Alzas en planes de las Isapres: Tribunales han recibido 100 mil recursos de protección

El ministro de Salud, Jaime Mañalich, señaló que, en caso que la justicia falle a favor de los reclamantes, representará un costo de hasta $40.000 millones a las Isapres, los que, en definitiva, serán traspasados a los propios cotizantes.

02 de Julio de 2013 | 16:18 | UPI
El Mercurio (Archivo)

SANTIAGO.- El ministro de Salud, Jaime Mañalich, informó este martes que se han presentado más de 100 mil recursos de protección en las Cortes de Apelaciones del país por parte de usuarios de Isapres en rechazo a las alzas en los planes en esas entidades privadas de salud.


Los aumentos en los valores dicen relación con la incorporación a partir del 1 de julio de once nuevas patologías en el Plan de Acceso Universal con Garantías Explícitas (AUGE), con los cuales el sistema totaliza 80 enfermedades garantizadas.


Desde el momento en que los usuarios de Isapres reciben la comunicación de los aumentos en los valores, los afiliados a las entidades de salud privadas en caso de no estar de acuerdo con los precios, pueden recurrir a tribunales.


Para eso existe un mes de plazo, que empezó a regir a partir del 31 de mayo, para que las Isapres envíen las cartas a sus clientes, pero muchos de estos reclamaron que las misivas les llegaron pocos días antes que se venciera la fecha límite para hacer el reclamo ante las Cortes, que fue el pasado domingo 30 de junio.


"Quiero recordar -expresó hoy Mañalich- que los contratos Isapres son un millón 600 mil, y ya se han presentado 100 mil recursos a las Cortes de Apelaciones a lo largo del territorio nacional, y nuestra interpretación, y la que ha hecho la Superintendencia de Salud, es que el plazo para seguir presentado estos recursos vence el 21 de julio, cosa que tiene que ser ratificada por los tribunales, como mencionó la ministra (Gloria Ana) Chevesich, en el día de ayer.


El ministro de Salud dijo que como ministerio "lamentamos enormemente que el sistema Isapres siga funcionando en el marco de una legislación que no es adecuada para los tiempos que vivimos".


"La falta de una legislación adecuada significa que la Superintendencia de Salud no tiene potencias que creemos que tenga a través de una ley para fiscalizar; y en segundo lugar lleva al camino de la híper judicialización que estamos viviendo. Nosotros no podemos anticipar cuáles van a hacer los dictámenes de las Cortes de Apelaciones respecto a la materia presentada", dijo el ministro.


Agregó que "los beneficiarios del sistema Isapres, los asegurados, no tienen costo alguno por recurrir ante los tribunales y uno de los incentivos para generar esta gran cantidad de recursos es que los abogados, hay más de 250 de éstos inscritos en la Corte de Apelaciones para hacer este tipo de trámites, tienen como incentivo la posibilidad de que se les paguen las costas judiciales de estos procesos, si es que la Cortes de Apelaciones fallan en favor de sus representados".


Mañalich expresó que "al día de hoy, estamos hablando de una actividad que representa un costo de aproximadamente $20 mil millones, esa es la actividad que está en juego a través de estos reclamos a las Cortes de Apelaciones, y nosotros estimamos que con toda facilidad va a llegar, si la Corte de Apelaciones, falla sistemáticamente a favor de los reclamantes, va a significar un ingreso para los abogados reclamantes del orden de $40 mil millones, que es una de las explicaciones por las cuales la prima AUGE ha subido, que ha incorporado la presunción de que estos costos pueden ocurrir y que deben ser pagados en definitiva por los propios cotizantes a través de esta prima AUGE".


Fue desechado un marco jurídico para Isapres


El ministro de Salud dijo que "en definitiva queremos ser súper claros como Gobierno que desde el día 1 del mandato del Presidente Piñera, nosotros hemos hecho el diagnóstico y hemos pedido las ayudas y solicitado los consensos legislativos para generar un nuevo marco jurídico en el cual opere el sistema de seguro de salud privado".


El secretario de Estado agregó que "vemos con preocupación que habiendo tenido a la mano un instrumento validado como es calcular cuál es el alza de costo real experimentado por el sistema AUGE a través de la prima o del IPC, éste instrumento ha sido desechado y no tenemos hoy un criterio objetivo para decir como pretendía esta ley, cuáles alzas pueden ser estimadas como excesivas, y cuáles como justas".

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