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Parque Arauco lanza dura crítica a proyecto que regula el cobro en estacionamientos

"Es absurdo en lo urbanístico, jurídico, económico y medioambiental (...) el proyecto es una mala idea", indicó el vicepresidente ejecutivo de la empresa, Juan Antonio Álvarez.

15 de Abril de 2015 | 12:37 | ValorFuturo
El Mercurio

SANTIAGO.- El operador de centros comerciales chileno Parque Arauco, ligado a la familia Said, lanzó una dura crítica este miércoles en contra del proyecto de ley que regula el cobro en los estacionamientos.


"El proyecto que regula el cobro de estacionamientos es absurdo en lo urbanístico, jurídico, económico y medioambiental (...) el proyecto es una mala idea", dijo en el marco de la junta ordinaria de accionistas el vicepresidente ejecutivo de la empresa, Juan Antonio Álvarez.


En palabras del ejecutivo, la iniciativa, en la práctica, incentiva el uso del automóvil, algo que, es su visión, debe ser combatido.


El proyecto, que comenzará a ser debatido en el Senado tras ser aprobado en la Cámara de Diputados, establece la gratuidad durante la primera media hora de estacionamiento sin ningún requisito en centros comerciales, supermercados, aeropuertos y otros similares.


Mientras que en las siguientes dos horas quedará liberado si se presenta una boleta del recinto y se elimina la multa por el extravío del ticket. No obstante, cada vehículo podrá disponer del beneficio de gratuidad sólo por una vez al día.


En el caso de los estacionamientos en hospitales y clínicas, la moción establece la gratuidad del servicio de urgencia, mientras que para las horas médicas y los tratamientos, el cobro se podrá seguir realizando, pero siempre considerando el tiempo utilizado y no por fracción.

Los estacionamientos de los hospitales públicos, sean estos concesionados o no, y en cuyas dependencias funcionen los Centros de Diagnóstico y Tratamiento o Centros de Referencia de Salud, no podrán cobrar a los pacientes.

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) también ha planteado una fuerte oposición al proyecto porque a su juicio "se imponga, a través de una ley, una gratuidad que vulnera el derecho de desarrollar una actividad económica. A nuestro juicio esta medida constituye una intervención estatal que afecta significativamente la propiedad privada, imponiendo una carga que, en la práctica constituye una expropiación regulatoria".

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