MELBOURNE.- El Gran Consejo de Jefes de Fiji elaboró hoy, jueves, una solución que no ha contentado ni a los golpistas ni a la comunidad internacional: la creación de un gobierno provisional y la modificación de la Constitución.
Además, los diferentes jefes de las comunidades étnicas de Fiji aprueban que George Speight, quien encabeza la intentona golpista, o cualquiera de su hombres participen en esta administración transitoria y solicitan al presidente del país, Kamisase Mara, que les conceda una amnistía por su acción contra el Estado.
Las únicas dos condiciones que imponen a los golpistas son que depongan las armas y que liberen a todos los rehenes que tienen en el Parlamento: más de 40 personas entre ministros, diputados y funcionarios.
Speight rechazó el plan del Gran Consejo después de estudiarlo con atención y presentó una contrapropuesta de tres puntos: la Constitución debe ser abolida y no enmendada; Mara tiene que dimitir y quieren inmunidad en lugar de amnistía.
Para los Gobiernos de Australia y Nueva Zelanda, los primeros en reaccionar a los acontecimientos que se viven en Fiji, la solución del Gran Consejo de Jefes también es inaceptable.
El primer ministro de Australia, John Howard, declaró a la prensa en su país que está "muy desilusionado y enfadado porque un gobierno elegido democráticamente pueda ser disuelto" de esa manera.
Howard deploró la "desaparición de la democracia en un país con el que Australia mantiene estrechas relaciones".
El ministro de Asuntos Exteriores de Nueva Zelanda, Phill Goff, dijo, por su parte, que "hace un año el pueblo de Fiyi eligió, por medio de las urnas, un gobierno democrático. Ahora un grupo de terroristas decide atentar contra esa decisión soberana forzando la voluntad popular y pisoteando no sólo la Constitución de su país sino también las normas elementales de convivencia civilizada".
"Un gobierno democrático no puede ser cambiando a punta de pistola", señaló Goff.
Las consecuencias internas que pueda tener en Fiji el plan del Gran Consejo no son inmediatamente evaluables: el primer ministro legítimo es obligado a dimitir, la Constitución es reformada para que ningún miembro de la comunidad de origen hindú pueda acceder a los altos cargos o gobernar y los golpistas salen amnistiados.
Internacionalmente, el primero en aventurar qué puede ocurrir en Fiji fue el presidente de la Commonwealth, Don McKinnon, quien advirtió a este Estado del Pacífico sur de que volverá a perder su puesto en esa asociación.
McKinnon concluyó hoy una visita de un día y medio a Fiji en la que estuvo acompañado del jefe de la Administración Transitoria de Naciones Unidas en Timor Oriental (UNTAET), Sergio Vieira de Mello, en representación del secretario general de la ONU.
Tanto Vieira de Mello como McKinnon recordaron a los fiyianos que los principios democráticos son pilares básicos de las instituciones que representan y de las que Fiji es Estado miembro.
Las diferencias entre las comunidades de nativos fiyianos y los originarios de los hindúes traídos a estas islas en el siglo XIX para trabajar la caña de azúcar marcan la historia moderna de Fiji.
Sólo la Carta Magna aprobada en 1997 establece un marco de igualdad para ambas comunidades: la primera representa el 51 por ciento de la población y tiene el 90 por ciento de la tierra, y la otra abarca el 43 por ciento de los habitantes y domina la economía.
Cuando se cumplía un año de la victoria electoral de Chaudhry, el primer descendiente de hindú en ser primer ministro, un miembro de los nativos fijianos entraba armado al Parlamento y con otros hombres secuestraba al Gobierno.
Las intenciones de Speight eran dar un "golpe de Estado civil" para derribar al Gobierno de Chaudhry, abolir la Constitución, quitar de en medio al presidente Mara y traer justicia para la comunidad de nativos fiyianos.
El Gran Consejo de Jefes, pese a la presión de la comunidad internacional, cedió hoy a las demandas de los golpistas, pero en opinión de Speigth no lo suficiente.
