BUENOS AIRES.- La Cámara de Diputados convirtió hoy en ley el controvertido presupuesto del próximo año y destrabó uno de los últimos requerimientos del Fondo Monetario Internacional para otorgar al país un "blindaje" financiero que garantizaría el pago de las deudas argentinas en el 2001.
Los diputados de la Alianza oficialista no consiguieron, sin embargo, revertir una serie de cambios que el jueves pasado habían introducido los senadores en el proyecto oficial y que son rechazados por el gobierno.
Pero tanto los legisladores del oficialismo como los de la oposición hicieron caso omiso de un pedido del presidente Fernando de la Rúa, al dejar sin efecto un recorte salarial de los empleados públicos.
Los diputados respaldaron esta modificación realizada por el Senado, aunque posteriormente el ministro de Economía José Luis Machinea dijo que el gobierno vetará ese artículo.
La aprobación del presupuesto, que ingresó al Congreso en septiembre pasado, es considerada fundamental para la obtención del "blindaje" financiero de entre 20.000 y 30.000 dólares que permitiría garantizar el pago de las obligaciones del año próximo.
El FMI es el principal negociador de ese "blindaje", en el que participarían también el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo y los gobiernos de España e Italia, entre otros.
La anulación por el Senado de la rebaja de salarios decretada en mayo por el presidente fue objetada la semana pasada por el Fondo Monetario Internacional, (FMI).
"Si todo va bien, se hará el anuncio a principios de la próxima semana", dijo Thomas Dowson, portavoz del FMI, aunque aclaró que la aprobación formal del acuerdo sería en los primeros días de enero.
El viceministro de Economía, Mario Vicens, anticipó que "a principios de la semana que viene" se firmaría la carta de intención con el FMI.
El presupuesto contempla un crecimiento anual del 2,5% para 2001, un gasto de 51.896 millones de dólares, y un déficit estimado de 6.995 millones, unos 2.200 más de lo proyectado en septiembre.
La rebaja salarial, que afecta a casi la mitad de los empleados públicos, forma parte de un paquete de medidas de ajuste que el gobierno aplica desde que asumió, hace un año, y que incluye un incremento generalizado de impuestos.
El ajuste busca reducir drásticamente el déficit fiscal.
"Me alegra que la Alianza (oficialista) haya cambiado porque se hace justicia con los (empleados) estatales", manifestó Humberto Roggero, presidente del bloque de diputados peronistas de la oposición.
Los legisladores oficialistas, que conforman la primera minoría en Diputados, fueron incapaces de conseguir el voto de las dos terceras partes para neutralizar el cambio introducido por los Senadores que derivó a las provincias el control de subsidios a las tarifas de gas y combustibles.
Tampoco consiguieron rechazar una modificación que dispone utilizar en 2001 fondos provenientes del tabaco y no en 2002, como pretendía el gobierno.
En cambio, los diputados eliminaron por amplia mayoría el pago de dos dólares por voto para financiar a los partidos políticos, descartando así un artículo que habían introducido los senadores.
