Denuncian conflicto de interés en tramitación ambiental de proyecto Isla Riesco

SANTIAGO.- El diputado PPD y miembro de la Comisión de Recursos Naturales de la Cámara, Enrique Accorsi, alertó respecto a los "graves conflictos de interés" que tendrían tanto el Presidente Piñera como sus ministros, en el proyecto carbonífero de Isla Riesco, ubicada en la Región de Magallanes, y cuya primera etapa ya fue aprobada por el Consejo de Ministros.

El parlamentario manifestó que el cambio de institucionalidad ambiental del país es una “farsa” pues los votos de las comisiones regionales siguen siendo políticos y no técnicos, "predominando el beneficio económico de los privados y no el bien común".

El diputado PPD señaló que la Minera Isla Riesco es una sociedad anónima cerrada, constituida en 2006, cuyos accionistas, en partes iguales, son Empresas COPEC S.A. e Inversiones Ultraterra Ltda. “Lo anterior es preocupante si se toma en cuenta que el Presidente de la República, Sebastián Piñera, es uno de los mayores accionistas individuales de empresas COPEC, tal como cualquiera puede comprobar en su declaración de patrimonio, expedida el 4 de abril de 2010”, afirmó Accorsi. 
 
Según el parlamentario, Piñera posee 785.609 acciones de la ex empresa estatal distribuidora de combustible, cantidad que a la fecha de publicado, equivalía a  $4.543 millones de pesos, unos US$9,7 millones de dólares al día de hoy. 
 
El Presidente de la República, dijo Accorsi, respaldó públicamente el proyecto de la Minera Isla Riesco, el pasado 5 de noviembre, al incluirlo dentro del Plan Magallanes.
 
"Sus ministros también tienen intereses creados en el proyecto, ya que el actual Ministro de Hacienda, Felipe Larraín, ocupaba un asiento en el directorio de empresas COPEC, mientras que en el de Quiñenco, se sentaba el actual Ministro de Economía, Juan Andrés Fontaine Talavera y de AES Gener, estaba el biministro de Minería y Energía, Laurence Golborne", indicó.
  
“Me parece impresentable que un Presidente salga apoyando y pidiendo agilizar la tramitación de un proyecto que está sujeto a Evaluación Ambiental, siendo accionista de una de las empresas, y que sus ministros también tengan intereses económicos en estos proyectos. Estas personas no deberían participar en estas decisiones por estar involucradas en cargos del gobierno y hacerlo me parece una vergüenza pública”, aseguró Accorsi.

El parlamentario agregó que “el hecho de que en virtud del fideicomiso ciego, los réditos de estas inversiones no se depositen mensualmente en sus cuentas corrientes, no significa en modo alguno de que se prive de ejercer influencias los negocios de su interés”.

Accorsi aseguró que “si en nuestro país tuviese una institucionalidad ambiental consolidada, un proyecto como la extracción de carbón en Isla Riesco no podría ser aprobado", no sólo por el irreparable daño al medioambiente, "sino que por los numerosos conflictos de interés involucrados".