Peruanos se oponen a impunidad para militares

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos la más importante organización del ramo en Perú, dijo anoche en un comunicado que la demanda del gobierno de un pacto de impunidad "para delitos cometidos", a cambio de una transición a la democracia, es inadmisible.

19 de Octubre de 2000 | 10:33 | AP
LIMA.- La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos dijo que el planteamiento del gobierno del presidente Alberto Fujimori de impunidad para militares involucrados en asesinatos durante la lucha antisubversiva, "es éticamente inaceptable y políticamente contraproducente".

La Coordinadora, la más importante organización del ramo en Perú, dijo anoche en un comunicado que la demanda del gobierno de un pacto de impunidad "para delitos cometidos", a cambio de una transición a la democracia, es inadmisible.

Fujimori asumió el poder en 1990. Fue reelegido en 1995, y en el 2000 para un tercer mandato consecutivo quinquenal. Empero, hace un mes, anunció que recortará su mandato, convocará a elecciones en las cuales no buscará otra reelección, y entregará el poder el 28 de julio del 2001.

El presidente hizo estos anuncios ante la tormenta política que desencadenó la difusión de un vídeo donde el entonces asesor de inteligencia, Vladimiro Montesinos, aparece aparentemente sobornando a un congresista opositor para pasarse al oficialismo, como sucedió efectivamente. Montesinos huyó a Panamá donde busca asilo.

La Coordinadora dijo que "más grave que la crisis política, social y económica que nos aflige es la crisis de valores, expresada principalmente por la mentira, la falta de respeto a la ley y el abuso del poder".

Añadió que "quienes hoy demandan estas medidas no están pensando en el interés de las instituciones de la patria. Tratan, más bien, de encubrir los crímenes cometidos por Montesinos y el sector militar que lo protege".

Legisladores oficialistas y miembros del gabinete de Fujimori han planteado recientemente el establecimiento de una norma de impunidad para militares involucrados en violaciones de los derechos humanos, durante la lucha antisubversiva en la década de 1990, invocando razones de "reconciliación nacional" o de una transición pacífica a la democracia.
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