RIO DE JANEIRO.- El Presidente de Brasil, Fernando Henrique Cardoso, aseguró en una entrevista difundida hoy que no va a "encubrir" a un antiguo miembro de su gabinete acusado de corrupción pese a que una las investigaciones sobre las actividades del ex funcionario pueden iniciar una crisis en su Gobierno.
La relación del ex secretario general de la presidencia Eduardo Jorge Pereira con el ex juez Nicolau dos Santos Neto, acusado de desvío de recursos públicos, ha sido el más destacado asunto de la política brasileña en los últimos días.
Una comisión del Senado que investiga irregularidades en el sistema judiciario reveló que Pereira mantuvo 117 comunicaciones telefónicas con Dos Santos Neto, quien autorizó y supervisó la construcción de un tribunal en Sao Paulo en el que se desviaron 169 millones de reales (unos 93,5 millones de dólares) de los cofres públicos.
En las declaraciones publicadas hoy por el diario "Valor", Cardoso subrayó que no otorgará un "atestado de buena conducta" a Pereira, un cercano colaborador suyo desde los años ochenta, pues no conoce "el contenido" de las conversaciones de éste con el ex magistrado Dos Santos Neto.
Pereira reconoció recientemente que tenía "relaciones institucionales" con el ex magistrado, que supuestamente indicaba nombres de jueces dispuestos a impedir que la Justicia tomara decisiones que comprometiesen el éxito del plan Real de estabilización macroeconómica.
Sin embargo, los documentos que maneja la comisión del Senado revelan que algunas de las comunicaciones de Pereira con el ex magistrado datan de fechas anteriores a su gestión en la secretaría de la Presidencia (1995-1998).
Cardoso hizo hincapié en que "el Gobierno, como siempre ha hecho, no encubrirá nada" que se descubra sobre las supuestas irregularidades cometidas por el ex funcionario, que hoy es socio de una empresa de seguros.
La relación entre Pereira y Dos Santos Neto será investigada por el Ministerio Público, que analizará el informe preparado por la comisión senatorial sobre las irregularidades en la Justicia brasileña.
La oposición al gobierno de Cardoso ha pedido que el Congreso cree una comisión para investigar las sospechas de corrupción, aunque analistas locales han manifestado que difícilmente lo logrará antes del fin del receso parlamentario, que concluye el próximo 28 de julio, cuando el "coste político" del caso ya será menor.