25 de Abril de 2013 | 08:16 | EP

BRUSELAS.- El Tribunal de Justicia de la UE ha condenado a España por considerar discriminatorio el impuesto de salida que aplica a las empresas que dejan de tener domicilio fiscal en territorio español.


El fallo dice que exigir el pago inmediato de este gravamen vulnera la libertad de establecimiento que recoge el Tratado.


De acuerdo con la legislación española, se gravan las plusvalías no realizadas de las empresas si estas trasladan su residencia, cambian su establecimiento permanente o transfieren sus activos a otro Estado miembro. Sin embargo, las operaciones nacionales comparables no son objeto de imposición por las plusvalías no realizadas que puedan generarse.


Bruselas llevó el caso ante el Tribunal de Luxemburgo por considerar que estos impuestos penalizan de forma discriminatoria a las empresas que deseen abandonar esos países o transferir sus activos al extranjero.


En su sentencia, conocida este jueves, el TUE declara que "el gravamen de las plusvalías latentes de los activos afectados a un establecimiento permanente que cesa su actividad en España no crea una restricción a la libertad de establecimiento".


"En cambio, el gravamen inmediato de las plusvalías en caso de traslado de la residencia o transferencia de los activos de una sociedad establecida en España a otro Estado miembro entraña una restricción a la libertad de establecimiento", dice el fallo.
   
El Tribunal de Justicia europeo estima que, en tal caso, "esa sociedad resulta económicamente penalizada con respecto a una sociedad similar que efectúe ese traslado o transferencia dentro del territorio español, para la cual las plusvalías derivadas de esas operaciones no se integrarán en la base imponible del impuesto sobre sociedades hasta el momento en que se materialicen efectivamente".


El fallo dice que España podría imponer soluciones alternativas más proporcionales, como "exigir el pago de la deuda tributaria con posterioridad al traslado de la residencia o a la transferencia de activos, en el momento en que se habría gravado dicha plusvalía si la sociedad no hubiera procedido al traslado de su residencia o a la transferencia de activos fuera del territorio español".

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