LIMA.- La Organización de Estados Americanos (OEA) establecerá la próxima semana en Lima mecanismos para preservar la democracia en el continente que incluyen desde meras "gestiones diplomáticas" hasta la suspensión del derecho a participar en dicha institución.
La llamada Carta Democrática Interamericana, que aprobarán los cancilleres de la región en la Asamblea General Extraordinaria de la OEA que se celebrará en Lima durante los próximos dos días, pretende reforzar la democracia y las instituciones de la región.
En 28 artículos, distribuidos en seis títulos, el borrador de esta Carta recoge la necesidad de respeto a los derechos humanos, a las libertades fundamentales y la lucha contra la pobreza como elementos imprescindibles para la consolidación democrática.
La Carta Democrática procede de un mandato de la III Cumbre de las Américas, celebrada en abril pasado en Québec (Canadá), donde se acordó que cualquier alteración o ruptura del orden democrático constituye un obstáculo insuperable para participar en las reuniones de este grupo de países.
El documento que se aprobará en Lima va más allá al incluir mecanismos contra las amenazas a la democracia que se pondrán en marcha mucho antes de que se atente contra los procesos constitucionales.
Según el canciller peruano, Diego García Sayan, la Carta tiene "una precisión que no existía en anteriores acuerdos y una definición amplia que abarca acontecimientos como los presentados en Perú en 1992", en referencia al autogolpe de Alberto Fujimori.
García Sayan declaró a la emisora "RPP" que al no haber actuado este mecanismo "se toleró un proceso de concentración de poder que llevó a uno de los problemas más graves de corrupción registrados en América Latina".
El borrador del documento, aprobado el jueves por el consejo permanente de la OEA, parte de la base de que "los pueblos de América tienen derecho a la democracia, y sus Gobiernos la obligación de promoverla y defenderla".
La Carta supera las disposiciones que existían anteriormente en la región, como la Resolución 1080, aprobada en 1991, que afecta a casos de "ruptura del orden constitucional" o el Protocolo de Washington, de 1997, que permite a la OEA suspender a un país en el que se ha dado un golpe de Estado.
Según el borrador de la Carta Democrática, en situaciones que "pudieran afectar al desarrollo del proceso político institucional democrático o al legítimo ejercicio del poder, el Secretario General o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del Gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de la situación".
Añade que "la ruptura del orden democrático o una alteración del orden constitucional que afecte gravemente el orden democrático en un estado miembro constituye, mientras persista, un obstáculo insuperable para la participación de su Gobierno en las sesiones de la Asamblea General" y de otros organismos de la OEA.
Para esos casos, se establece que un estado miembro o el secretario general puede solicitar la convocatoria inmediata del Consejo Permanente para llevar a cabo "una apreciación colectiva de la situación y adoptar las decisiones que estime conveniente".
El Consejo Permanente dispondrá las gestiones que considere oportunas, "incluidos los buenos oficios", y, si resultaran infructuosas, se podría convocar un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General.
Si esa Asamblea constata que se ha dado una ruptura del orden democrático y que las gestiones diplomáticas han sido infructuosas se decidirá suspender de inmediato al estado miembro del ejercicio de su derecho de participación en la organización con el voto de los dos tercios de los países miembros, destaca el borrador de la Carta.
Sin embargo, el estado expulsado tendrá que seguir "observando el cumplimiento de sus obligaciones como miembro de la Organización, en particular en materia de derechos humanos", advierte del texto.