SANTIAGO.- Por primera vez en la historia moderna de México, la Corte Suprema de Justicia acordó -en decisión unánime- obligar al Presidente de la República, Ernesto Zedillo, a entregar toda la información que posea a la Cámara de Diputados acerca de las supuestas operaciones ilegales en el rescate del sistema bancario en 1995.
Los once magistrados de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) resolvieron así una controversia constitucional presentada en contra del poder Ejecutivo por los diputados de la oposición en septiembre de 1999, quienes exigen desde hace tiempo que se divulgue la lista de los beneficiarios del rescate financiero, que habría servido, en parte, para sanear ilegalmente las deudas de prestigiosos banqueros y empresarios del país.
Zedillo se había negado con anterioridad a revelar esta información, amparándose en que de hacerlo estaría vulnerando el secreto bancario. En los antecedentes negados por el Presidente a la Cámara de Diputados, estarían contendios los informes sobre unos supuestos préstamos que habría realizado Carlos Cabal Peniche (entonces director del Banco Unión) para financiar las campañas presidenciales de Luis Donaldo Colosio, el propio Ernesto Zedillo y del Gobernador de Tabasco, Roberto Madrazo. Cabal Peniche está actualmente preso en Australia y sujeto a un proceso de extradición por delitos de fraude.
En el dictamen judicial se estipula que el gobernante deberá dar instrucciones inmediatas al Secretario de Hacienda mexicano, José Angel Gurría, para que éste remita los antecedentes lo antes posible a la Cámara Baja del parlamento. La misma orden deberá impartir Zedillo al jefe de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, Eduardo Fernández.
Según la interpretación que hicieron los jueces de la Corte Suprema de Justicia, el argumento del secreto bancario para no entregar los documentos solicitados no es una norma absoluta que prime sobre el bien superior de impartir justicia.
En otra materia del asunto, la sentencia judicial estableció el derecho de la Cámara de Diputados a conocer la forma y los montos de los movimientos financieros del Ejecutivo que se transforman en deuda pública, como fue el caso de Fondo Bancario de Protección al Ahorro (Fobaproa).
Las autoridades judiciales mexicanas adelantaron que desde mañana mismo comenzará a correr el plazo de 30 días que tiene Zedillo para entregar todos los antecedentes que tenga al respecto.
